FISCALIA SOLICITA 98 AÑOS DE PRISION PARA LOS IMPLICADOS EN LA OPERACION "MECANICO"

Cuenta atrás para el juicio contra los 13 presuntos implicados en la Operación Mecánico. La Sección Primera de la Audiencia de Huelva señalará en los próximos días la vista en la que se juzgará a los miembros de la organización dirigida por L.G.M., dedicada a lograr la cobertura necesaria para que los clientes interesados pudieran introducir hachís por la costa onubense con total impunidad. La Fiscalía de Huelva solicita para ellos -con notables diferencias según el grado de implicación y el delito que se les atribuye- una pena global de 98 años y medio de prisión y multas de 86,4 millones de euros.

Según reza el escrito de la acusación pública, al que ha tenido acceso Huelva Información, F.G.H., J.L.G.G., los agentes de la Guardia Civil J.L.A.B y J.M.T. y el vigilante de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto I.G.A., formaban parte de un grupo orquestado supuestamente por el mecánico L.G.M. y que operaba -con base en El Rompido- al menos desde octubre de 2010. Fue desmantelado el 23 de febrero de 2011, momento en que la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional logró echarle el guante en el marco de una operación auspiciada por el Juzgado Mixto 2 de Ayamonte.

El escrito de la Fiscalía detalla que ellos mismos hacían las veces de punto de vigilancia, controlando los movimientos de patrullas y embarcaciones de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera para que la zona elegida estuviera despejada -previa colocación de dispositivos de seguimiento-, todo con el propósito de "arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones".

Para desarrollar la actividad, estos seis hombres "estaban perfectamente estructurados". La Fiscalía estima que L.G.M. era el cabecilla y F.G.H. e I.G.A. eran "sus brazos derechos", ya que ejecutaban sus órdenes al instante y a cualquier hora, motivo por el que ninguno de ellos trabajaba legalmente desde hacía años.

Asimismo, J.M.T., como miembro en activo del Servicio Marítimo del Instituto Armado, era supuestamente el encargado de avisar sobre la actividad de la patrullera de la Benemérita en los días convenidos, ya fuera sirviéndose de informaciones que le daban sus compañeros por ser miembro del Cuerpo o forzando la prestación de servicio pese a estar de vacaciones o de descanso. Luego "daba a L.G.M. instrucciones claras" acerca de la hora y el lugar en que tenía que ser introducida la droga para no ser descubierta por las patrulleras.

El otro guardia civil acusado, J.L.A.B., de la Sección de Automoción de la Comandancia de Huelva, se dedicaba, presuntamente, a unificar la información sobre el servicio prestado por las patrullas para transmitirla luego al líder. Pero también se encargaba, dice el fiscal, de colocar dispositivos de balizamiento en los coches de la Guardia Civil -de Huelva, Gibraleón y los puestos costeros- cada vez que entraban el taller de la Comandancia para ser reparados, de modo que L.G.M. sabía siempre dónde estaban esos vehículos.

Respecto al vigilante de Aduanas I.G.A., dice la Fiscalía que era su papel informar sobre los movimientos de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera, en las que previamente habría instalado dispositivos de localización.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal les atribuye un delito de asociación ilícita por el que pide para L.G.M. 3 años de cárcel, una multa de 3.240 euros y 9 años de inhabilitación; y para sus cinco compinches, 2 años y medio de prisión y 3.060 euros de multa. Para ambos agentes añade la petición de cinco años de inhabilitación especial.

El documento judicial prosigue señalando que L.G.M., sus dos manos derechas (I.G.A. y F.G.H.) y el agente J.L.A.B. inspeccionaron el 22 de diciembre de 2010 las instalaciones del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Torre del Catalán, en Lepe. Tres días más tarde, el de Navidad, L.G.M. y F.G.H. accedieron a las mismas -mientras los otros dos hacían guardia- y tirotearon el sensor volumétrico, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de los dispositivos y forzaron la puerta por la que se accede a los paneles y pantallas de control, causando desperfectos en el SIVE por valor de 73.435 euros e inutilizándolo hasta que fue reparado, de forma que todo el área de cobertura quedó sin vigilancia para impedir actos de narcotráfico. Por estos hechos pide la Fiscalía dos años y diez meses de cárcel para los cuatro acusados y cuatro años de inhabilitación especial para el guardia civil.

El 16 de enero de 2011, L.G.M., J.L.G.G. y F.G.H. lograron supuestamente arribar a la Playa del Vigía de Mazagón un alijo de hachís de 1.104 kilos compuesto por 33 fardos para cuyo transporte contaron con los servicios de los acusados D.M., N.C. y F.G., detenidos en el lugar de los hechos. Para los cinco solicita la acusación pública cuatro años de cárcel y una multa de 10 millones de euros.

El 8 de febrero de 2011, L.G.M., F.G.H., I.G.A., J.M.T., J.L.A.B. y J.L.G.G. consiguieron introducir otro alijo de 2.428 kilos de hachís dispuestos en 77 fardos por la Playa de la Bota (Punta Umbría). La droga fue transportada en este caso por G.P. y M.T., detenidos con las manos en la masa esa misma noche. Por el delito de tráfico de drogas el Ministerio Público pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y una indemnización de 35 millones de euros.

Sólo tres días más tarde, el 11 de febrero, supuestamente L.G.M. y T.A.V. -con una pluralidad de personas por identificar- lograron introducir ilícitamente otro alijo de hachís por la ría de Huelva. El dispositivo policial sólo consiguió incautarse de dos fardos y varias tabletas que fueron abandonados en la embarcación y que arrojaron un peso de 75,3 kilos. Cinco años y medio de cárcel pide el fiscal por este delito para ambos, a la vez que les reclama 800.000 y 600.000 euros, respectivamente.

Asimismo, la Fiscalía pide la imposición de una pena de dos años y cuatro meses de cárcel para el cabecilla de la organización por tenencia ilícita de armas cortas modificadas y con los números de series borrados, así como una multa de 3.600 euros por un delito continuado de conducción de vehículo sin permiso. Para su pareja sentimental, M.T.M., la acusación requiere una pena de 4 años de prisión y 60.000 euros de multa por un delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas, ya que custodiaba presuntamente 25.410 euros en una caja fuerte de su domicilio de El Rompido "con perfecto conocimiento" de que provenía del narcotráfico.

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