DE JAEN A LAS ISLAS CAIMAN

La Fiscalía mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para el empresario aceitero Enrique F. I., su exmujer Mercedes P. J., y el hijo mayor de ambos, Enrique F. P., por defraudar al fisco unos 225 millones de las antiguas pesetas.

En el juicio, los inspectores de la Agencia Tributaria pusieron al descubierto que los acusados dirigían “un entramado de empresas fantasmas en paraísos fiscales”.
“Nunca, en mis cuarenta años de carrera profesional, había visto un caso semejante, con tanta complejidad”, declaró uno de los técnicos en la vista oral, celebrada ayer en el Penal número 1 de Jaén. No es para menos. Este inspector pasó más de cinco años tras las andanzas empresariales de Enrique F. I. Siguió su rastro desde una refinería en Mengíbar hasta una empresa radicada en el pequeño estado norteamericano de Delaware, considerado un paraíso fiscal, pasando por otras sociedades del Reino Unido o las Islas Caimán. Un ejercicio de ingeniería financiera propia de Wall Street. “Todas formaban parte del mismo conglomerado y apuntaban hacia la misma persona”, dijo el inspector, en referencia a Enrique F. I.
Según la Fiscalía, que se apoya en esta investigación de la Hacienda Tributaria, este empresario aceitero defraudó 225 millones de las antiguas pesetas en el Impuesto de Sociedades del año 2001 y en el IVA de los ejercicios 2001 y 2002. ¿Cómo lo hizo? El perito explicó ayer el funcionamiento. Aclaró que Enrique F. I. compró maquinaria de segunda mano en Italia para montar una refinería de aceite en Mengíbar. Ante Hacienda declaró que había pagado por ella 834 millones de pesetas: “La realidad es que solo pagó 30, lo que ocasionó el correspondiente efecto negativo a Hacienda”, aseguró el inspector de la Agencia Tributaria. Además, la adquisición se hizo a través de la empresa de Delaware, “que no tenía actividad conocida y que ni tan siquiera llegó a pagar tasas en Estados Unidos”, reiteró el perito. Igualmente, el técnico aseguró que esa sociedad está vinculada al propio acusado: “Lo que nos hizo sospechar es que no tiene sentido montar una fábrica de aceite en Mengíbar y, para ello, utilizar otras empresas que están en paraísos fiscales de Reino Unido y Estados Unidos”, añadió. Según los inspectores, Enrique F. I. realizó un “carrusel de transferencias” de dinero entre varias empresas con el único objetivo de “despistar a Hacienda”. Presuntamente, también pagó aceite “por debajo del precio de mercado” a otra sociedad. De esta manera, tal y como explicaron los técnicos, “omitió ingresos de forma fraudulenta, con el perjuicio a Hacienda”.
Enrique F. I. defendió ante la juez Valle Elena Gómez que toda su actividad fue perfectamente legal. Aseguró que la maquinaria se compró en Italia por unos 800 millones de pesetas “gracias al apoyo de unos inversores americanos”. También explicó que Hacienda no salió perjudicada “en ningún momento por los negocios de mis empresas”.
Con respecto a los otros dos acusados, ambos explicaron que solo firmaban lo que Enrique F. I. les ponía delante: “Yo no sé nada de papeles”, llegó a decir Mercedes P. J. No obstante, para la Fiscalía y la Abogacía de Estado, los tres acusados son responsables de dos delitos contra la Hacienda Pública y solicitan un castigo de cuatro años de cárcel para cada uno.
La defensa pidió la libre absolución. El abogado de los procesados explicó que todas las operaciones son correctas y todos los pagos están demostrados mediante transferencias bancarias. El juicio quedó visto para sentencia.

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