LEY DE PREVENCION DE BLANQUEO: LOS MOVIMIENTOS A PARTIR DE 1000 EUROS PODRAN INVESTIGARSE

Para poder rebajar este umbral a los 1.000 euros y no dejar la cifra en un ámbito discrecional, el PSOE contó ayer en el Congreso con la colaboración de Izquierda Unida, principal promotora de esta iniciativa, de Esquerra Republicana y también, aunque de forma indirecta, del Partido Popular, formación que se abstuvo. En cualquier caso, el proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales fue respaldado en su conjunto por unanimidad.

Mediante este proyecto, se incorpora a la legislación española la directiva europea que obliga a las entidades financieras a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

De esta forma, bancos y cajas estarán obligados a identificar a sus clientes, a establecer procedimientos y órganos internos de control y a examinar operaciones sospechosas para comunicarlas al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales. La nueva ley obliga también a estas entidades a guardar los documentos durante un mínimo de diez años y a formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales. La transposición de la directiva a la legislación española refuerza la función contra el blanqueo que ostentan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.


La diputada socialista Gloria Gómez recordó ayer en el Congreso que todos los años se blanquean miles de millones de euros que se reciclan a través de actividades comerciales lícitas.

En su intervención, brotó la actualidad del caso Gürtel: "Esa es, precisamente, la mejor fachada para el blanqueo de capitales: la inversión en actividades y negocios legales, inversiones en promociones inmobiliarias, en joyas, en obras de arte, en la compra de acciones o mediante la inversión en sociedades, nada que no sepamos, y nada que no esté de plena actualidad", dijo la diputada.
Lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas

No es ni mucho menos un paso definitivo el dado ayer por el Congreso para acabar con la opacidad de los paraísos fiscales, pero en el Ministerio de Economía que dirige Elena Salgado se opina que la transposición de esta directiva ayudará a seguir las líneas marcadas en esta dirección por los países del G-20.

En el objetivo de los legisladores consta también la intención de combatir los canales a través de los que se financia el terrorismo y el narcotráfico, para lo que se reforzará la colaboración internacional en el intercambio de información financiera.

En este sentido, la nueva ley obliga a las entidades a identificar también a los auténticos titulares de aquellos productos de inversión, a veces sofisticados, que ofrece la banca privada y que ahora escapan al control de jueces y policías.
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