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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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sábado, 1 de febrero de 2014

LEVANTAMIENTO PARCIAL DEL SECRETO DE SUMARIO DE LA OPERACIÓN "POKEMON"

Levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Pokémon: de la instrucción se desprende que Orozco y Liñares recibieron sobres de dinero a cambio de favores

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la Operación Pokémon y lo ha prorrogado por 15 días más en el resto, lo que justifica "al no haberse superado los inconvenientes materiales y técnicos que impiden un levantamiento total". Según se desprende de las diligencias practicadas, el alcalde de Lugo, José Orozco, y el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica y exconcejal, Francisco Liñares, habrían recibido sobres de dinero a cambio de favores.

Un informe del mes de septiembre de 2011 de los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera señala al alcalde de Lugo, José López Orozco, y el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Fernández Liñares, quien había sido concejal de Economía y Urbanismo, ambos imputados en la Operación Pokémon, como receptores de dinero del Grupo Vendex a cambio de favores. Así consta en el sumario de la 'Operación Pokémon', al que tuvo acceso Europa Press, en el que un informe alude a las comunicaciones intervenidas, vigilancias y seguimientos para apuntar a Liñares como "uno de los destinatarios de dichos pagos" lo que, según Vigilancia Aduanera, "podría poner de manifiesto una presunta actividad ilegal".

El informe de 2011 hace referencia, además, a la "excelente relación existente" entre el delegado regional del Grupo Vendex, José María Tutor, y el alcalde de Lugo, al que Gervasio Rolando Rodríguez, responsable nacional y administrador del Grupo Vendex, se refiere como "uno de los destinatarios de los envíos de dinero". "Te disculpas por los dos o tres meses que se le deben (al alcalde)", le había dicho Gervasio a Tutor el 5 de septiembre de 2011, según una de las conversaciones recogidas en el sumario, cuyo secreto se ha levantado parcialmente. Además, según conversaciones recogidas por Vigilancia Aduanera, López Orozco hace referencia a la petición de contratación de una mujer por parte del Grupo Vendex en Lugo, que supuestamente habrían acordado Tutor y el alcalde de Lugo, en la que "éste pone especial interés". En la misma conversación, el regidor informa a su interlocutor en relación a la aprobación de la nueva ordenanza de la ORA y la ampliación de las plazas ORA. "Eso le voy a dar marcha mañana mismo", indica el regidor.

Vigilancia Aduanera señala que el arreglo de la situación de esa mujer "podría estar ligado a la ampliación posiblemente de la zona ORA de Lugo". Al respecto, el informe indica que el alcalde "quiere darle marcha mañana mismo al asunto", a lo que Tutor responde que "tiene unos plazos y no hay porque forzar nada", en alusión, posiblemente, según recoge el informe, "a la ordenanza de la ORA en Lugo". En sus pesquisas, Vigilancia Aduanera hace constar que Liñares desempeñaba el cargo de concejal de Protección de la Comunidad en el año 2005, en que se adjudicó la prestación del servicio de grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva, de la que otro de los imputados en la causa, Manuel Santiso, era administrador en ese momento.

En las investigaciones practicadas Vigilancia Aduanera precisa que "fueron detectados diferentes envíos presumiblemente de dinero que el Grupo Vendex remitía desde Madrid con destinado la sede regional del grupo en A Coruña". Para ello se empleaba el servicio de Seur, lo cual, según los investigadores, "causaba cierta extrañeza el que un grupo empresarial de la entidad de Vendex realizara envíos de dinero utilizando este singular sistema de remisión".

Constataron el "envío de diferentes sobres/paquetes" a través de Seur desde Vendex-Madrid al Grupo Doal-A Coruña "presumiendo que el contenido de los mismos sería dinero" y el destinatario final de ese contenido "presumiblemente al menos José López Orozco y Francisco Fernández Liñares", a quienes en diferentes conversaciones se refieren como el 'cura' o 'sacerdote' y 'Tachenko', respectivamente. Las pesquisas llevaron a concluir que la recepción de ese dinero estaría vinculada a la adjudicación de contratos en favor del Grupo Vendex en Lugo por parte del Ayuntamiento. "De la entrega directa del dinero estaría encargado Manuel Reguera".

De conversaciones, Vigilancia Aduanera indica en su informe que se concluye que Rolando Rodríguez, en nombre del Grupo Vendex, realiza pagos de comidas de concejales y funcionarios que presentan las facturas por un importe de unos 600 euros mensuales; comidas que abona Reguera directamente y que ahora reclama el abono por parte del primero; y 3.500 euros al mes que suman un total anual de 42.000 euros. "Este dinero se envía a través de Seur con destino, entre otros, diferentes funcionarios de Lugo, presumiblemente Liñares, Ferreiro y Orozco", según señalan los investigadores. En sus pesquisas Vigilancia Aduanera señala que Gervasio Rodríguez entregó a Tutor y Reguera tres sobres que tenía preparados para el pago de los sobornos trimestrales, de 3.500 euros cada mes, entregas a las que se les conocía como "convenio trimestral".

Los investigadores concluyeron que el funcionario Javier Manuel Reguera era la persona que tenía el contacto con los funcionarios dado que hasta el año 2009 trabajó como ordenanza en la Policía Local y, al mismo tiempo, por las tardes trabajaba en la empresa que en aquellos momentos era adjudicataria del contrato ORA y, por ello, "conoce muy bien a los presuntos sobornados". Además, indican que Francisco Fernández Liñares hasta el año 2008 y desde 2003 ostentó altos cargos en diferentes concejalías del Ayuntamiento de Lugo, cuando ejercía de mano derecha de Orozco, y, por lo tanto, "asumía entre otros menesteres el control y supervisión de la gestión de la ORA por parte de la empresa adjudicataria". Mientras, señala que López Orozco era en 2009 el alcalde de Lugo y, por lo tanto, "el responsable final de la adjudicación en el año 2009 del contrato de la ORA en Lugo al Grupo DOAL".

Tras analizar los envíos de cantidades de dinero que a modo de sobornos el Grupo Vendex destina a pagos de favores en Lugo, los investigadores concluyen que "presumiblemente habría hecho la misma operación en otros contratos de la ORA en el Ayuntamiento de Ourense y A Coruña", también investigados. Según los hechos investigados, Vigilancia Aduanera apunta en la documentación incluida en el sumario, recogido por Europa Press, la comisión de los posibles delitos de cohecho y cohecho pasivo por las conductas de corrupción de los funcionarios que consisten en la solicitud y recepción de dinero y diferentes dádivas a cambio de realizar un acto propio de su cargo; así como cohecho activo por parte de los sujetos que hacen la entrega de dinero por parte de Vendex. A ellos, se suma blanqueo de dinero como consecuencia del afloramiento de dinero recibido presuntamente por funcionarios; prevaricación -por la adjudicación del contrato de la ORA-; tráfico de influencias; uso de información privilegiada; delito contra la hacienda pública y otros.

Por estos delitos están imputados, entre otros, en relación a los citados hechos, el alcalde de Lugo; el responsable en el ámbito nacional del Grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez; José María Tutor; Javier Manuel Reguera; Francisco Rodríguez Liñares; y Rolando Rodríguez. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la 'Operación Pokémon' y lo ha prorrogado por 15 días más en el resto. Así lo recoge en un auto firmado con fecha 29 de enero, al que tuvo acceso Europa Press, en relación a las diligencias incoadas en 2011 por varios delitos contra la administración pública, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros. "Procede alzar el secreto de sumario que pesa sobre las presentes actuaciones, si bien parcialmente, al continuar practicándose diligencias de investigación cuyo conocimiento por las partes podría frustrar el éxito de la instrucción", expone la jueza instructora en el auto.

Justifica el levantamiento parcial "al no haberse superado los inconvenientes materiales y técnicos que impiden un levantamiento total, siendo preciso culminar el proceso de digitalización iniciado, por cuanto que la magnitud de la causa, la inexistencia de una sede adecuada para permitir su consulta y la interrelación de gran parte de las actuaciones, algunas de las cuales han de continuar en secreto, hace imposible el permitir a las partes el acceso al proceso de otro modo". En concreto, la medida de alzamiento del secreto sumarial afecta a seis de 26 tomos en su totalidad, mientras que en otros se levanta en algunos folios.

La jueza instructora indica que se prorroga el secreto del procedimiento "en todo lo que no se ha levantado expresamente por el tiempo de 15 días". La magistrada explica que, por la interrelación entre los diferentes hechos delictivos investigados, "y la necesidad de mantener parcialmente el secreto de algunas de las actuaciones" es por lo que, al menos, hasta que se alce en su totalidad el secreto sumarial, "el acceso de las partes al procedimiento tendrá lugar mediante la facilitación a sus respectivos representantes procesales, de las correspondientes copias en formato digital". En las copias digitales, según añade, se han incluido otras diligencias correspondientes a los tomos cuyo secreto se ha alzado -fotografías, documental, videos y grabaciones de audio-.

Con el objetivo de facilitarles los formatos digitales, el juzgado les indica que las partes "han de comparecer en la secretaría del juzgado, donde se les entregarán tales copias, de cuya seguridad y custodia han de responder". Posteriormente, y a medida que avance la digitalización del procedimiento y se alce el secreto, el juzgado procederá a la grabación en los mismos soportes que se les haya facilitado a cada uno. En todo caso, la jueza puntualiza en el auto "que no se han digitalizado ni las piezas de situación personal ni las de responsabilidad civil, que pueden ser examinadas personal y directamente por los interesados, lo mismo que los efectos interceptados en cada una de las diligencias de registro". Con relación a estas ultimas, dado su volumen, la jueza indica que "los interesados en su análisis deberían solicitarlo con antelación, todo ello sin perjuicio de que por este juzgado se procederá también a la digitalización de los documentos hallados en cada una de las diligencias de registro". En un segundo auto, con fecha 30 de enero, el juzgado indica que en vista del alzamiento parcial del secreto de las actuaciones, las partes que hayan presentado soporte informático de disco duro externo "se encuentra a su disposición debidamente gravado en la oficina judicial".