Los jueces de Instrucción deberán destruir la droga incautada de
forma casi inmediata y sin tener que esperar al juicio oral, según el
protocolo de actuación que les ha remitido el presidente de la Audiencia
de Barcelona, Pablo Llarena.
El volumen de la droga confiscada
desborda la capacidad de los depósitos, lo que obliga a guardarla en
nuevos espacios poco apropiados que comportan situaciones de peligro
para la salud de los agentes, y el riesgo de que sea robada y
distribuida nuevamente de forma clandestina.
Según recuerda
Llarena a los jueces en el protocolo, actualmente la droga está guardada
"en lugares tan inapropiados como garajes, oficinas o en inadecuados
espacios de las distintas casas-cuarteles de la Guardia Civil".
Solamente
en Barcelona, la Guardia Civil custodia 9.000 kilos de hachís, 1.000 de
cocaína e importantes partidas de otras sustancias ilícitas, mientras
que también hay más de 7.000 kilos en las dependencias del Instituto Nacional de Toxicología y grandes partidas controladas por Mossos d'Esquadra y Policía Nacional.
Por
eso, el presidente de la Audiencia insta a los jueces a destruirla lo
antes posible, siempre con tres condiciones: Que las partes puedan
expresar lo que convenga en relación al material antes de destruirse,
que se realicen las pruebas analíticas precisas y se guarden las
muestras que se consideren estrictamente necesarias.
La totalidad
de las sustancias solo se conservarán de forma íntegra si el juez
justifica el motivo y se lo comunica a la policía.
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