CASO "CAMPEON": 6 CAUSAS Y 50 IMPUTADOS

Medio centenar de imputados y seis causas abiertas es, de momento, el balance del llamado 'caso Campeón'. Entre el 24 y 25 de mayo de 2011, agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron en Lugo a 15 personas vinculadas a varias empresas, entre ellas Laboratorios Nupel, y a dos altos cargos del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Xunta: su director general, Joaquín Varela de Limia, y un subdirector, Carlos Silva.

Lo que investigaba el fisco era un fraude de subvenciones públicas, en el que los implicados captaban ayudas presuntamente asesorados por el Igape. El operativo fue bautizado 'operación Campeón' por el cabecilla de la trama y principal imputado: el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de Nupel y aficionado a los rallies y a las carreras de coches.
Pero lo ocurrido era sólo la punta del iceberg. Dorribo ingresó en la cárcel de Bonxe y el caso siguió su curso tutelado por la juez Estela San José. El vuelco se produjo cuando, el pasado 4 de octubre, EL MUNDO revela que el empresario acusa al entonces ministro de Fomento, José Blanco, de cobrar comisiones a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
Dorribo acusó también de cobrar comisiones irregulares a dos ex diputados gallegos, Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que abandonaron sus escaños de inmediato. Quien no lo hizo fue el ministro, cuya causa fue separada y enviada al Supremo el 3 de noviembre, con la campaña electoral del 20-N en ciernes.
Al margen de su posterior imputación y de la apertura de una causa penal, la investigación ha adquirido notables dimensiones durante el año que dura ya la instrucción e implica a diferentes administraciones: del Ayuntamiento de Lugo al Gobierno Central, pasando por la Xunta de Galicia o la Generalitat de Cataluña. Estas distintas ramas han ido desgranándose del núcleo y remitiéndose a distintos juzgados.
Del 'caso Campeón' original quedan los préstamos concedidos por el Igape y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que presuntamente ayudó a tramitar Cobián.
Fuentes consultadas auguran que, aunque la instrucción está ya avanzada, las diligencias y pruebas pendientes podrían alargar esta fase otro año más, tanto en las causas abiertas en Galicia como en el Supremo. Y ello -como desde ámbitos judiciales se comenta- sin perjuicio de que a Dorribo se le ocurra "tirar más de la manta".
Éstas son las seis causas de la 'operación Campeón' y sus protagonistas:

La causa del Supremo

Juzgado: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Imputados: José Blanco, ex ministro de Fomento y diputado del PSOE en el Congreso -escaño que logró por Lugo, y José Antonio Orozco, vicepresidente de Akzar.

Nada se sabía de la implicación de José Blanco en el caso Campeón cuando la juez San José ordenaba los primeros registros y detenciones en Lugo y Santiago. Sin embargo, el caso cobró una dimensión política, judicial y mediática distinta cuando, en varias declaraciones, Dorribo pone sobre la mesa su relación con el entonces portavoz del Gobierno y ministro de Fomento. Meses después, EL MUNDO revelaba que Dorribo le había acusado de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad. Precisamente, uno de estos pagos se habría realizado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), donde se citaron en el coche oficial del ministro para tratar las ayudas a la empresa de Dorribo, previo desembolso de 400.000 euros.
La tormenta puso contra las cuerdas a Blanco a dos meses de las generales. Pero no evitó que la juez elevase al Supremo una exposición razonada en la que apreciaba «cohecho y tráfico de influencias» en la actuación del ministro, imputado el 28 de diciembre. Otro implicado es el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, a favor del cual medió el ministro para conseguir licencias en Cataluña y la expropiación de unos terrenos en Galicia. Blanco admitió en el Supremo haber usado la expresión de «que lo miraría» en un encuentro con Orozco. Eso sí, adujo que era la «frase habitual» que usaba al reunirse con empresarios.

La mediación de Cobián

Juzgado: Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.
Imputado: Pablo Cobián, ex diputado autonómico del PP. Joaquín Varela de Limia, ex director general del Igape y Carlos Silva, ex subdirector.

La clase política gallega asistió perpleja a la caída de dos diputados autonómicos, el 'popular' Pablo Cobián y el nacionalista Fernando Blanco, que dimitieron tras las revelaciones sobre sus negocios con Dorribo y sus imputaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Su condición de aforados llevó a Estela San José a inhibirse a favor del Alto Tribunal gallego que, sin embargo, acordó no aceptar el caso y devolverlo al Juzgado Decano de Lugo porque ambos habían renunciado a su escaño.
Pablo Cobián, ligado al PP coruñés, fue la primera víctima política, al dejar su escaño el mismo día en que se hizo pública su imputación, «por respeto a los ciudadanos y para no perjudicar a la formación política a la que pertenezco». Desde entonces ha insistido en su inocencia, pero la causa sigue su curso y recientemente llevó a declarar en Lugo, como testigo, a Pilar Farjas, actual número dos del Ministerio de Sanidad y ex consejera autonómica del ramo, que se desvinculó de la tramitación de los proyectos.
Según el sumario, el ex parlamentario pidió 139.450 euros a la trama para patrocinar al equipo de carreras de su hijo. Ello a cambio de «allanar obstáculos y problemas» ante la Xunta para la concesión a Nupel de dos ayudas: un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 2,9 millones de euros y una subvención del Gobierno gallego. La Agencia Tributaria le sitúa además de intermediario entre varios departamentos de la Administración y Dorribo y sus socios.

'Caso Fernando Blanco'

Juzgado: Juzgado de instrucción número 1 de Lugo.
Imputado: Fernando Blanco, ex diputado autonómico del BNG y conselleiro de Industria durante el bipartito PSOE-BNG en la Xunta.

La rápida dimisión de Cobián tras conocerse su implicación en el 'caso Campeón' puso contra las cuerdas a Fernando Blanco. El diputado y ex conselleiro de Industria de la Xunta bipartita negó la mayor, pero dimitió 48 horas después. En abril, su caso dio una vuelta de tuerca al volver al juzgado de Lugo y ordenar la juez instructora la apertura de una pieza separada.
San José solicitó que se dedujese testimonio de los indicios relativos a Blanco en el sumario principal y se incoasen diligencias previas por presuntos cohecho, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y otros delitos contra la Administración. Cree que «no existe conexión» entre esos delitos y los que se siguen en la trama de Dorribo.
Las diligencias cayeron en el Juzgado de Instrucción número 1, que dirige Pilar de Lara. Sin embargo, Blanco no se libra de San José. Solicitó el sobreseimiento de la causa y ésta lo rechazó. Esto contrarió a su defensa, que cree que debe ser De Lara quien se pronuncie como juez «competente en la pieza separada».
El sumario recoge que Dorribo pagó a Blanco 75.000 euros en concepto de «campaña publicitaria» en vísperas de las elecciones gallegas de 2009 y lo recogió en la supuesta contabilidad en B de Nupel. En ella hay pagos por 250.000 euros en concepto de «pago consell» (de conselleiro) justo después de que la Xunta diese una ayuda de 1,6 millones «a fondo perdido» a Nupel. Además, detalla que ambos acordaron en 2008 hacer negocios en el sector eólico en Camerún.

La derivada catalana

Juzgado: Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
Imputados: Sergi Pastor, ex consejero delegado de Applus; Sergi Alsina; J. Tous, 'número 2' de la Diputación de Barcelona e I. Masalles, subdirector de la Generalitat.

La derivada catalana, que investiga los negocios de Dorribo en Cataluña, se remonta a los inicios del 'caso Campeón'. Sus principales implicados, Sergi Pastor y Sergi Alsina, tenían los teléfonos intervenidos por orden judicial desde 2010, cuando visitan la sede de Laboratorios Nupel en Lugo para cerrar su participación en la filial andorrana, Salut d'Innovació', con los que iban a ser sus socios: el propietario de la farmacéutica, Jorge Dorribo, y el vicepresidente de Azkar y amigo del ex ministro Blanco, José Antonio Orozco.
De las conversaciones intervenidas se infiere que los empresarios catalanes planeaban distribuir en hospitales y geriátricos catalanes los productos farmacéuticos que Dorribo iba a envasar en Andorra valiéndose de sus contactos con la Generalitat.
La trama ha puesto en la picota a Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol y secretario general de Convergència Democràtica de Cataluña, a quien un informe del fiscal señala como «connivente» en la operación y al que los detenidos Alsina y Pastor se refieren como «el Jefe […] el de arriba […] y el primo de zumosol».
El otro negocio tenía que ver con la «obtención fraudulenta», según el fiscal, de la concesión de las ITV en Cataluña, que dependen de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat y que durante muchos años fueron gestionadas casi en exclusiva por Applus. Con el cambio en el modelo de concesión, y después de que la Justicia paralizase las adjudicaciones, los implicados, todos acusados de falsedad documental y tráfico de influencias, aspiraban a entrar en el negocio.

La 'no' venta del chalé

Juzgado: Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.
Imputados: Manuel Ignacio Castro Gil, notario; Aveline Fernández, esposa de Dorribo, y Amador Fernández, empleado de Laboratorios Nupel.

Aunque la investigación por blanqueo de capitales del narcotráfico que dio lugar al 'caso Campeón' está archivada, los vínculos de Dorribo con la comarca de Arousa han provocado en el último mes nuevas imputaciones, entre ellas la del notario lucense Manuel Ignacio Castro Gil, a quien la juez acusa de un delito de alzamiento de bienes por la supuesta venta fraudulenta del chalé de vacaciones del industrial farmacéutico en la localidad de Carril. Esta nueva infracción penal ha derivado en una causa separada del sumario. En ella, además de Dorribo, estarían también implicados su mujer, Aveline Fernández y uno de sus empleados en Nupel, Amador Fernández, ya imputado en la pieza principal del caso. El lujoso chalé, valorado en 600.000 euros, aparece señalado en los inicios de la operación como una propiedad adquirida para Dorribo por uno de sus presuntos testaferros, Manuel Osorio, también imputado en esta causa. Sin embargo, su compra se reflejó en el Registro de la Propiedad a nombre de su esposa Aveline.
Según conversaciones que trascendieron en abril, Dorribo simuló la venta del chalé a Amador Fernández y a su mujer, Isabel López. Aquí entra en escena el notario, que registró un contrato privado entre las partes por el que el 100% de la propiedad seguía siendo de Aveline Fernández. Dorribo habría fingido la venta para eludir rendir cuentas ante la Justicia por el chalé.
El notario declaró voluntariamente ante San José y se defendió: «No entiendo la imputación», pues es «un tema puntual de una escritura de compraventa, sin relación con el resto del asunto».

La polémica urbanística

Juzgado: Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo.
Imputado: Xosé López Orozco, alcalde de Lugo y presidente del PSdeG-PSOE. Se querelló contra Dorribo una semana antes de su imputación.
Consciente de la que se avecinaba, Xosé López Orozco anunció él mismo a los medios su imputación en una de las tramas que había sacudido su ciudad. Aquel 12 de marzo, el regidor de Lugo se estrenaba como presidente del PSOE gallego y había convocado una rueda de prensa para valorar el congreso socialista del fin de semana. Pero tuvo que cambiar el guión, ya que la juez San José acababa de imputarle un delito de prevaricación en la concesión de unas licencias de edificación a Jorge Dorribo. La relación entre ambos ya estaba marcada por los tribunales: una semana antes, López Orozco se había querellado «por calumnias e injurias» contra Dorribo tras la declaración de éste en el Supremo, que aludía al pago de «favores» al socialista.
En otra declaración que figura en la parte alzada del sumario, el propietario de Nupel relata el pago de patrocinios a cambio de que el alcalde le deje hacer obras en sus instalaciones de O'Ceao aplicándole una ley derogada en 2001. Dorribo tenía cuatro naves de Laboratorios Nupel en el polígono, pero la ley urbanística le impedía comunicarlas entre sí. En virtud del supuesto trato, se comprometía a poner dinero para las fiestas del Arde Lucus y para Lugo 10, el aniversario de la declaración de la muralla romana Patrimonio de la Humanidad.
Actualmente, la juez mantiene en su auto la imputación del alcalde por prevaricación, pero la separa de la trama. Él, que ya pidió el archivo de la causa, no se corta y alude con frecuencia al asunto, la última vez el pasado viernes, cuando dijo estar dispuesto a ser «actor o espectador, pero no autor, de ese sainete».

 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/01/espana/1338548836.html