EL SVA DESTAPA UN FRAUDE EN EL IVA.

Los juzgados de Málaga investigan media docena de fraudes fiscales cometidos en operaciones internacionales en las que, por una parte, se ha conseguido que Hacienda devuelva cantidades millonarias en concepto de deducciones de IVA a pesar de que nunca se llegaron a ingresar y, por otra, se ha torpedeado el mercado colocando productos a precios en torno a un 10% más baratos. Las redes internacionales han descubierto un hueco en la legislación impositiva europea que les permite, mediante artificios societarios, lograr que la Hacienda pública española les devuelva importantes cantidades en impuestos que, en realidad, nunca se han llegado a pagar. Este fraude se centra especialmente en los productos informáticos y los aparatos de telefonía móvil.

La legislación comunitaria reguló con carácter provisional, aunque así se ha mantenido con el paso de los años, que las operaciones de importación que se hicieran en segundos países dentro de las fronteras de la Unión Europea no pagaran el IVA hasta que se produjera la venta en el país de destino. Ahí es donde comienza este juego fraudulento, con las denominadas sociedades trucha. Se trata de entidades que se dan de alta para realizar operaciones en el exterior, generalmente administradas por un testaferro al que resulte difícil perseguir después o exigir responsabilidades por el fraude fiscal.

Esa sociedad realiza una compra en un país comunitario. A partir de ahí se interpone una red de sociedades que compran y venden esa mercancía de forma consecutiva, de modo que resulte complicado determinar la vinculación entre la primera y la última. Cuando se produce la venta la trucha emite una factura en la que figura el importe correspondiente por IVA, pero nunca declara ni ingresa esas cantidades en las arcas del Estado. Sin embargo, la compradora sí declara el impuesto y exige su deducción.

En cada una de las operaciones intracomunitarias detectadas en Málaga se investigan fraudes en el IVA de que ascienden a 6 millones de euros, según los datos que maneja el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, el jurista Antonio González. A estos casos se suma otro registrado en Málaga en el que se presumen 100 millones defraudados y que finalmente indaga la Audiencia Nacional.

El responsable de este área precisa que con el paso de los años se ha apreciado una complejidad creciente en estos engaños: "Cada vez aparecen más sociedades en más países", apunta, al tiempo que las organizaciones utilizan a su favor las facilidades de pago que da la Agencia Tributaria para distraer su actividad. Formalmente el IVA se tiene que declarar trimestralmente. Sin embargo, las empresas tienen la opción de alargar hasta enero del ejercicio siguiente el periodo para regularizar sus cuentas con Hacienda. Es decir, que desde que se produce una venta ficticia y se supera el periodo de pago puede transcurrir un año y, sin embargo, la Administración está obligada a devolver el IVA en tramos mucho más cortos. O sea, antes de que se detecte una operación sospechosa ya se ha obtenido la devolución del impuesto y para entonces, además, la trucha puede ya estar desaparecida.

Además, han aparecido en el mercado estructuras societarias creadas de antemano y listas para el fraude a cambio de una comisión sobre los ingresos obtenidos. El carrusel del IVA es un paso más en este tipo de estafas a las arcas públicas. En estos casos la mercancía cuando llega al final de su recorrido vuelve a ser vendida a otra trucha que la vuelve a poner en circulación de nuevo para desgravarse un IVA que nunca se ha ingresado. Y el caso más arriesgado es el del carrusel documental en el que ya ni siquiera es necesario mover la mercancía, porque simplemente se mueven los documentos acreditativos de operaciones que en realidad no existen y por las que no se han pagado tributos que, sin embargo, sí se deducen.

Estas operaciones llegan a la Fiscalía a través de denuncias de la Agencia Tributaria y de su brazo policial, el Servicio de Vigilancia Aduanera. Primero el Ministerio Fiscal inicia diligencias de investigación que habitualmente concluyen con la interposición de una denuncia en un juzgado. En 2007 la Fiscalía General del Estado emitió una instrucción a todas las fiscalías territoriales del país en la que se instaba a "potenciar" la eficacia de las investigaciones dirigidas a reprimir "las tramas o redes de defraudación".

En esa instrucción se encomienda a las secciones especializadas en delitos económicos la persecución de estas actividades y ordena que en aquellas fiscalías donde no haya operativas áreas específicas se designe a un fiscal concreto para que se ocupe de este cometido.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/841583/los/juzgados/investigan/seis/fraudes/iva/negocios/internacionales.html