***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

martes, 8 de abril de 2014

EL SUPREMO CONFIRMA PRISIÓN POR ALIJO DE 275 KILOS DE COCAÍNA INTERVENIDA EN EL PUERTO DE MARÍN

En agosto del 2008 fueron intervenidos en el Puerto de Marín un total de 275,16 kilos de cocaína que viajaban ocultos en un contenedor del mercante Amanda. Fue el colofón a meses de investigaciones por parte de agentes de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, las cuales a la postre sentaron en el banquillo de los acusados a cuatro personas.
En el transcurso de la vista oral celebrada cinco años después de la intervención, el fiscal retiró los cargos a la única mujer encausada. Luis Fernando Cuesta Pérez, Miguel Ángel Torres Romero y José Luis Orbaiz Quintáns fueron condenados por la Audiencia de Pontevedra a penas de entre cinco y siete años y medio de cárcel, así como les cayeron multas por un importe global cercano a los 36 millones de euros.
Esta resolución acaba de ser confirmada por el Tribunal Supremo, cuyos magistrados han desestimado los recursos que interpusieron los dos últimos encausados. Por su parte, el primero, odontólogo de profesión, se arrepintió de su participación en el alijo e incriminó a sus compañeros de banquillo, de tal modo que se benefició de una atenuante de confesión.
Se da la circunstancia, de que los magistrados madrileños determinaron que no existió indefensión porque el presidente de la sala pontevedresa considerase improcedente que el abogado de Orbaiz Quintáns, hijo de un guardia civil reconvertido al narcotráfico, confirmase o desmintiese si era cierto que había llegado a un acuerdo con el fiscal.
El Supremo no solo avala la existencia de este tipo de pactos -«la legitimidad de estos acuerdos está reconocida por esta sala en numerosos precedentes»-, sino que consideró que «la cuestión era en sí ociosa». Y es que la Audiencia «sabía de propia percepción directa que entre el ministerio fiscal y el coacusado se había llegado a un acuerdo, que, normalmente, implica una modificación en la calificación de la acusación a cambio del reconocimiento de los hechos por la persona acusada». En el caso del recurso de Torres Romero, quien se definió como comercial de una inmobiliaria pontevedresa, se confirmó la legitimidad de las escuchas telefónicas que llevó a cabo el SVA.