EL DIRECTOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE RECLAMA LA CREACION DE UNA POLICIA FISCAL DEPENDIENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.

Para de Alfonso estos policias especializados deberian depènder de la Agencia Tributaria, oficina altamente especializada en la persecución del fraude que ha contribuido a destapar grandes casos de corrupción en España.

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, ha pedido la creación de una policía fiscal, que dependa de la Agencia Tributaria en vez del Ministerio de Interior, para reforzar la persecución de la corrupción y los delitos económicos.

En una entrevista con Efe, De Alfonso ha resaltado lo eficaz que podría resultar un cuerpo de policías especializados en la persecución de los delitos económicos, dado que en ocasiones el éxito de las investigaciones contra la corrupción depende del correcto análisis de los datos financieros.

Para De Alfonso, ese cuerpo de agentes especializados debería disponer de autoridad, pero para su mejor funcionamiento sería preferible que no dependiera de la Policía Nacional sino de la Agencia Tributaria, oficina altamente especializada en la persecución del fraude que ha contribuido a destapar grandes casos de corrupción en España.

De Alfonso considera que, con esa policía fiscal, las investigaciones judiciales serían "menos costosas y más ágiles" que cuando están en manos de jueces y fiscales.

Como ejemplo, el director de la OAC, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, señala lo lenta que puede llegar a ser una comisión rogatoria remitida por un juez para investigar una cuenta bancaria en el extranjero, un asunto que con un cuerpo de policías fiscales infiltrados podría averiguarse en mucho menos tiempo.

De Alfonso apuesta por esa policía fiscal desde su experiencia en la OAC, donde ha comprobado que, en muchas ocasiones, "la llave del éxito radica en el correcto examen de los documentos a nuestro poder, de encontrar la grieta por la que se está malversando esa suma de dinero que estamos buscando".

En los apenas seis meses que lleva en el cargo, De Alfonso ha detectado que la actividad de la OAC sigue la tónica de los años anteriores, en que la mayoría de investigaciones las han concentrado los ayuntamientos por asuntos relacionados con el urbanismo.

Según el magistrado, a lo largo del 2011 la Oficina Antifraude investigó asuntos en los que estaban en juego cantidades que sumaban en total 5.000 millones de euros, muchas de ellas vinculadas al negocio urbanístico, así como al blanqueo de capitales y otros tipos de fraude.

Últimamente, sin embargo, parece haberse producido un cambio de tendencia, dado que están aumentando las denuncias contra ayuntamientos por irregularidades en contratación y adjudicaciones de proyectos.

Aproximadamente un 20% de las denuncias remitidas a la OAC se envían a la Fiscalía, otro 30% se archivan, un 15% derivan en propuestas de sanción al organismo competente y el resto acaban en informes razonados.

Esos informes, que responden a hechos que no se apartan lo suficiente de la legalidad para integrar delito o falta administrativa pero constituyen malas conductas, son objeto de seguimiento a los seis meses por parte del personal de la Oficina Antifraude para comprobar que las administraciones investigadas cumplen sus recomendaciones.

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