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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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miércoles, 19 de octubre de 2011

LA JUEZA QUE INVESTIGA LA OPERACION CAMPEON ENTREGA EL CASO A LOS AGENTES DEL SVA

Estela San José, la juez de Lugo que instruye el sumario por el fraude en la concesión de subvenciones públicas en Galicia, un escándalo que ha salpicado al ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, desconfía de la policía y la Guardia Civil. O más exactamente de las Fuerzas de Seguridad de la capital lucense, cuyos principales mandos están imputados por su presunta implicación en la Operación Carioca, una gigantesca trama de corrupción vinculada a la prostitución en la que supuestamente participaban decenas de policías nacionales, guardias civiles y agentes locales.

San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, rechazó desde un principio poner en manos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil la investigación de la llamada Operación Campeón contra el fraude en las ayudas públicas en Galicia, uno de cuyos imputados, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, ha acusado a Blanco de cobrar 400.000 euros en comisiones a cambio de facilitar trámites para sus negocios. La trama corrupta fue descubierta de forma casual por el Servicio de Vigilancia Aduanera, que seguía la pista a un cargamento de droga y que, tras los pinchazos telefónicos autorizados por San José, se encontró con un botín inesperado.

A partir de ese momento, la juez, lejos de pedir la colaboración de la policía y la Guardia Civil de Lugo para que se hiciesen cargo de las pesquisas, siguió confiando la investigación al Servicio de Vigilancia Aduanera, un cuerpo dependiente de la Agencia Tributaria y especializado en la lucha contra el contrabando, cuyos funcionarios tienen la condición de agentes de la autoridad y pueden utilizar armas de fuego. Así lo han confirmado a El Confidencial fuentes muy cercanas al Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, versión también ratificada por fuentes del Cuerpo Nacional de Policía de la capital gallega. "Aquí pagamos justos por pecadores, pero los recelos de la juez están justificados", reconocía ayer a este diario un mando policial.

Mandos policiales imputados

San José tenía motivos para dudar de la eficacia y la lealtad de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sobre todo tras destaparse que sus máximos responsables, el comisario provincial de Lugo, Maximino Losada, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Gonzalo Borrás, además del ahora coronel del instituto armado José Herrera, todos ellos imputados, estaban presuntamente implicados en una red de prostitución y proxenetismo en la que también colaboraban decenas de agentes bajo su mando.

Hace ahora dos años, en octubre de 2009, la juez Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y compañera de San José, ordenó las primeras detenciones por la Operación Carioca a raíz de la denuncia de una inmigrante ilegal que había sido forzada a ejercer la prostitución en un club de alterne. La operación sacó a la luz una trama de enormes proporciones en la que los supuestos proxenetas actuaban con total impunidad gracias a la connivencia de las Fuerzas de Seguridad.

Según consta en el sumario que instruye la juez De Lara, cuya investigación sigue abierta y en el que hay cerca de un centenar de imputados -entre ellos Losada, Borrás y Herrera-, policías y guardias civiles hacían la vista gorda para que los proxenetas introdujeran en Lugo inmigrantes ilegales, en su mayoría procedentes de Latinoamérica, con destino a sus burdeles. Los agentes coaccionaban a las mujeres, les facilitaban contratos de trabajo irregulares, paralizaban órdenes de expulsión e incluso alertaban a los proxenetas de los preparativos de una redada. A cambio recibían supuestamente dinero, droga o favores sexuales de las prostitutas, algunas de las cuales han testificado ante la juez a cambio de ser amparadas bajo la figura del testigo protegido.

La Operación Carioca provocó otra carambola judicial. Y ésta le tocó a San José. La juez que investiga el fraude de las ayudas públicas y el presunto cobro de comisiones por parte de Blanco destapó, a raíz de las intervenciones telefónicas ordenadas por su compañera De Lara contra la red de prostitución, una trama de retirada fraudulenta de multas en la Jefatura de Tráfico de Lugo. Aquél escándalo le costó el cargo al jefe provincial de Tráfico y al subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. Y, de paso, le granjeó a San José nuevas enemistades.

Acoso, presiones y calumnias

La juez ha sido reiteradamente acosada e insultada desde diversos foros en internet que suelen utilizar muchos guardias civiles, amparados en el anonimato, como vehículo de expresión. En uno de los más populares, El Faro Verde, San José fue calumniada entre 2007 y 2009 como consecuencia de un caso de violencia machista contra un agente del instituto armado que tramitó en su juzgado. Además, tanto ella como De Lara han denunciado en varias ocasiones la falta de colaboración, cuando no la obstrucción, de los mandos de las Fuerzas de Seguridad en Lugo a sus investigaciones.

Las presiones a San José y De Lara, involuntariamente convertidas en jueces estrella por la trascendencia de los sumarios que instruyen en Lugo, han provocado incluso el nacimiento de una plataforma ciudadana de apoyo a ambas y en contra de la corrupción. La plataforma hizo público un manifiesto el pasado día 10 en el que, tras denunciar los ataques dirigidos contra San José y De Lara desde distintos ámbitos políticos, económicos y policiales de la capital gallega, afirma: "Son mujeres que tienen por bandera la justicia y que se dejan la piel cumpliendo con el puesto que les ha sido asignado con humildad, humanidad y sin concesión de privilegios para nadie".

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