UNA INSPECCION DE LA UE DETECTA 45 MILLONES EN SUBVENCIONES DEL IGAPE SIN SEGUIMIENTO

Los investigadores enviados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el organismo que en último término financia la mayor parte de las subvenciones otorgadas por el Igape, detectaron que solo en 2009 y 2010 este organismo entregó para 29 proyectos empresariales más de 45 millones de euros, sobre los que no se sabe cómo se han empleado o si finalmente se han destinado al fin para el que fueron solicitados. Estos datos figuran en la declaración que uno de esos investigadores realiza como testigo en el juzgado número 3 de Lugo, que instruye la operación Campeón.

Y es que las autoridades europeas contra el fraude han intervenido activamente en este asunto. De hecho, la primera fase fue realiza conjuntamente por Vigilancia Aduanera y la Olaf, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Posteriormente, es el propio BEI quien envía a gente de su División de Investigación del Fraude a analizar más a fondo el funcionamiento del Igape, el organismo gallego que gestiona las subvenciones financiadas por el BEI y que se encuentra en el centro de esta investigación.

Se trata de una investigadora que llega con la misión de «asegurarse de que los fondos se habían utilizado para el objetivo previsto en los correspondientes contratos y que no se habían desviado para otros fines». La descripción del panorama que se encuentra es desalentadora: el BEI, asegura, pensaba que era todo el departamento de técnicos el que estudiaba los proyectos presentados y se encargaba posteriormente de comprobar que el dinero había sido bien usado; en realidad, se encuentra que son solo dos técnicos los que se tienen que encargar de todo «y el resto de integrantes de los comités simplemente ponen el sello».

Y de este problema, considera esta experta, deriva el principal, que es la falta de supervisión final. Del periodo analizado, 2009 y 2010, hay 29 proyectos empresariales -la mayor parte de los gestionados- que no han contado con esa supervisión, pese a que suman más de 45 millones de euros.

De todos los modos, no todo son malas noticias: la investigación de los enviados de Europa concluye que no se han observado «malas intenciones ni elementos que nos indiquen irregularidades, excepto las propiamente administrativas».

Irregularidades, por otro lado, que sí detectan en el expediente presentado por Jorge Dorribo y Nupel, «con problemas en la maquinaria financiada, que o bien era antigua o en algunos casos inexistente, con facturas falsas». De todos modos, incide en que del dinero que se llevó Dorribo el BEI no ha pagado ni un euro, porque no llegó a dar la aprobación final del préstamo y fue el Igape el que adelantó el dinero.

ANOTACIONES

Son precisamente todas esas irregularidades en las facturas las que la trama investigada ayudaban a salvar. Hay cuatro altos funcionarios del Igape imputados por ello y el sumario no solo contiene conversaciones telefónicas y reuniones muy comprometedoras, sino pruebas documentales muy contundentes que incluyen incluso las anotaciones personales del exdirector Joaquín Varela de Limia en su propia agenda sobre este asunto. Los investigadores consideran que lo hizo debido a su amistad con el exdiputado del PPdeG Pablo Cobián y de la relación de este con los dueños de Proitec.

Pero hay una parte de la subvención de Nupel que, ligada al crédito del BEI, se tramitaba a través del Ministerio de Economía. Son unos 400.000 euros. Sería para agilizar este pago para lo que Dorribo recabó, según su declaración, los favores del entonces ministro de Fomento, José Blanco. Las grabaciones entre varios de los imputados se refieren a estas gestiones. En una de ellas, el exministro confirma al empresario José Antonio Orozco: «Hice ese gestión con Economía... Yo creo que será positiva, pero aún no me contestaron».

De todos modos, las influencias de la trama desentrañada en esta investigación abarcaban más posibilidades. Llegaban, por ejemplo, al departamento de Infraestruturas. También con la mediación de Pablo Cobián, empresas ligadas a Proitec habrían obtenido varias concesiones públicas, desde carreteras hasta obras en el auditorio de Lugo o el puerto seco de Monforte.

Hay al menos siete funcionarios de este departamento imputados, si bien quien peor parece tenerlo es la directora xeral de Infraestruturas, Ethel María Vázquez Mourelle. El sumario incluye una nota supuestamente manuscrita por ella en la que indica a unos subordinados que se le otorgue el proyecto de una carretera a Proitec, indicando expresamente que se pongan en contacto con la empresa para que se haga el proyecto a la baja. Se incluye el nombre de uno de los propietarios, Carlos Monjero, y su número de móvil.

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