FRANCO ARGIBAY INTENTO ESTAFAR AL NARCO "PELOPINCHO" COMO SOBORNO AL JUEZ DE CALDAS

EN LAS OPERACIONES "CORMORAN" Y "SANTINO" PARTICIPARON AGENTES DEL SVA, GUARDIA CIVIL Y POLICIA DIRIGIDAS A ACABAR CON LOS ENTRAMADOS FINANCIEROS DE LOS NARCOTRAFICANTES GALLEGOS.

La fuga que durante los últimos cinco años protagonizó el pontevedrés Manuel Franco Argibay, el abogado más buscado de España por las fuerzas policiales, no evitará que se siente en solitario en el banquillo antes de fin de año acusado de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Se le considera responsable de gran parte del entramado societario del narco arousano José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho", desarticulado en la Operación Cormorán –la más importante realizada en Galicia– para lavar más de 15 millones de euros procedentes del tráfico de drogas en negocios de prostitución, inmobiliarios y adquisiciones de obras de arte. Se enfrenta a 6 años de cárcel por un presunto delito de blanqueo y a una multa de casi 12 millones de euros. En el macroproceso celebrado en la Audiencia de Pontevedra el pasado verano fueron condenados 30 integrantes de la trama, 24 de ellos por conformidad. Los grandes ausentes fueron "Pelopincho" –oficialmente desaparecido– y el letrado pontevedrés, fugado hasta que hace una semana fue capturado en Aravaca (Madrid).
Franco Argibay comenzó su carrera profesional como defensor de narcos. En 2004, cuando la Guardia Civil desarrolló la primera fase de la Operación Cormorán, en la que cayeron "Pelopincho" y varias de sus amantes brasileñas que actuaban como testaferros en los negocios de prostitución, residía en un lujoso chalé en Lourido y se movía en un flamante Ferrari deportivo.
Hasta entonces se habría ocupado de regularizar documentaciones y asesorar en la compraventa de las numerosas propiedades de la trama que llevaron a iniciar las investigaciones. Con los testaferros de Pouso Rivas y el propio narco en prisión provisional –llevaba años en busca y captura para su segunda condena por narcotráfico–, el letrado pontevedrés dio un paso más, según se recoge en un aparte del sumario hasta ahora nunca contado de la Cormorán.
La docena de visitas que realizó a la cárcel de A Lama para entrevistarse con Pouso Rivas y sus mujeres y su ofrecimiento de "ir limpiando y retirar el patrimonio que podamos ir salvando del juzgado", junto al millón de euros que retiró de varias cuentas en Portugal antes de que fuesen bloqueadas, lo puso en el punto de mira del juez instructor de Caldas, Manuel Ángel Pereira, que en junio de 2005 ordenó su detención, jcon varios familiares y alelgados en la segunda fase de la operación contra el blanqueo, denominada "Gaivota".
El registro en su despacho profesional, en el que estuvo presente el decano de los abogados de Pontevedra, y en su domicilio de Lourido, deparó "sabrosos" datos a los investigadores. Así, se descubrió que Franco Argibay habría intentado estafar 220.000 euros a "Pelopincho" haciéndole creer que había comprado por esa cantidad al magistrado que dirigía la mayor operación contra el blanqueo en Galicia.
"El secreto se levanta en cuanto le de su comisión al juez". Con estas palabras, que figuran en uno de los documentos intervenidos destinados a que el narco los leyera, le comunica que ha tenido una reunión con el instructor y que tiene un acuerdo por el cual y "previo pago de 220.000" conseguirá levantar el secreto de sumario y autorizar el pago de las facturas que se le presenten, para lo que indica ha pedido al condenado Constantino Taibo Tojo que las infle. El acuerdo, con el juez según Franco Argibay, incluía poner en libertad sin fianza a las brasileñas Taysa y Quelly; mientras que Teresa y Lidia, dos de las amantes de "Pelopincho" que concentraban la mayoría de su fortuna como testaferros, quedarían libres al levantarse el secreto sumarial.
Manuel Franco Argibay hacía constar, en el mismo escrito, que la cantidad solicitada por el juez era muy baja "teniendo en cuenta lo que hay en juego", y que si les pidiera fianza en base a los bienes intervenidos por blanqueo "sería elevadísima".
En cuanto a la libertad de Pouso Rivas, el abogado pontevedrés le comunica, siempre según los documentos que obran en el sumario, que el magistrado de Caldas no puede ponerle en libertad dados sus antecedentes –tenía una condena de narcotráfico por cumplir–, pero que ya ha negociado su libertad con una persona de confianza en Madrid, y por eso van a intentar trasladarle desde la cárcel de A Lama a otra de la capital de España.
En otro de los documentos intervenidos, el letrado le indica a Pouso Rivas que sabe que José Luis Jamardo (otro de los condenados) tiene dinero enterrado y se ofrece a guardarlo si el narco quiere, igual que todo tipo de documentación. De hecho, logra que "Pelopincho" y Teresinha le otorguen poderes generales –fueron incautados– para mover negocios y cuentas, y gestiona que Lidia, la otra amante del narco, pase los bienes que tiene a su nombre a la hermana del narcotraficante: "Estuve hablando con Lidia y firma todo lo que le pongan delante", asegura.
Los informes del sumario revelan que el letrado creó con algunos familiares una decena de sociedades y pasó una minuta de 150.000 euros a Teresinha por representarla legalmente en la Cormorán. En su despacho había cinco cheques de 30.000 euros librados por su clienta del mismo banco portugués, si bien tres de ellos habían sido manipulados con una cifra mayor. No se cobraron, según la investigación, porque la cuenta había sido bloqueada. Tras la notificación del bloqueo, Argibay –según el sumario– retira en efectivo un millón de euros que "Pelopincho" tenía en un piso de Asturias al ser detenido y que el abogado habría ingresó a nombre de sus dos hijos en otra entidad lusa; lo mismo hizo su hermano José Carlos, que tenía en la misma entidad 154.000 euros a nombre de su pareja sentimental. En el último caso el dinero sale a una cuenta off shore de las Islas Caimán, según la investigación.
Al magistrado al que Franco Argibay aseguró tener "comprado", no le tembló la mano a la hora de ordenar su detención, el registro de sus propiedades –incluido su despacho profesional– y su ingreso en prisión provisional. Además, el juez Manuel Ángel Pereira ordenó la escucha de sus conversaciones en prisión con las visitas que recibía en busca del millón de euros. El rastro del dinero no apareció, por eso cuando Franco Argibay se fugó un año después tras depositar 2 millones de euros de fianza, una de las más altas impuestas en Galicia, se embargaron los bienes y propiedades del letrado, los mismo que ahora quiere recuperar mediante un acuerdo con la Fiscalía; pero el fiscal ya ha adelantado que no levantará el embargo. Si es condenado, serán decomisados.
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