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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 28 de febrero de 2014

LA UE PERMITE LA DESTRUCCIÓN EXPRESS DE PEQUEÑOS ENVÍOS EN LAS ADUANAS

pasado 1 de enero se empezó a aplicar en la UE el nuevo reglamento nº 608/2013 de vigilancia aduanera en protección de la propiedad industrial e intelectual. El objetivo es prevenir la presencia de productos falsificados en el mercado de la UE y adoptar las medidas necesarias para retener las mercancías que se introducen de manera creciente a través de pequeños envíos de pedidos de compras por Internet, hasta ahora muy difíciles de controlar, ya que estos pequeños paquetes evitaban sobrepasar los límites de lo que puede ser inspeccionado o se pueda entender para uso propio.
Según ha podido averiguar este periódico, el titular de la primera intervención de aduanas concedida en España con alcance nacional es MGA Entertainment, seguido de Columbia Sports Wear Company, Avon España y una compañía del grupo Chanel. Los titulares de las dos primeras intervenciones de aduanas concedidas en España con alcance a toda la UE son dos empresas del grupo Pernod Ricard.
Elzaburu acaba de recibir notificación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales anunciándole la concesión de diversas solicitudes de intervención aduanera (AFA) siguiendo el procedimiento establecido en el nuevo reglamento comunitario. Elzaburu se convierte así en el primer despacho español en obtener la protección aduanera, tanto a nivel nacional como con alcance a toda la UE. Los primeros interesados en seguir solicitando la protección que confiere el nuevo reglamento son las marcas de lujo, en concreto, de relojes, textiles y moda, y las de productos electrónicos, reseña Juan José Caselles, jefe de departamento antipiratería de Elzaburu.
El nuevo reglamento protege marcas, diseños industriales, derechos de autor o derechos afines, indicaciones geográficas, patentes, certificados complementarios para medicamentos y productos fitosanitarios, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y nombres comerciales, así como dispositivos para la elusión de medidas tecnológicas de protección de derechos de autor y moldes o matrices para la fabricación de mercancías infractoras.
Se excluyen las mercancías no comerciales contenidas en el equipaje personal de los viajeros –siempre que la aduana considere que no tienen fines comerciales–, las importaciones paralelas y las sobreproducciones no autorizadas.
En vista de las últimas tendencias en la distribución de productos falsificados (las compras por Internet), el reglamento establece un nuevo procedimiento para la destrucción de pequeños envíos de mercancías. Se define como pequeño envío aquel efectuado por correo postal o servicios de mensajería que contenga tres o menos unidades o tenga un peso bruto inferior a dos kilogramos. Según este procedimiento, las aduanas notificarán la retención del paquete a su destinatario sin contactar con el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial y conceden al primero el plazo de 10 días para consentir su destrucción. Si en ese plazo no se opone a la destrucción, las mercancías serán destruidas.
Si el importador se niega a destruir el producto, se comunica al titular del derecho y se establece el procedimiento de destrucción obligatorio cuando en el plazo de 10 días el dueño lo solicite.
Se establece la posibilidad del levante anticipado de mercancías antes de que concluya el procedimiento judicial en caso de diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, topografías de productos semiconductores u obtenciones vegetales, siempre que el titular de las mercancías haya aportado una garantía suficiente para proteger los intereses del titular del derecho y que la autoridad judicial competente no haya autorizado ninguna medida cautelar.
El titular de la intervención reembolsará los costes en que hayan incurrido las autoridades aduaneras u otras partes que actúen en su nombre (por almacenaje, manipulación y destrucción) y asumirá los costes de las traducciones necesarias. Los gastos se podrán repercutir al infractor.
¿Llega un reloj falso al destino?
Se puede comprar un reloj falso por Internet, pero cada vez es más probable no llegar a recibirlo: a la entrada en la UE se le aplicará el reglamento relativo a la intervención por parte de las autoridades aduaneras de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual y, por tanto, será retenido y, en su caso, destruido. Así lo resolvió la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el 6 de febrero de 2014. Los hechos se remontan a enero de 2010, cuando un ciudadano danés compró un Rolex en una web china. El paquete fue remitido desde Hong Kong a Dinamarca, siendo retenido por la aduana. El importador se opuso a la destrucción por haberlo comprado para uso personal, pero el Tribunal no lo entendió así.

martes, 25 de febrero de 2014

OPERACIÓN "RED": INTERVENIDOS 780 KILOS DE HACHIS EN EL DOBLE FONDO DE UNA EMBARCACIÓN DE RECREO

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha aprehendido 780 kilos de hachís en una embarcación de recreo cerca de la costa de Huelva dentro de la operación denominada 'Red', iniciada a las 6,00 horas del pasado domingo cuando el patrullero de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria 'Alcatraz I', con base en Huelva y en misión de patrulla, control y vigilancia rutinaria de las costas andaluzas, detectó la presencia de un objetivo sospechoso: una embarcación del tipo neumática semirrígida de 10 metros de eslora y dotada con varios motores.Según informa la agencia en un comunicado, la lancha se encontraba abarloada a una embarcación de recreo realizando labores de trasiego de bultos entre ambas y una hora después, aproximadamente, la neumática puso rumbo hacia las costas marroquíes, mientras que la de recreo navegaba sin luces hacia las costas onubenses.Los funcionarios de la Agencia Tributaria dispusieron un sigiloso dispositivo de vigilancia y seguimiento con medios aeronavales sobre esta embarcación que se prolongó hasta las 08,00 horas, cuando el patrullero 'Alcatraz I' le dio el alto y procedió a su abordaje.En una primera inspección ocular no se observó nada sospechoso, pero una inspección más minuciosa permitió localizar un doble fondo donde se encontraban ocultos bultos de arpillera y rafia, utilizados comúnmente para el transporte de drogas.Acto seguido, fueron detenidos dos tripulantes, ambos de nacionalidad española y que responden a las iniciales D.T.G., vecino de Punta Umbría, y J.A.A.G., vecino de Lepe y propietario de la embarcación intervenida. A ambos se les imputa un presunto delito de contrabando y contra la salud pública.Una vez realizado un recuento exhaustivo de la droga aprehendida, esta arrojó un peso de 780 kilos de resina de hachís, repartidos en 26 paquetes de diferentes formas, tamaños y pesos.La investigación de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Huelva continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas. Los detenidos, la droga aprehendida y la embarcación intervenida han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción numero cinco de Huelva, en funciones de guardia.La operación 'Red' forma parte de un dispositivo especial de vigilancia que realiza el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria en las costas andaluzas y sobre embarcaciones potencialmente susceptibles de dedicarse a actividades ilícitas.

lunes, 24 de febrero de 2014

MODIFICADO EL BORRADOR DE JUSTICIA UNIVERSAL PARA PODER ASALTAR BUQUES CARGADOS CON ESTUPEFACIENTES

El Ministerio del Interior se ha movido con rapidez para retocar un artículo de la reforma de la ley que limita la llamada justicia universal, que previsiblemente será aprobada el próximo jueves en el Congreso. La redacción inicial impedía, o al menos dificultaba mucho, la posibilidad de que la policía asaltara barcos cargados con droga en aguas internacionales. Gracias a la nueva redacción, Interior considera que la aprehensión de narcobarcos seguirá siendo factible.

El pasado 17 de enero, el portavoz del PP cursó en el Congreso una proposición para modificar la ley orgánica del Poder Judicial de julio de 1985, relativa a la justicia universal, hasta prácticamente dejarla en nada. La iniciativa únicamente cuenta con el respaldo del partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy. Ningún otro grupo apoyará esta reforma exprés que busca acabar con los conflictos diplomáticos derivados de la persecución de delitos fuera de territorio español, sobre todo el surgido recientemente con China por la investigación del genocidio en Tíbet. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha admitido sin ambages que su interés es eliminar la justicia universal porque “solo provoca conflictos”.

El Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha aceptado tramitar esta reforma legislativa mediante una vía parlamentaria que permite eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación del clítoris que sufren mujeres fundamentalmente africanas, y la pederastia. Además, obligará a archivar decenas de sumarios judiciales, como el relativo a la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, en 2003 en Irak, por disparos de soldados de Estados Unidos.

Las mafias suelen utilizar buques con bandera de conveniencia o son simplemente piratas con pabellones falsos
Tanto partidos de la oposición como grupos de juristas creen que la modificación legislativa abrirá espacios de impunidad que dificultarán la investigación de graves delitos de crimen organizado internacional como el narcotráfico, y dejará desprotegidas a mujeres víctimas de mutilación genital o que sufren explotación sexual.

Muchos de los colectivos afectados por la reforma legislativa la han criticado abiertamente, pero han sido incapaces de organizarse y hacer un frente para frenarla. Sin embargo, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), dependiente del Ministerio del Interior, alertó a sus jefes de que el proyecto del PP impediría la captura de barcos del narcotráfico en alta mar. “Estaba redactado de tal forma que dejaba abierta la posibilidad de que un abogado astuto de una red criminal echara por tierra una operación policial”, explica a EL PAÍS una fuente del CICO.

El proyecto del PP establecía que la policía, la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera sólo podrían asaltar y aprehender en aguas internacionales una embarcación con drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes cuando “el procedimiento se dirija contra un español, cuando el delito se hubiera cometido a bordo de una nave que hubiera sido abordada o inspeccionada por las autoridades españolas con autorización del Estado de su pabellón y lo autorice expresamente un acuerdo o arreglo regional o bilateral, y cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español”.

El confuso y abstruso redactado de la norma venía a suponer que tan solo podría ser asaltado un barco si se deban todas las premisas contenidas en ella. Sobre todo, si a partir de ahora se requeriría “la autorización expresa del país cuya bandera enarbola un barco” o bien la existencia de un acuerdo bilateral entre España y ese país. Y es que muchas de las más de 50 naves que han sido asaltadas en aguas internacionales por los GEO de la policía en sus 35 años de historia lo han sido sin la autorización expresa de los países cuyos pabellones nacionales lucían los barcos.

Un negocio ilegal que afecta a Europa

El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) considera que el abordaje de narcobarcos forma parte de los “compromisos internacionales” de España y está respaldado por el artículo 17 de la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Este convenio faculta a los Estados a asaltar buques, aunque imponiéndoles la obligación de “informar con prontitud al Estado del pabellón de los resultados de esa medida”. El CICO tiene un servicio de 24 horas al día para cumplir con esa obligación.
Altos mandos de la policía resaltan, además, que España forma parte del MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico) junto con Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Se trata de una organización creada en 2007 para combatir la entrada de drogas por vía marítima en Europa. Los siete países realizan redadas conjuntas (en una de las últimas operaciones de la policía española participaron aviones de la Guardia di Finanza italiana). Desde su creación, las fuerzas del MAOC-N se han incautado de 80 toneladas de cocaína y más de 60 toneladas de cannabis.
Expertos de la policía, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera coinciden en que en tras la mayoría de los buques apresados en aguas internacionales hay españoles o bien redes multinacionales que pretenden asentarse en España para distribuir droga a toda Europa. Este hecho, según estas fuentes, justifica que siga habiendo “una justicia universal contra el narcotráfico”.
La mayor parte de los barcos del narcotráfico utilizan banderas de conveniencia o son simplemente piratas con pabellones falsos o de pequeños países con los que no hay ningún convenio bilateral. “Lo que suele hacer la policía es comunicar con el país cuya bandera enarbolan y solicitar permiso para asaltarlo. Si el país en cuestión no contesta en 24 horas, tomamos el barco. Hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo español que avala este procedimiento aun reconociendo que es un procedimiento irregular”, asegura una fuente del CICO.

El Ministerio del Interior y el de Justicia han retocado el artículo legal elaborado por el PP, de forma que no se exija la concurrencia de todas las condiciones que imponía el borrador inicial, sino que solo es preceptivo que se de una de ellas para poder tomar un barco al abordaje. Basta así, por ejemplo, con que la nave haya sido “inspeccionada” por las autoridades españolas.

Fuentes de Interior creen que la nueva redacción del artículo referido a la captura de barcos de la droga saldrá adelante en el Congreso sin dificultades. Consideran también que está acorde con lo que el Grupo Popular establece en la exposición de motivos de la reforma legislativa: “Que la extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el derecho internacional, deben ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos”.
Elpaís

sábado, 22 de febrero de 2014

RESCATADOS LOS DOS JÓVENES QUE PERMANECÍAN DESAPARECIDOS AL SALIR A PESCAR EN LA COSTA GRANADINA

Una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha rescatado hoy a unos quince kilómetros de la costa granadina a los dos jóvenes pescadores que desde anoche estaban siendo buscados y que se encontraban en buenas condiciones.

Según han informado a Efe fuentes del dispositivo de búsqueda, la localización se ha producido pasadas las 12.00 horas por un avión de Salvamento Marítimo, que los ha encontrado a unas nueve millas de la costa.

Los dos jóvenes salieron a pescar a las ocho de la tarde de ayer con una pequeña barca neumática a remos y sin motor y tres horas después un amigo llamó al servicio de emergencias alertando de que habían perdido contacto con ellos, por lo que se activó la búsqueda con el helicóptero y la embarcación de Salvamento Marítimo.

Al parecer, un golpe de mar los alejó de la costa y no podían comunicarse con sus amigos al no llevar móviles, aunque estaban tranquilos porque sabían que los estaban buscando, han relatado al ser rescatados.

Los dos pescadores, que han sido trasladados al hospital para una revisión rutinaria, llegaron al puerto a bordo de la embarcación Colimbo II de Vigilancia Aduanera y les esperaban familiares y amigos.

Según han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112, en la búsqueda han participado efectivos de Salvamento Marítimo con un avión, un helicóptero y la embarcación "Salvamar Hamal", dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Cruz Roja y el Servicio de Vigilancia Aduanera

jueves, 20 de febrero de 2014

LA TRIPULACIÓN DEL "RATONERO" SE ENFRENTA A PENAS DE 148 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE 1800 MILLONES DE EUROS

Penas que suman 148 años de prisión y multas por valor de 1.800 millones de euros. Esta es la condena que solicita la Fiscalía Antidroga de Pontevedra para los 9 procesados por los 3.600 kilos de cocaína intervenidos en el pesquero grovense Ratonero en 2012 cuando navegaba con el alijo desde Sudamérica a Vigo. El Ministerio Público pide, además, el comiso del pesquero y también de la gran lanzadera que debía recoger la droga y fue varada por sus pilotos en la isla de Madeira tras conocer que el barco había sido apresado.

El fiscal antidroga, Luis Uriarte, imputa a todos los procesados por un delito de tráfico de drogas de notoria importancia y otro de pertenencia a organización delictiva. Así, solicita 16 años de prisión para los tripulantes del Ratonero y los tres pilotos de la planeadora. Una pena que eleva a 17 años para el patrón del pesquero, el grovense José Luis Devesa y a 19 años y medio de cárcel para el colombiano Anyer Eduardo Holguín, representante del cártel dueño de la droga que viajaba en el barco para controlar la entrega. Fija las multas para el patrón del pesquero y el colombiano en 300 millones de euros cada uno, mientras que pide 200 millones para cada uno de los tripulantes.

La petición de la Fiscalía incluye, además, la petición de que ninguno de ellos la mayoría marineros de profesión- pueda desempeñar cualquier actividad profesional o lúdica relacionada con la navegación durante un tiempo de 15 años posterior a las penas privativas de libertad.

En concreto pide que se aplique esta prohibición a José Luis Devesa, Álvaro Agustín Verdera Viera, Anyer Holguín, José Francisco Fernández Suárez, Albino González Pérez Jorge Cono Fernández Barral, José Manuel Cores Losada, José Antonio Búa Padín y Baltasar Vidal Durán.

Cores Losada y Búa Padín acompañaban al legendario Baltasar Vidal "Saro" en la lanzadera que debía recoger la droga del pesquero. El 21 de febrero de 2012 abandonaron la ría de Arousa en una embarcación semirrígida de 14 metros de eslora y provista de cuatro motores de 300 CV de potencia cada uno en busca del Ratonero. El transbordo de la droga iba a realizarse en alta por lo que el Ratonero llevaba combustible suficiente para que repostara la planeadora. Vieron que el Petrel del Servicio de Vigilancia Aduanera había apresado al pesquero y huyeron a toda velocidad, abandonando la lanzadera en la costa de Madeira. Días después fueron apresados en la isla donde se hacían pasar por italianos.

La organización fue desarticulada en una operación dirigida por la magistrada de Instrucción 3 de Vigo, Marisol López, y la cocaína ha sido valorada en 90 millones de euros.

martes, 18 de febrero de 2014

INTERVENIDOS 106 KILOS DE COCAÍNA EN CANARIAS

La Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera se han incautado de 106 kilos de cocaína en el puerto de La Luz tras inspeccionar un contenedor de un buque procedente de Brasil que hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria en su trayecto hacia un puerto de África.

Las autoridades han permitido al Anadir continuar con su ruta prevista, pero el contenedor ha quedado requisado en el puerto, han señalado las fuentes, que han precisado que la operación sigue abierta y se ha puesto en conocimiento del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

La operación se llevó a cabo al recibir información de la Policía brasileña que alertaba de que el barco transportaba un contenedor con cocaína, que supuestamente había sido introducida por un estibador en el puerto de origen.

Las fuentes han indicado que se desconoce si el destino de la droga era Gran Canaria o el puerto africano al que se dirige el buque.

lunes, 17 de febrero de 2014

LOS INSPECTORES DE HACIENDA PROPONEN UNA POLICÍA FISCAL PARA LUCHAR CONTRA EL DELITO FISCAL, LA CORRUPCIÓN O EL BLANQUEO DE CAPITALES ENTRE OTROS DELITOS

PROPUESTAS DE LA IHE ANTE EL PRÓXIMO CAMBIO DEL ESTATUTO DE LA AEAT

Así lo han dejado escrito negro sobre blanco en su propuesta de reforma del Estatuto Orgánico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que han presentado este lunes en Madrid.El instrumento que sostendría toda esta nueva operativa sería una nueva Policía Fiscal, una idea que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ya ha planteado en el pasado, pero a la que esta vez ha dotado de un contenido sin precedentes.Esta Policía Fiscal se ocuparía de investigar el fraude más complejo y difícil de perseguir: las tramas organizadas, las redes de contrabando y narcotráfico, las operativas para blanquear dinero y, además, sería la encargada de auxiliar a los jueces en sus investigaciones sobre este tipo de delitos que llevan aparejadas cuantiosas pérdidas para las arcas públicas.La Organización de Inspectores de Hacienda entiende que su puesta en marcha no entrañaría demasiadas dificultades operativas, ya que se aprovecharía la estructura existente ya en los Servicios de Vigilancia Aduanera.
Fondos reservados: No por conocida, porque ya la plantearon hace más o menos un año, una de las ideas más revolucionarias que plantea la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado - asociación profesional que aglutina a más del 90% de los profesionales en ejercicio- es la creación de Fondo Reservado que les permita pagar por información relevante que permita revelar grandes casos de fraude fiscal.La archiconocida Lista Falciani, que consiguió desenmascarar a 659 españoles que tenían depositadas a espaldas del Fisco elevadísimas cantidades de dinero en la sede suiza del banco HSBC, permite hacerse una idea de la eficacia de este método.Según los inspectores de Hacienda que mejor conocen este clase de operativas, hay todo un mercado negro de información bancaria sobre grandes fortunas presuntamente clasificada como secreta, que hackers y antiguas empleados de la gran banca internacional enfadados con sus antiguos jefes o con alma de Julian Assange (responsable de wikileaks) están ofreciendo al mejor postor.En otros países esta práctica está más que asumida. Estados Unidos llegó a pagar 104 millones de dólares a un ex empleado de un banco suizo para obtener información sobre contribuyentes norteamericanos que escondían en el pequeño país centroeuropeo jugosas cantidades de dinero a espaldas del Fisco y distintos estados alemanes también han recurrido a pagar a confidentes para obtener información de contribuyentes con cuentas en países con secreto bancario.Lo que proponen los inspectores de Hacienda es disponer también de esta posibilidad y no tener que depender de que un tercer país acceda a compartir esa información, como ocurrió con la Administración Tributaria francesa en el caso Falciani.Ese dinero también podría utilizarse para operaciones de menor escala, es decir, pagos a confidentes para obtener información fiscal relevante que denote algún tipo de comportamiento irregular.Inspección sin preaviso; los inspectores de Hacienda han solicitado al Ministerio que dentro del nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria recojan la posibilidad de realizar inspecciones por sorpresa en determinados casos, cuando se acumulen indicios claro de fraude y con todas las garantías legales.Los inspectores pretender poder realizar también inspecciones de incógnito, es decir, sin la obligación legal que también tienen ahora de identificarse.A día de hoy un inspector de Hacienda debe siempre identificarse antes de realizar cualquier acción. Lo que pide la organización es regular claramente en la ley una serie de supuestos concretos en los que el inspector podría obtener información sin la necesidad de identificarse previamente.Pero hay más. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado considera que se debería ser mucho más contundente con los intermediarios, los despachos de asesores fiscales o las entidades financieras que ofrecen a sus clientes estrategias ilegales de planificación fiscal.En esa línea, plantean tipificar como infracción tributaria o delito el ofrecimiento de servicios o productos orientados al fraude fiscal. Basta darse una vuelta por internet para constatar que hay numerosas páginas web que ofrecen este tipo de servicios.

ASCIENDEN A 12.000 LOS KILOS DE HACHIS INTERVENIDOS EN LA OPERACIÓN "BÓSFORO"

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido a 60 millas al sur de Almería un buque pesquero turco que contenía doce toneladas de hachís en la operación Bósforo, que se ha saldado con la detención de sus cuatro tripulantes, también de origen turco.

La droga se encontraba distribuida en 480 fardos de resina de hachís, que viajaban en los depósitos de combustible del pesquero, según ha explicado a los periodistas el delegado de la Agencia Tributaria en Almería, Jesús Pérez Aguilera.

La operación, desarrollada en colaboración con la aduana francesa, comenzó el 11 de febrero, cuando los medios aéreos de Vigilancia Aduanera detectaron al pesquero y se puso en marcha un dispositivo aéreo y naval para su abordaje.

La madrugada del 14 de febrero detectaron lanchas semirrígidas acercándose al buque pesquero, cargadas con fardos de los utilizados habitualmente para el transporte de hachís.

Ante las "sospechas", el Patrullero de Operaciones Especiales de Vigilancia Aduanera Fulmar interceptó y abordó al pesquero.

Tras realizar el control del barco se descubrieron en su bodega 480 fardos de hachís con un peso estimado de 12 toneladas y se detuvo a los cuatro tripulantes de la embarcación.

El pesquero fue trasladado por el Fulmar al puerto de Almería, donde llegaron en la tarde del 14 de febrero.

Pérez Aguilera ha señalado que con esta operación son cuatro las aprehensiones de grandes cantidades de hachís desde junio realizadas por la Agencia Tributaria en la denominada 'ruta del Mediterráneo oriental', con un balance de más de 50 toneladas de droga incautadas.

En los últimos seis meses, los dispositivos de control aeronaval dispuestos en la ruta comercial del Mediterráneo por las autoridades de Francia, Italia y España han interceptado siete buques que portaban importantes cargamentos de hachís.

Los cuatro detenidos, el buque y la droga han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería.

100.000 EUROS DE FIANZA PARA EL CABECILLA DE UNA RED QUE ESTAFÓ 5 MILLONES DE EUROS A LAS ASEGURADORAS

El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de León ha decretado la libertad provisional con fianza para el cabecilla y su mano derecha de una red organizada que estafó cinco millones de euros simulando accidentes de tráfico en la capital leonesa.
Según ha podido conocer en exclusiva leonoticias.com, el cabecilla de la trama, C.H.F., abandonó Mansilla de las Mulas tras depositar una fianza de 100.000 euros. Se trata de un abogado de 32 años que siguiendo un sencillo método de ejecución como si se tratase de un accidente ocurrido de forma fortuita efectuaba los distintos partes de accidentes falsos.

Su mano derecha, F.J.G.F un funcionario del Ministerio de Justicia, abandonó la prisión tras depositar una fianza de 20.000 euros. Asimismo, el acusado ha solicitado su reincorporación a su puesto en los Juzgados de León que, por el momento, está pendiente de recurso.

El empleado público se encarga de dar una mayor celeridad a los procedimientos judiciales que resultaban de interés para la comisión de sus fines delictivos, fotocopiar documentos, sustraer efectos o sellos timbrados del Juzgado, además de encargarse de la captación de otros componentes de la organización.

Una veintena de imputados

Un caso que ahora está pendiente de juicio y en el que además del cabecilla y su mano derecha hay más de una veintena de imputados, entre ellos, otros abogados, procuradores, tramitadores de aseguradoras, médicos y fisioterapeutas, encomendados de dar cobertura legal a las lesiones.

No obstante, según fuentes consultadas, el juez ha estimado el recurso de algunos de los imputados dado que no aprecia delito alguno en la participación de la trama, considerándolos meros intermediarios.

Ahora el juez estudia la documentación aportada en el caso, entre las que se encuentran escuchas telefónicas, las declaraciones de los imputados o actas relativos a los supuestos siniestros, para determinar de qué delitos se imputará a los acusado, remitiendo el caso bien al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de León.

Desarticulación de la banda

Fue a mediados del mes de marzo cuando agentes de la Policía Nacional desarticulaba una organización en el marco de la operación "Bernesga" por un delito de estafa, fraude y blanqueo de capital. Las primeras investigaciones corroboran la información recibida por el alto nivel de vida que llevaban varios de los miembros de la organización, así como por el incremento de accidentes de tráfico que tramitaba el referido bufete.

Los presuntos autores de los hechos conformaban una organización criminal debidamente estructurada y jerarquizada, compuesta por más de 30 personas que desarrollaban individual y conjuntamente tareas delictivas en función de la actividad profesional que cada uno de ellos tiene. Se dedicaban a estafar a distintas compañías de seguros de vehículos a motor.

La investigación llevada conjuntamente con funcionarios adscritos al servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de León, determinó que la organización criminal comenzó sus andaduras delictivas a primeros del mes de noviembre del año 2009, si bien ha sido durante los años 2011 y 2012 cuando su actividad delictiva se ha visto acrecentada a consecuencia de la impunidad con que perpetraban los hechos.

Sólo durante el año 2012, la organización abrió más de 170 cuentas bancarias, utilizándolas para los ingresos de las indemnizaciones que recibían los accidentados de las aseguradoras. En esos dos años el montante estafado a las distintas compañías aseguradoras de vehículos ronda los 5 millones de euros, de los cuales se han recuperado 272.000 euros en efectivo. Parte de la cantidad restante ha sido blanqueada con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama.

sábado, 15 de febrero de 2014

FISCAL SOLICITA 86 AÑOS DE PRISIÓN Y 100 MILLONES DE EUROS PARA GRUPO DE NARCOTRAFICANTES GALLEGOS

La sección segunda de la Audiencia provincial de Pontevedra ha señalado para el martes 18 de febrero el juicio contra cinco personas acusadas de formar una red de narcotraficantes, para los que la Fiscalía pide penas que suman 86 años de prisión y 100 millones de euros de multa.
Los acusados son Alfredo M.G., vecino de Cambados; José Ramón D.R.D.C., de Vigo; Guillermo T.R. y José Germán D.G., de origen colombiano, y José Manuel C.G., de Pontevedra.
Todos ellos, “en unión de otros a quienes no se ha podido identificar”, formaban, según el fiscal, “un grupo organizado cuya única finalidad era la comisión de delitos contra la salud pública” y, en particular, “la introducción en el territorio español de cocaína procedente en su origen de Colombia”.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Greco Galicia de la Policía Nacional, Alfredo M.G. dirigía las actividades, estableciendo los contactos y buscando suministradores de la droga que “deberían entrar en España a través de alguno de los puertos comerciales de la provincia de Pontevedra”, utilizando para ello contenedores de mercancías.
José Ramón D.R.D.C. aportaba al grupo la infraestructura necesaria para hacer posible la operación de comercio internacional desde su empresa mercantil Vite Desarrollo S.L..
La Fiscalía asegura que José Manuel C.G. se encargaba de sacar la cocaína del puerto de llegada a España, “aprovechando los contactos que el mismo tenía en los puertos de Marín y Vigo”. Finalmente Guillermo T.R. es considerado como uno de los representantes de la rama colombiana de la organización.
Según la Fiscalía de Pontevedra “la actividad del grupo no se limitaba a un envío aislado de cocaína”, sino que la finalidad era la de “constituir una vía estable” de envio de droga para su entrada en España, “aprovechando los contactos establecidos y la infraestructura creada”.
El escrito de acusación recoge que, “como consecuencia del acuerdo” cerrado por los procesados, fue cargado en la localidad de Santa Marta (Colombia) un contenedor con la cantidad aproximada de 20 toneladas de plátanos con destino al puerto de Vigo que ocultaban 55,8 kilos de cocaína de gran pureza.
PENAS
El ministerio Público pide para Alfredo M.G., doce años de prisión por narcotráfico, seis por dirección de organización criminal y dos por tenencia ilícita de armas, al serle intervenido un revólver del calibre 22. Para José Ramón D.R.D.C.; Guillermo T.R.; José Germán D.G. y José Manuel C.G., solicita una pena de 16 años de prisión para cada uno por los delitos de narcotráfico y de pertenencia a organización criminal.
Además la Fiscalía solicita en concepto de multa, para cada uno de los acusados, el pago de 20 millones de euros, que corresponden al cuádruple del valor de mercado de la cantidad de cocaína que fue incautada.

NUEVO GOLPE DE ADUANAS AL NARCOTRÁFICO; APRESADO UN BUQUE CON 10 TONELADAS DE HACHÍS


Vigilancia Aduanera completa otra gran operación contra el tráfico de hachís en el Mar Mediterráneo. Una patrullera de altura adscrita al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria amarró a las siete de la tarde de ayer en el Puerto de Almería tras apresar un buque cargado -según las primeras informaciones- con diez toneladas de droga.

La operación ahonda en la línea abierta por Aduanas en la detección y persecución de grandes buques, generalmente mercantes de alta antigüedad, dedicados al transporte de  los llamados "megaalijos" de hachís procedentes de Marruecos.

La captura se produjo en el Mar de Alborán y, según fuentes cercanas al caso, la tripulación es de origen turco. El  buque fue escoltado hasta Almería y arribó al atardecer entre grandes medidas de seguridad.

La operación se ha saldado con al menos, cuatro detenidos de origen turco, si bien no han trascendido datos sobre la bandera del barco, el armador y la carga “regular” que supuestamente transportaba cuando fue abordado.

Vigilancia Aduanera habría utilizado en la operación uno de sus buques de operaciones especiales, el Fulmar. Se trata de una embarcación de 60 metros de eslora equipado para intervenciones de riesgo en alta mar y auténtico azote del narcotráfico en las costas españolas.
Recientemente la Agencia Tributaria optó por colocar en Cádiz su principal centro de operaciones por el valor en la persecución de grandes alijos en el estrecho y el Mar de Alborán.

Una nueva ruta

La operación, cuyos detalles se ampliarán en los próximos días, se une al mayor golpe al narcotráfico en la provincia perpetrado por Vigilancia Aduanera en el mes de septiembre. Aduanas interceptó a 25 millas de la costa de Málaga y Almería un buque mercante con bandera de Sierra Leona cargado con 18 toneladas de hachís. La operación se bautizó con el nombre de Selena y los tripulantes eran de origen sirio.

Responsables de la Agencia Tributaria en Almería y Andalucía apuntaron a la existencia de un ruta nueva de hachís desde Marruecos. En lugar de cargar en el norte, el barcos nodriza en el Mar de Alborán o en puntos del litoral mediterráneo, las bandas optan por entregar los alijos  en el Atlántico. Es el caso del mencionado Moonlight de los marineros sirios.

sábado, 8 de febrero de 2014

OPERACIÓN "PEÑÓN": DOS DETENIDOS EN LUCENA POR CONTRABANDO DE TABACO

La presente Operación conjunta, bautizada como “Operación Peñón”, se ha saldado con la incautación de unas 4.250 cajetillas de tabaco.
El tabaco intervenido puede poner en riesgo la salud del consumidor al no poder garantizar sus condiciones de  almacenamiento y conservación.
Los detenidos son vecinos de Santaella (Córdoba) y Écija (Sevilla).
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Lucena y Cabra, en colaboración con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Córdoba, han procedido, en el día de ayer, a la detención de dos personas, de 60 años y 50 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito de contrabando, en el seno de la segunda fase de la denominada “Operación Peñón”.

Las presentes detenciones han sido fruto de una compleja investigación de cuyo origen estuvo en la interconexión con otra operación llevada a cabo a finales del mes de diciembre efectuada contra el contrabando de tabaco en la localidad lucentina. Dentro de esta nueva fase, se pudo detectar como había dos personas nuevamente dedicadas a la venta de tabaco sin los pertinente precintos de impuestos sobre las labores del tacaco en la localidad, teniendo sus residencias fijadas en Santaella (Córdoba) y Écija (Sevilla), respectivamente, por lo que se efectuaron tres registros domiciliarios en la referida localidad de Écija, logrando los agentes intervenir cuatro mil doscientas cincuenta y seis (4.256) cajetillas de tabaco de diferentes marcas, con un valor de 17.950€, una  herramienta agrícola (sopladora) y un vehiculo de alta gama.
 
Asimismo, los investigadores han podido demostrar la participación del principal investigado en el contrabando de otras 102.470 cajetillas de tabaco, valorados en unos 413.146,50€.

Significar que el consumo de este tipo de tabaco intervenido puede poner en riesgo la salud del consumidor al no poder garantizar sus condiciones de  almacenamiento y conservación.

La presente operación continua abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

lunes, 3 de febrero de 2014

DESMANTELADA UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA EN UNA CUADRA DE LEPE


Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera perteneciente a la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una plantación indoor con 1.219 plantas de marihuana que se ocultaba en una cuadra del municipio onubense de Lepe. Los dos presuntos responsables de la plantación han sido arrestados cuando entraban en la cuadra.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la existencia de un grupo de personas dedicadas al cultivo y distribución de cannabis en Huelva.
El interior de la cuadra se encontraba perfectamente acondicionado para el óptimo crecimiento de las plantas. La instalación contaba con extractores de aire, iluminación continuada y riego automatizado. Además de esta cuadra, los agentes han registrado una vivienda en el municipio onubense de Isla Cristina, que se encontraba en estado de abandono. En esta segunda ubicación los investigadores han hallado varios útiles para el cultivo y creen que podría haber sido usada como punto inicial de la plantación.
La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Huelva.

DETENIDOS EN MÁLAGA 5 PRESUNTOS INTEGRANTES DE UNA RED DE NARCOTRÁFICO E INTERVENIDOS 900 KILOS DE COCAÍNA

La mercancía estaba oculta en el interior de 37 mochilas fondeadas con un "sofisticado sistema de flotación y localización" que evitaba su hundimiento para su posterior recogida en el mar

Una red dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria llevada a cabo en Málaga y Valencia en la que se han intervenido 900 kilos de cocaína oculta en mochilas que habían sido fondeadas en el mar.
En la actuación, que se ha saldado con la detención de cinco personas de nacionalidad española residentes en Málaga, también han sido decomisados 72.000 euros en metálico, joyas, tres vehículos, una embarcación y diverso material informático y de telefonía.
La cocaína estaba oculta en el interior de 37 mochilas que habían sido fondeadas con un "sofisticado sistema de flotación y localización" que evitaba su hundimiento para su posterior recogida en el mar.
La operación se inició cuando los investigadores tuvieron conocimiento que varios integrantes de una red de narcotráfico trasladaron una embarcación desde Málaga a Valencia para preparar la logística necesaria que les llevaría a recoger el alijo de cocaína. El alijo iba destinado a la Costa del Sol, aunque la organización contaba con infraestructura tanto en Málaga como en Valencia.
Posteriormente, en fechas próximas a la llegada del cargamento de cocaína regresaron a Valencia, en cuya capital contaban con un piso franco alquilado.
Una vez que las mochilas fueron arrojadas al mar desde una embarcación, dos de los integrantes de la red que portaban un localizador intentaron recuperar la carga a bordo de otro barco.
Los narcotraficantes fueron sorprendidos en alta mar navegando por la noche, lo que motivó que se deshicieran de objetos que podían relacionarlos con los hechos investigados, pero fueron sometidos a vigilancia, lo que permitió identificarlos y relacionarlos con el alijo.
Al día siguiente fueron localizadas las 37 mochilas con cocaína flotando en una playa de Valencia y en pesquisas posteriores fueron detenidas cuatro personas.
La red había realizado compras de objetos de lujo como un diamante engarzado en una sortija de oro valorado en unos 3.000 euros y había depositado 11.000 euros para la adquisición de un reloj Rolex, hechos por los que ha sido detenida una mujer en Málaga, acusada de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia y ha sido desarrollada conjuntamente por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga y Valencia y las unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de ambas provincias.

sábado, 1 de febrero de 2014

LEVANTAMIENTO PARCIAL DEL SECRETO DE SUMARIO DE LA OPERACIÓN "POKEMON"

Levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Pokémon: de la instrucción se desprende que Orozco y Liñares recibieron sobres de dinero a cambio de favores

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la Operación Pokémon y lo ha prorrogado por 15 días más en el resto, lo que justifica "al no haberse superado los inconvenientes materiales y técnicos que impiden un levantamiento total". Según se desprende de las diligencias practicadas, el alcalde de Lugo, José Orozco, y el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica y exconcejal, Francisco Liñares, habrían recibido sobres de dinero a cambio de favores.

Un informe del mes de septiembre de 2011 de los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera señala al alcalde de Lugo, José López Orozco, y el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Fernández Liñares, quien había sido concejal de Economía y Urbanismo, ambos imputados en la Operación Pokémon, como receptores de dinero del Grupo Vendex a cambio de favores. Así consta en el sumario de la 'Operación Pokémon', al que tuvo acceso Europa Press, en el que un informe alude a las comunicaciones intervenidas, vigilancias y seguimientos para apuntar a Liñares como "uno de los destinatarios de dichos pagos" lo que, según Vigilancia Aduanera, "podría poner de manifiesto una presunta actividad ilegal".

El informe de 2011 hace referencia, además, a la "excelente relación existente" entre el delegado regional del Grupo Vendex, José María Tutor, y el alcalde de Lugo, al que Gervasio Rolando Rodríguez, responsable nacional y administrador del Grupo Vendex, se refiere como "uno de los destinatarios de los envíos de dinero". "Te disculpas por los dos o tres meses que se le deben (al alcalde)", le había dicho Gervasio a Tutor el 5 de septiembre de 2011, según una de las conversaciones recogidas en el sumario, cuyo secreto se ha levantado parcialmente. Además, según conversaciones recogidas por Vigilancia Aduanera, López Orozco hace referencia a la petición de contratación de una mujer por parte del Grupo Vendex en Lugo, que supuestamente habrían acordado Tutor y el alcalde de Lugo, en la que "éste pone especial interés". En la misma conversación, el regidor informa a su interlocutor en relación a la aprobación de la nueva ordenanza de la ORA y la ampliación de las plazas ORA. "Eso le voy a dar marcha mañana mismo", indica el regidor.

Vigilancia Aduanera señala que el arreglo de la situación de esa mujer "podría estar ligado a la ampliación posiblemente de la zona ORA de Lugo". Al respecto, el informe indica que el alcalde "quiere darle marcha mañana mismo al asunto", a lo que Tutor responde que "tiene unos plazos y no hay porque forzar nada", en alusión, posiblemente, según recoge el informe, "a la ordenanza de la ORA en Lugo". En sus pesquisas, Vigilancia Aduanera hace constar que Liñares desempeñaba el cargo de concejal de Protección de la Comunidad en el año 2005, en que se adjudicó la prestación del servicio de grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva, de la que otro de los imputados en la causa, Manuel Santiso, era administrador en ese momento.

En las investigaciones practicadas Vigilancia Aduanera precisa que "fueron detectados diferentes envíos presumiblemente de dinero que el Grupo Vendex remitía desde Madrid con destinado la sede regional del grupo en A Coruña". Para ello se empleaba el servicio de Seur, lo cual, según los investigadores, "causaba cierta extrañeza el que un grupo empresarial de la entidad de Vendex realizara envíos de dinero utilizando este singular sistema de remisión".

Constataron el "envío de diferentes sobres/paquetes" a través de Seur desde Vendex-Madrid al Grupo Doal-A Coruña "presumiendo que el contenido de los mismos sería dinero" y el destinatario final de ese contenido "presumiblemente al menos José López Orozco y Francisco Fernández Liñares", a quienes en diferentes conversaciones se refieren como el 'cura' o 'sacerdote' y 'Tachenko', respectivamente. Las pesquisas llevaron a concluir que la recepción de ese dinero estaría vinculada a la adjudicación de contratos en favor del Grupo Vendex en Lugo por parte del Ayuntamiento. "De la entrega directa del dinero estaría encargado Manuel Reguera".

De conversaciones, Vigilancia Aduanera indica en su informe que se concluye que Rolando Rodríguez, en nombre del Grupo Vendex, realiza pagos de comidas de concejales y funcionarios que presentan las facturas por un importe de unos 600 euros mensuales; comidas que abona Reguera directamente y que ahora reclama el abono por parte del primero; y 3.500 euros al mes que suman un total anual de 42.000 euros. "Este dinero se envía a través de Seur con destino, entre otros, diferentes funcionarios de Lugo, presumiblemente Liñares, Ferreiro y Orozco", según señalan los investigadores. En sus pesquisas Vigilancia Aduanera señala que Gervasio Rodríguez entregó a Tutor y Reguera tres sobres que tenía preparados para el pago de los sobornos trimestrales, de 3.500 euros cada mes, entregas a las que se les conocía como "convenio trimestral".

Los investigadores concluyeron que el funcionario Javier Manuel Reguera era la persona que tenía el contacto con los funcionarios dado que hasta el año 2009 trabajó como ordenanza en la Policía Local y, al mismo tiempo, por las tardes trabajaba en la empresa que en aquellos momentos era adjudicataria del contrato ORA y, por ello, "conoce muy bien a los presuntos sobornados". Además, indican que Francisco Fernández Liñares hasta el año 2008 y desde 2003 ostentó altos cargos en diferentes concejalías del Ayuntamiento de Lugo, cuando ejercía de mano derecha de Orozco, y, por lo tanto, "asumía entre otros menesteres el control y supervisión de la gestión de la ORA por parte de la empresa adjudicataria". Mientras, señala que López Orozco era en 2009 el alcalde de Lugo y, por lo tanto, "el responsable final de la adjudicación en el año 2009 del contrato de la ORA en Lugo al Grupo DOAL".

Tras analizar los envíos de cantidades de dinero que a modo de sobornos el Grupo Vendex destina a pagos de favores en Lugo, los investigadores concluyen que "presumiblemente habría hecho la misma operación en otros contratos de la ORA en el Ayuntamiento de Ourense y A Coruña", también investigados. Según los hechos investigados, Vigilancia Aduanera apunta en la documentación incluida en el sumario, recogido por Europa Press, la comisión de los posibles delitos de cohecho y cohecho pasivo por las conductas de corrupción de los funcionarios que consisten en la solicitud y recepción de dinero y diferentes dádivas a cambio de realizar un acto propio de su cargo; así como cohecho activo por parte de los sujetos que hacen la entrega de dinero por parte de Vendex. A ellos, se suma blanqueo de dinero como consecuencia del afloramiento de dinero recibido presuntamente por funcionarios; prevaricación -por la adjudicación del contrato de la ORA-; tráfico de influencias; uso de información privilegiada; delito contra la hacienda pública y otros.

Por estos delitos están imputados, entre otros, en relación a los citados hechos, el alcalde de Lugo; el responsable en el ámbito nacional del Grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez; José María Tutor; Javier Manuel Reguera; Francisco Rodríguez Liñares; y Rolando Rodríguez. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la 'Operación Pokémon' y lo ha prorrogado por 15 días más en el resto. Así lo recoge en un auto firmado con fecha 29 de enero, al que tuvo acceso Europa Press, en relación a las diligencias incoadas en 2011 por varios delitos contra la administración pública, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros. "Procede alzar el secreto de sumario que pesa sobre las presentes actuaciones, si bien parcialmente, al continuar practicándose diligencias de investigación cuyo conocimiento por las partes podría frustrar el éxito de la instrucción", expone la jueza instructora en el auto.

Justifica el levantamiento parcial "al no haberse superado los inconvenientes materiales y técnicos que impiden un levantamiento total, siendo preciso culminar el proceso de digitalización iniciado, por cuanto que la magnitud de la causa, la inexistencia de una sede adecuada para permitir su consulta y la interrelación de gran parte de las actuaciones, algunas de las cuales han de continuar en secreto, hace imposible el permitir a las partes el acceso al proceso de otro modo". En concreto, la medida de alzamiento del secreto sumarial afecta a seis de 26 tomos en su totalidad, mientras que en otros se levanta en algunos folios.

La jueza instructora indica que se prorroga el secreto del procedimiento "en todo lo que no se ha levantado expresamente por el tiempo de 15 días". La magistrada explica que, por la interrelación entre los diferentes hechos delictivos investigados, "y la necesidad de mantener parcialmente el secreto de algunas de las actuaciones" es por lo que, al menos, hasta que se alce en su totalidad el secreto sumarial, "el acceso de las partes al procedimiento tendrá lugar mediante la facilitación a sus respectivos representantes procesales, de las correspondientes copias en formato digital". En las copias digitales, según añade, se han incluido otras diligencias correspondientes a los tomos cuyo secreto se ha alzado -fotografías, documental, videos y grabaciones de audio-.

Con el objetivo de facilitarles los formatos digitales, el juzgado les indica que las partes "han de comparecer en la secretaría del juzgado, donde se les entregarán tales copias, de cuya seguridad y custodia han de responder". Posteriormente, y a medida que avance la digitalización del procedimiento y se alce el secreto, el juzgado procederá a la grabación en los mismos soportes que se les haya facilitado a cada uno. En todo caso, la jueza puntualiza en el auto "que no se han digitalizado ni las piezas de situación personal ni las de responsabilidad civil, que pueden ser examinadas personal y directamente por los interesados, lo mismo que los efectos interceptados en cada una de las diligencias de registro". Con relación a estas ultimas, dado su volumen, la jueza indica que "los interesados en su análisis deberían solicitarlo con antelación, todo ello sin perjuicio de que por este juzgado se procederá también a la digitalización de los documentos hallados en cada una de las diligencias de registro". En un segundo auto, con fecha 30 de enero, el juzgado indica que en vista del alzamiento parcial del secreto de las actuaciones, las partes que hayan presentado soporte informático de disco duro externo "se encuentra a su disposición debidamente gravado en la oficina judicial".

OPERACIÓN POKEMON; EL SVA DETECTO HASTA 12 ENVÍOS DE SOBRES CON DINERO PARA PRESUNTAMENTE PAGAR "FAVORES"

Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA que se hicieron cargo de la investigación encargada por la jueza instructora de la Operación Pokemon siguieron el rastro de los envíos de dinero en efectivo que llegaban mediante un servicio de transporte urgente a la delegación regional de Vendex y cuyo destino final era Lugo, supuestamente para "pagar favores o influencias".

Así figura en uno de los atestados instruidos por los funcionarios de Vigilancia Aduanera, incorporado al sumario de la Operación Pokemon, que sitúa en el epicentro de las sospechas, como posibles receptores de esos sobornos, al que fuera concejal de Economía y Urbanismo de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y al propio alcalde de la ciudad, José López Orozco.

El citado informe, instruido por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho continuado, prevaricación, contra la Hacienda pública, organización, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, figura entre las diligencias incorporadas al sumario, al que EFE ha tenido acceso.

Los funcionarios que redactaron el informe hacen constar que en el transcurso de la investigación detectaron diferentes envíos "presumiblemente de dinero" que el Grupo Vendex remitía desde Madrid con destino a la sede regional de la empresa, ubicada en la ciudad de A Coruña.

Para esos envíos se utilizaba "siempre" un servicio de transporte urgente, lo que hizo sospechar a los investigadores y los llevó a intervenir diferentes conversaciones mantenidas entre el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor; el propietario del grupo, Gervasio Rolando Rodríguez; el responsable de la empresa de O.R.A en Lugo -filial de la compañía investigada-, Javier Reguera; y Francisco Fernández Liñares.

Los encargados del caso llegaron a registrar al menos doce envíos, "presuntamente de dinero", entre abril de 2011 y enero de 2012 y, aunque como origen de los mismos figuraba una de las sociedades del grupo Vendex en Madrid, los investigadores sostienen que eran remitidos de forma "personal" por el responsable de la empresa, Gervasio Rolando Rodríguez.

De hecho, en el citado informe aclaran que los sobres iban dirigidos a filiales del grupo en A Coruña, pero cuando llegaban a sus oficinas, eran depositados en el despacho de José María Tutor, que inmediatamente era avisado por "teléfono" de su llegada.

Sobre esa circunstancia inciden los funcionarios de Vigilancia Aduanera, porque "sólo" por este "tipo de envíos" era "alertado" José María Tutor, a pesar de que la empresa recibía muchos otros "sobres y paquetería".

Además, cuando el delegado regional tenía constancia de su llegada, llamaba a la secretaría de Gervasio Rolando Rodríguez para confirmar la "recepción" de los mencionados sobres.

En las conversaciones telefónicas intervenidas, para disimular el contenido de esos envíos, los sospechosos utilizaban una especie de "sistema de claves convenidas" y se referían a los sobres como "botes de pintura", "el convenio" o "esos papeles", entre otras fórmulas.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera indican en su atestado que "el responsable del traslado y entrega del dinero a su último destinatario" era supuestamente el delegado provincial de Doal -filial de Vendex y concesionaria del servicio de la ORA en la capital lucense- en Lugo, Javier Reguera.

"Una de las personas que presuntamente ha sido destinatario en reiteradas ocasiones ha sido Francisco Fernández Liñares", sostienen los investigadores, quienes también destacan las "enormes cautelas" que Reguera y el exconcejal se tomaban para ejecutar las entregas, normalmente en uno de los dos domicilios del que fuera responsable de Economía y Urbanismo en Lugo.

De hecho, destacan que "merecen un especial comentario por su complejidad las entregas de dinero" entre ambos, por el uso de "referencias en clave para concretar" la recepción, bien en el domicilio del exedil en la ciudad o bien en el chalet que tiene en un barrio de las afueras, en Carretera Vieja de Santiago.

"Todos" esos "indicios" llevan a los investigadores a "presumir" que esos envíos se utilizaban para trasladar "dinero desde el Grupo Vendex en Madrid hasta Galicia, con la finalidad de pagar favores o influencias ejercidas por determinadas personas".

De hecho, sostienen que otra de las posibles "personas receptoras del contenido de esos envíos" sería el alcalde de Lugo, de acuerdo con una "conversación interceptada el día 5 de septiembre" entre Gervasio Rodríguez y José María Tutor, unido al hecho de que el delegado de Vendex en Galicia y Reguera "identifican" a "José López Orozco como el cura y el sacerdote".

Recuerdan, asimismo, que el grupo Vendex fue adjudicatario, por parte del Ayuntamiento de Lugo, de los contratos para gestionar el sistema de aparcamiento O.R.A o el servicio de Información Turística, mientras que Cechalva, "sociedad relacionada" con Javier Reguera y otro de los imputados, el empresario Manuel Santiso, se hizo con el contrato de la grúa