LOS MEDIOS AÉREOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA VOLVERAN A SER OPERADOS POR EL EJÉRCITO DEL AIRE

Después de casi cuatro años, la Agencia Tributaria va a cancelar la privatización y a devolver al sector público la gestión de sus aviones. El servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) tiene una flota de aviones y helicópteros que se dedican a vigilancia de fronteras, y especialmente patrullan las costas para interceptar contrabando.

En 2010, la UTE formada por Airbus Military e Inaer recibió la adjudicación de un contrato para la «operación técnica de vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de aviones» de Aduanas, por un valor de 5'5 millones de euros.

Pero estos días la Agencia Tributaria está concretando el retorno a la gestión pública, como fue antes de este contrato, y el Ejército del Aire será el encargado de gestionar la flota. Detrás de esta decisión está, por una parte, el ahorro que supondrá, ya insinuado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas; y por otra, las reiteradas quejas sobre la gestión que ha realizado esta UTE durante casi cuatro años.

En varios informes remitidos por técnicos del SVA se denuncian incumplimientos del pliego de prescripciones técnicas por parte de Airbus e Inaer. Entre ellos, estaba el compromiso de tener tres bases con aviones operativos las 24 horas, que nunca se cumplió. La realidad es que una de esas tres bases apenas se utilizó y acabó cerrada (la de Santiago de Compostela), y que en las otras dos (en Málaga y Alicante) los aviones han estado funcionando, como mucho, al 50%.

Además, durante estos años la pequeña flota aduanera, compuesta por seis aviones CASA 212, ha perdido la mitad de sus aparatos. Dos de los aviones tenían que ser matriculados con una placa civil, porque tenían una militar de cuando la gestión era pública, y sin ella no podían volar. Se tardó más de dos años en hacerlo, y los aviones estuvieron en un hangar.

El tercero está «canibalizado», y se ha ido desguazando para reponer piezas de otros aparatos, por lo que tampoco puede volar. Además, de los 11 pilotos que tenía que haber, sólo cuatro han estado en activo, acompañados ocasionalmente por otros cuatro provenientes de otra contrata que tenía Inaer con la Secretaría General de Pesca y Salvamento Marítimo.

En su informe, la CORA dice que los medios aéreos de la Administración General del Estado tienen «unos costes de explotación muy superiores debido a la dispersión, la contratación externa y atomización de recursos necesarios para el mantenimiento y operación», y por eso propone devolver al Ejército del Aire esas competencias mediante convenios de colaboración.

En las últimas semanas se han estado manteniendo reuniones para delimitar las competencias que se devolverán al Ejército y las que podrían mantenerse privatizadas, según fuentes de la Agencia Tributaria y de Defensa.

El servicio de Vigilancia Aduanera tiene una flota de siete helicópteros en las bases de San Javier, Algeciras, Almería y Vigo. Tres de ellos son modelos de más de 30 años, los BO-105, que actualmente se están retirando en otros cuerpos del Estado, como la Guardia Civil, y sustituyendo por otros más modernos. En la Agencia Tributaria, en cambio, se ha tomado la decisión de invertir cerca de 500.000 euros en cada uno para equiparlos con cámaras de última generación y ampliar su radio de acción, con más horas de vuelo, cubrir mayores distancias e incluir vuelos nocturnos.