LA DEFENSA DE OUBIÑA CRITICA LA ESTRATEGIA DE "SEPARAR" SUS DOS JUICIOS POR BLANQUEO

La defensa subraya que todas las operaciones que le atribuyen las acusaciones públicas "han sido frustradas bien por el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Udico o la Guardia Civil, por lo que es imposible que haya podido hacer negocio con ninguna de ellas"..

 Laureano Oubiña Piñeiro es "pobre de solemnidad" después de 18 años en prisión y con todos sus bienes embargados y subastados "por lo que no le generaron ningún beneficio".

Esta es el principal argumento de su letrado Joaquín Ruiz Jiménez que prepara la doble defensa por los dos juicios que por blanqueo esperan al arousano el próximo mes de julio.

Ruiz Jiménez no se cansa de repetir que Laureano Oubiña es un "chivo expiatorio" a quien se persigue de "forma exagerada" desde que se le consideró el cabecilla de la organización desmantelada en la denominada Operación Nécora dirigida por Garzón y el fiscal Zaragoza.

El letrado se queja de que con este caso lucha contra una pared pues ni siquiera le han aceptado su reiterada propuesta de unificar los dos procedimientos por blanqueo de capitales fijados para los días 2 y 16 de julio de este año, en los que el fiscal solicita al acusado sendas penas de 8 y 6 años de prisión .

Ruiz Jiménez muestra extrañeza tanto por la separación de los dos procedimientos que se celebran en los Juzgados Centrales de Instrucción números 5 y 6 de la Audiencia Nacional como por el hecho de que se convoquen justo cuando su patrocinado cumple las últimas horas en prisión, después de once años ininterrumpidos de encierro.

La unificación de los dos procedimientos implicaría, de partida, una rebaja considerable de las penas "a un reo que ya ha superado los 65 años de edad y que ya ha cumplido en total 18 años de prisión".

Pero por otra parte, el abogado entiende que el juicio relativo al caso de blanqueo derivado de las casas de A Laxe y Nanín "en ningún caso deberían llegar a la Audiencia Nacional, pues el juez natural sería el de Vilagarcía, Cambados o en su caso Pontevedra", tal como ocurrió con la llamara Operación Repesca que afectó a la familia del patriarca Charlín en parecidas circunstancias.

No acaban aquí las dudas de Ruiz Jiménez Aguilar quien llegó a proponer a Laureano Oubiña que recusase a los magistrados que le vuelven a tocar en gracia, porque ya han visto asuntos suyos con anterioridad.

Pone de manifiesto el abogado que a Oubiña le vuelven a caer en suerte en la Sección Cuarta de la Audiencia, la magistrada Ángela Movilla que fue ponente de la Operación Nécora "y que aunque le absolvió del delito de tráfico de drogas le condenó por dos delitos de evasión fiscal a dos años de cárcel". En este sentido cree que se le condenó para justificar el hecho de que "hubiera pasado cuatro años y medio como preventivo cuando el tiempo máximo en esta situación era de cuatro años".

También le vuelve a ver la cara, la juez Carmen Paloma González Pastor "que dictó un informe desfavorable sobre la tesis de la refundición de condenas a los presos que cumplieron pena como preventivos por una misma causa". Y se acuerda también de Teresa Palacios a quien le correspondió sentenciar el caso del Regina Maris.

Afirma Ruiz Jiménez que otros muchos magistrados de la Audiencia Nacional también han tenido en sus manos casos de Laureano Oubiña "por lo que casi todos están contaminados": de ahí que consideren inútil la recusación del tribunal.

A la vez llama poderosamente la atención del letrado de la defensa el hecho de que el fiscal activara estos dos procedimientos por blanqueo "unos meses antes de que Laureano Oubiña cumpla definitivamente la pena impuesta".

El fiscal mueve estos procedimientos el 5 de octubre de 2011 y "hasta entonces no se había preocupado de estos casos para nada", dice el abogado.

Ruiz Jiménez hace hincapié en un escrito que le llama poderosamente la atención pues afirma que literalmente propone al tribunal que "se investigue el posible delito de blanqueo de capitales" pues se entiende que pudo lucrarse tanto de forma personal como a través de "personas de su entorno familiar y confianza o de empresas de las que él sería el real titular".

El letrado cree que todo ello es una argucia para mantener más tiempo en la cárcel a su defendido, pues sostiene que nada de lo que se le acusa tiene justificación.

Insiste, por ello, en el hecho de que ya se le embargó todo lo que tenía, "incluso el Pazo de Baión, que ni siquiera era de su propiedad".

Por otra parte indica el jurista que los bienes que en su vida haya podido obtener Laureano Oubiña "podrían proceder de su actividad de contrabando de tabaco, que por una parte ya no es delito en la actualidad y por otra habría prescrito pues se corresponde con los años ochenta del pasado siglo".

En cuanto a la "mansión" de A Laxe insiste en que se trata de simple apariencia pues el citado chalé "lo forman tres edificaciones distintas, habitadas por varios núcleos de la familia de su difunta esposa Esther Lago, ya que forman parte de la herencia familiar".

Por último subraya que todas las operaciones que le atribuyen las acusaciones públicas "han sido frustradas bien por el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Udico o la Guardia Civil, por lo que es imposible que haya podido hacer negocio con ninguna de ellas".

El fiscal no pide medidas cautelares

Los abogados de Laureano Oubiña no tienen constancia de que el fiscal haya decidido no pedir medidas cautelares por lo que el 17 de julio cumpliría la totalidad de la condena y sería un hombre libre.

Por su parte, la Fundación Galega contra o Narcotráfico considera necesarias esas medidas extraordinarias para evitar que eluda la acción de la Justicia y pueda volver a fugarse. Uno de los principales errores cometidos por Oubiña fue escapar a Grecia en su día, por lo que fue necesaria una orden internacional de busca y captura.

Desde que ingresó en la cárcel, el capo arousano solo disfrutó de dos permisos penitenciarios a finales del pasado año, uno de los cuales lo aprovechó para visitar a su esposa en el cementerio.

Pruebas imposibles de practicar antes del 17 de julio

La sorpresa del letrado defensor de Laureano Oubiña tras conocer la última providencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado día 25, es la cantidad de prueba que se tiene que resolver en relación con el hallazgo de un teléfono móvil en su celda del centro penitenciario de La Moraleja, en la que se encuentra.

Para resolver este expediente disciplinario, el Juzgado Central de Menores (con funciones de Vigilancia Penitenciaria) pide un total de cuatro actuaciones que en principio deberían resolverse antes del 17 de julio cuando Laureano Oubiña se licencia definitivamente, después de cumplir más de once años continuados en prisión.

Así se pide la declaración del interno Adile Zwavia, quien reconoció como suyo el celular encontrado en el dormitorio de Oubiña. Además se requiere un informe del centro penitenciario en el que se pregunta si este preso llevaba muletas en fecha del pasado 25 de diciembre.

Por otra parte se propone recibir declaración al expedientado Laureano Oubiña en el sentido de que aclare "cómo conocía, según manifiesta el instructor el 6 de marzo de 2012, el lugar en que se encontraba oculto el teléfono ya que manifiesta literalmente: En una tabla hueca que hacía de repisa en el lavabo y que no formaba parte del mobiliario".

También se exige que el centro penitenciario aclare si el desarrollo del cacheo y requisa en la celda del interno Oubiña Piñeiro "se hizo en su presencia desde el inicio".

Todas estas indagaciones tardarán más del 17 de julio, expone el letrado.

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