LA OPERACION MOLINOS LLEVADA A CABO AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.
Los jueces de La Almunia llevan más de cuatro años investigando a la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, que fue detenida a primera hora de la mañana del 18 de marzo del 2009 dentro de la operación Molinos, el mayor operativo policial desatado contra la corrupción urbanística en Aragón.
La jornada se saldó con 17 detenciones. Entre ese día y los siguientes, los miembros del Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, apoyados por efectivos de Vigilancia Aduanera y del Banco de España, intervinieron montañas de documentación y una fortuna en efectivo, incluído el hallazgo de 385.000 euros en billetes de 500 y de cinco lingotes de oro de casi un kilo cada uno. Los primeros aparecieron en una caja de seguridad que Lola, la hermana de la exedila, tenía abierta a su nombre en una entidad bancaria; los segundos estaban en otra caja que controlaba el jefe de Aranade, Julián de Miguel.
50 imputados
La causa ha ido creciendo hasta alcanzar el medio centenar de imputados --está sobreseída para dos de ellos-- por una retahíla de delitos que incluye, entre otros, el cohecho, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el blanqueo de capitales, la falsificación de documentos, la prevaricación, la malversación de caudales públicos y el fraude fiscal.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria, que suponen una buena parte de los 80.000 folios que acumula la causa, han revelado trasiegos millonarios de dinero negro cuya magnitud hace difícil pensar que alguna localidad aragonesa pueda arrebatarle a La Muela el poco honroso título de capital emérita del pelotazo estepario.
En las diligencias están encartados varios grupos familiares: el que formaban la exalcaldesa, su exmarido y sus tres hijos, a los que se une una tía de estos; el jefe de Aranade y dos de sus vástagos, ambos varones; varios de los Fernández, de origen madrileño, que impulsaban a través de Brocover la operación del SR-1, y los matrimonios formados por el empresario y exalcalde Carmelo Aured y su señora y el integrado por la dueña de la agencia de viajes Sauco, Rut Lores, y su marido.
La instrucción se acerca ya a su fin. Las previsiones apuntan, según fuentes jurídicas, a que antes del verano la Sección Primera de la Audiencia pueda dictar el auto de procesamiento --el juez de La Almunia debe remitirle las diligencias al ser un sumario-- en el que se producirá el primer desbroce de imputados del que saldrá la lista definitiva de los que se sentarán en el banquillo.
Otra cosa es determinar en qué fecha lo harán. Si no cambian las previsiones, la vista oral tendrá un formato similar al de la operación Malaya, con acusaciones, testigos, peritos y documentos individualizados para cada hecho presuntamente delictivo. La imposibilidad de avanzar una estimación de la fecha radica, según explicaron fuentes judiciales, en las normas procesales: al tratarse de un sumario, cada parte debe tener una semana para presentar sus conclusiones provisionales; y eso, en una causa con 48 imputados, supondría otras tantas semanas: es decir, un año menos las cuatro del mes de agosto.
Para cuando finalice esa parte del procedimiento, Mariví Pinilla tendrá despejado el resto de su horizonte penal, encapotado hoy por tres nubarrones en forma de imputación.
Más causas
Otros imputados en la operación Molinos, los propietarios de Construcciones Nuevos Hogares --Vicente Rodrigo y Julio Herrero--, pedirán en unas semanas la apertura del juicio oral contra la exalcaldesa de La Muela como presunta autora de un delito de estafa y otro de falsedad documental. La causa, cuya instrucción en el Juzgado número 2 de La Almunia está prácticamente finalizada, debe dirimir si la finca que el ayuntamiento entregó a la constructora como permuta por edificar el colegio Gil Tarín es un solar o una parcela urbanizable.
Hacienda defiende que recibieron lo primero, un suelo sin apenas valor --por eso les reclama que devuelvan los 200.000 euros de IVA que se dedujeron tras recibirla--, aunque en los papeles figura que era lo segundo.
Más retrasada está la segunda causa que instruye la misma magistrada, en la que Pinilla está encartada por estafa y prevaricación por el caso de la urbanización okupa: una promoción que, según tres sentencias, ocupa 50.925 metros cuadrados que no le pertenecen.
Pinilla está también imputada por prevaricación en el juzgado número 1 de La Almunia, donde dos vecinos le reclaman 500.000 euros por, presuntamente, falsear los datos de una finca que acabó en manos de una constructora.
.png "English"){kind=small}
.jpg)
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario