El valor de la mercancía aprehendida por Vigilancia Aduanera (SVA) en el
caso Algesa se cifra en 1.012.910 euros; según recoge el inventario
elaborado por los funcionarios de este Cuerpo de seguridad e incluido en
el expediente abierto tras la detención de los tres directivos de la
compañía pública el 24 de abril. Una documentación que ya maneja el
Ayuntamiento de Algeciras, que se encuentra incorporada a las
diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de
la ciudad y que se entregó ayer a los portavoces de los cuatro partidos
presentes en el pleno del Consistorio. Unos informes a los que tuvo
acceso Europa Sur.
En total, el atestado de los agentes del SVA recoge que se
interceptaron 3.410 prendas de vestir y complementos de distintas
marcas: camisetas deportivas, equipaciones del Real Madrid, zapatillas,
relojes y calzoncillos, entre otros [ver tabla adjunta]. Un material
"presuntamente falsificado" de 12 marcas de primera línea: Nike, Adidas y
Calvin Klein, por ejemplo.
A preguntas de este periódico, el portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Luis Ángel Fernández, indicó que estas empresas
comerciales aún no se han personado en el proceso judicial. "A fecha del
viernes pasado", precisó el representante del equipo de gobierno. "Eso
es una decisión que le competería a ellas. El Juzgado les ofreció
acciones a todos los que ha entendido que pueden ser partes
perjudicada", apuntó el delegado municipal, quien incidió en que el
Consistorio se incorporó motu proprio al proceso: "Para hacer un seguimiento directo y no por recortes de prensa".
Paralelamente, este diario también tuvo acceso al auto de 4 de
mayo dictado por el titular del número 1 de Instrucción -también en
posesión de la corporación municipal-, Miguel del Castillo del Olmo, que
señaló que las diligencias previas se iniciaron por la supuesta
comisión de los tres directivos de Algesa de un delito contra la
propiedad industrial. "Que recaería sobre mercancía destinada a
destrucción (prendas falsificadas procedentes de Aduanas) que podría
obtener un gran valor en el mercado, según iniciales estimaciones de la
policía", apuntó el juez en dicho documento. De esta forma, el
magistrado mantuvo por ahora sólo uno de los delitos señalados
inicialmente por el SVA en su atestado, que había incluido también otro
de apropiación indebida. Eso sí, el responsable de dicho Juzgado
apostilló en su auto que esta primera estimación se realiza en base a la
existencia de indicios y "sin perjuicio de una más depurada valoración
que se efectuará tras la práctica del resto de diligencias de
investigación".
Este auto, que dictó el magistrado tras escuchar a los tres
imputados, obliga a los directivos a comparecer ante el tribunal el 1 y
15 de cada mes. Una disposición basada en una serie de razonamientos
jurídicos del titular de Instrucción, que calificó de "exagerado
desconocimiento" el demostrado por los directivos en sus comparecencias
al respecto de las mercancías que transportaban en vehículos "de no
habitual uso para el fin declarado, en el momento de su detención".
El juez afirmó en ese auto que se produjo un reparto del
material aprehendido en tres automóviles; por lo que, según expuso Del
Castillo, debió haber una "necesaria selección para su distribución" en
dichos medios de transporte. Una máxima que, tal y como recoge ese
documento, negaron los imputados. "Cuando no tendrían que hacerlo si es
cierto que sólo lo hallado en el vehículo del gerente iba a una
asociación de mujeres maltratadas", reza al auto, que añade que se
ofrece una "explicación doble y acaso inconciliable" del reparto: "Por
un lado se dice que parte vaya a una asociación y por eso se entrega al
gerente; y, por otro, parece que el reparto no se habría producido de no
darse la avería o razones mecánicas que con sumo detalle explican los
tres imputados".
A su vez, el magistrado también incidió en que tampoco parece
muy claro que sea lógica la presencia del gerente, jefe de taller y jefe
de servicio simultáneamente "a la hora en que se produce" la
distribución del material incautado en los tres vehículos. "Sea más
lógico pensar que la presencia de estas personas en el Punto Limpio
obedece a un concierto previo", recoge el auto de Del Castillo, que
afirma que el destino de la mercancía "podría ser la comercialización"
dado su enorme valor.
Paralelamente, según recoge el expediente del SVA incluido en
las diligencias previas, Aduanas acordó con una empresa de transporte la
retirada, limpieza y destrucción de la mercancía intervenida en el
recinto aduanero de Tarifa. Una compañía que -según dicho documento de
la Agencia Tributaria, entregado a los partidos presentes en el pleno, y
según la propia declaración del propietario de la sociedad-, habría
contactado supuestamente con el jefe de servicio de Algesa para realizar
la destrucción del material en las instalaciones de la empresa pública.
Este expediente de las fuerzas de seguridad incluye la declaración de
un Guardia Civil, un agente de Aduanas y el dueño de dicha compañía de
transportes; que afirmaron que la mañana del 24 de abril se dirigieron
hasta el Punto Limpio con un camión que contenía las prendas
supuestamente falsificadas.
Allí, entonces, se habría procedido a trasvasar la mercancía a
un segundo camión. "Utilizado para la recogida de basura, que sería el
encargado de destruirlas", se apunta en la exposición de hechos de los
efectivos de la Agencia Tributaria, que inciden en que después -por
indicaciones del jefe de Aduanas de Tarifa desplazado hasta el enclave-
se vertió el contenido en una tolva; y que, a su vez, el material se
depositaría en otro contenedor para llevarlo hasta el vertedero.
"Teniendo conocimiento que la mercancía no había sido destruida y que
pudiera ser desviada al mercado ilícito, después de que la empresa
Algesa hubiese simulado la destrucción de la misma, se dispone un
operativo en torno a dicha instalación", reza el expediente del SVA
entregado ayer a los portavoces.
Una actuación que se saldó con la detención de los tres
directivos de la compañía, que conducían tres vehículos -un particular y
dos automóviles de Algesa-; donde se encuentra la mercancía.
En otro orden de cosas, el gerente manifestó en la toma de
declaración por parte de Aduanas -entregada también ayer a los grupos
políticos- que se dirigía con el material hallado en su coche hacia su
casa de San García, porque le habrían dicho "que es mercancía que se
puede coger, que no tienen importancia". Una afirmación que después
matizó ante Instrucción, según recoge la documentación facilitada al
Ayuntamiento; ya que expuso que esas prendas se encontraban separadas y
las portaba a su domicilio para donarlas a una asociación benéfica de
mujeres maltratadas. Por su parte, el jefe de taller y de servicio
indicaron en su declaración ante Del Castillo que en un principio se
dirigían al vertedero con el resto de la carga, pero que finalmente
decidieron trasladarla hasta las instalaciones de Botafuegos "dada la
hora que era".
http://www.europasur.es/article/algeciras/1258374/la/mercancia/incautada/caso/algesa/supera/millon/euros.html
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