VIGILANCIA ADUANERA Y POLICIA NACIONAL DESARTICULAN UNA RED DE EXPLOTACION SEXUAL DE MUJERES.

Madrid.- Treinta y una personas han sido detenidas en varias provincias españolas como consecuencia de una operación conjunta de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera contra una red de explotación sexual de mujeres de diversas nacionalidades.

La investigación comenzó en enero de 2010, cuando gracias a la colaboración entre las autoridades rusas y españolas, se tuvo conocimiento de la existencia de una red internacional dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual en diversos locales de alterne de la provincia de Santander.

Las pesquisas condujeron hasta dos ciudadanos, uno ruso y otro español cuyo nombre corresponde a las siglas T.P.M., que controlaban varios locales de alterne en las provincias de Santander, Zaragoza, Alicante, y se encontraban en trámites para la apertura de otro club en la de Albacete.

Además, la red poseía un entramado de empresas vinculadas a negocios legales para, presuntamente, blanquear los beneficios que obtenían de sus actividades ilícitas. Este dato fue precisamente el que introdujo en la investigación al Servicio de Vigilancia Aduanera de Santander.

Como consecuencia del operativo desplegado por 150 funcionarios de la Policía Nacional, han sido detenidas 31 personas acusadas de trata de seres humanos, prostitución y asociación ilícita, y falsedad documental. Además, a 9 de ellas se les acusa también de infracción de la Ley de Extranjería. Se han practicado 17 registros (6 de ellos en Zaragoza), se ha identificado a 71 mujeres explotadas por la red y se han intervenido diversos efectos como 5 armas de fuego, 9 vehículos, pequeñas cantidades de drogas, material informático y más de 90.000 euros en efectivo. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

Extorsiones y amenazas

Las mujeres eran captadas sobre todo en países del este de Europa, bajo la promesa de cobrar 5.000 euros mensuales sólo por alternar con los clientes, y el doble de esa cantidad si además accedían a mantener relaciones sexuales con ellos. A cambio, las mujeres debían abonar al club 1.600 euros durante los tres primeros meses de actividad, y 200 cada uno de los meses posteriores, si decidían seguir trabajando.

Una vez accedían, les retiraban los pasaportes y las amenazaban con represalias contra sus familiares en los países de origen en el caso de que hablaran con la policía española, o comunicasen públicamente la actividad a la que se dedicaban.

La red las introducía también en el consumo de drogas para incrementar su dependencia y reducir su insubordinación.
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