MADRID- El empresario siderúrgico José María Aristrain, a quien se le investiga por la posible comisión de un delito fiscal que podría alcanzar la cifra de 90 millones de euros, ha declarado ya ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad madrileña de Pozuelo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Esa comparecencia judicial se realizó un día después de que agentes policiales registraran su domicilio y un despacho profesional en Madrid.
La investigación a Aristrain comenzó tras una denuncia que presentó la Agencia Tributaria en la Fiscalía de Madrid, con la que aportó una importante documentación relativa a unos presuntos impagos de sus obligaciones tributarias en uno de los ejercicios pasados. Esa denuncia determinó que el Ministerio Público abriese unas diligencias de investigación, dentro de las cuales se analizaron los documentos remitidos por Hacienda.
Como consecuencia de ello, la Fiscalía entendió que había indicios de un posible delito fiscal, por lo que presentó la correspondiente querella en los juzgados de Pozuelo, a los que corresponde por el domicilio del empresario. Con esa acción penal, además de judicializar la investigación, se evitaba la posible prescripción del delito.
Una vez que el Juzgado de Instrucción número 4 se hizo cargo de la instrucción, ordenó la práctica de determinadas diligencias, entre las que figuraban la entrada y registro del domicilio de Aristrain y su despacho profesional, donde los agentes incautaron determinados documentos que están siendo analizados, llevada a cabo la pasada semana. El día siguiente, el empresario acudía a la sede judicial para prestar declaración, según las citadas fuentes consultadas por este periódico.
Residencia legal y real
Lo esencial en este procedimiento es determinar si Aristrain, quien figura como la novena fortuna española, residía efectivamente en Suiza en las fechas en que presuntamente incumplió sus obligaciones con el fisco español, el cual es el argumento que esgrime el empresario. En este sentido, sostiene que no incurrió en irregularidad alguna toda vez que en el país helvético pagó los correspondientes impuestos. Sin embargo, destacan al respecto fuentes jurídicas, «una cosa es dónde un ciudadano tenga legalmente fijada su residencia y otra distinta es dónde viva realmente» la mayor parte del año.
Y es que para que un español no tenga obligación de presentar las correspondientes declaraciones y tributar a Hacienda debe residir en un país extranjero al menos la mitad del año más un día, e igualmente debe tenerse en cuenta dónde radican los centros de trabajo de los que obtiene sus ingresos principales.
Tres momentos decisivos
1.- Denuncia de la Agencia Tributaria
La Fiscalía de Madrid recibió la denuncia de la Agencia Tributaria, junto a una importante documentación de la que supuestamente se desprendía la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte del importante empresario siderúrgico.
2.- Querella de la Fiscalía de Madrid
Una vez recibida la denuncia de Hacienda, el Ministerio Público incoó las correspondientes diligencias de investigación. Al finalizar las mismas entendía que había indicios de delito, por lo que presentó una querella contra el empresario por delito fiscal en los juzgados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
3.- Registro y declaración judicial
La querella correspondió al Juzgado de Instrucción número 4, que se creó el pasado mes de enero. Su titular ordenó la práctica de determinadas diligencias, entre ellas la entrada y registro en el domicilio de Aristrain, que se efectuó la pasada semana. Al día siguiente, declaró ante el juez
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