***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

viernes, 29 de noviembre de 2013

IMPUTADOS 8 POLÍTICOS DE GERONA POR LA OPERACIÓN "MANGA"

La juez del caso Manga, Pilar de Lara, ha decidido imputar a ocho cargos gerundenses y una empresa por tráfico de influencias y adjudicaciones ilícitas cometidos en el Consell Comarcal de la Selva, según el Diario de Mallorca. La juez de Lugo, que ha troceado la causa en nueve piezas separadas para agilizar el procedimiento, ha asignado una, la sexta, a la trama gerundense para esclarecer si se produjeron irregularidades en el ente comarcal "tanto a favor la empresa GRS como en beneficio propio de Robert Fauria" en su calidad de presidente y alcalde de Sant Hilari Sacalm. También se investigarán las actividades del administrador de GRS Ars Local, Alejandro Ros Valls.

Los imputados por la juez del caso Manga, Pilar Lara, son el administrador de la empresa GRS Ars Local, Alejandro Ros Valls, y el apoderado de la sociedad, José María Franch Carcereny; el jefe del departamento del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos Feliu Martín; el expresidente y exalcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria Danés, el director del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Ramon Ramos Argimon, el concejal y teniente de alcalde de Figueres, Manel Toro Coll, el gerente del organismo de recaudación de la Diputació de Girona, Xavier Alberch Figueras, el particular David Busquets y Beltran y la empresa Busquets Sitjà SL, con sede en Vilobí d'Onyar.

Además, también se investigarán las actividades cometidas por el administrador de GRS Ars Local, Alejandro Ros Valls "para la obtención fraudulenta" de varios contratos públicos mediante la utilización de varias mercantiles, en apariencia ajenas a él, para manejar concursos, "generalmente del tipo negociado sin publicidad" convocados por las administraciones y la sustracción de un sello municipal para falsificar una factura.

Empresas y políticos
La decisión de la juez de imputar a ocho personas en la sexta pieza, deja fuera del caso Manga a 10 personas más que en su momento fueron citadas a declarar como imputados por el Servicio de Vigilancia Aduanera después de relacionarlos con la trama. Entre estas, además de trabajadores de la empresa GRS y del Consell Comarcal, figuran el ex presidente de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé; el ex jefe de gabinete del mismo, José María Bros, el gerente del Consell Comarcal de la Selva, Joan Burjachs; el ex secretario de organización de ERC, Josep Carapiçó, o la exconcejal de ERC en Arbúcies y trabajadora de GRS, Carmen Córdoba. El caso Manga es la segunda fase de la operación Pokémon que investiga una trama gallega de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Figueres, Manel Toro, ahora imputado, recuperó el pasado mes de junio sus competencias al consistorio figuerense después que hubiera dimitido por su vinculación al caso Manga. Una vez rehabilitado, la alcaldesa de la ciudad, Marta Felip, lo ha ratificado en su puesto ya que considera que no hay nada nuevo en la acusación.

La juez sólo ordenó el ingreso en prisión de uno de ellos, Alejandro Ros, administrador de la empresa GRS Arc Local de Lloret de Mar. El funcionario del Consell Comarcal de la Selva, Juan Carlos Feliu, quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros y el apoderado de la empresa, José María Franch, en libertad sin fianza.
Lavanguardia

jueves, 28 de noviembre de 2013

ADUANAS ABRE UNA BASE MARÍTIMA DE OPERACIONES ESPECIALES EN LA CORUÑA

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT), acaba de abrir una base marítima de operaciones especiales en el puerto de A Coruña. De hecho, el buque patrullero oceánico o de altura Petrel I se encuentra atracado en la cabecera del muelle Calvo Sotelo. Este barco, emblemático del SVA, se suma a las dos patrulleras costeras, Gavilán III y Alcotán.
El Petrel I, es un buque de 72,50 metros de eslora, 12 de manga, 6 de calado, y está propulsado por dos motores MWM de 1.750 caballos cada uno, permitirá ampliar el dispositivo de vigilancia y lucha contra el narcotráfico en aguas del Atlántico Norte y del Cantábrico. Pero su presencia en A Coruña no significa que el SVA descuide, en ningún momento, la persecución de los narcotraficantes en los mares del sur.
Esta patrullera de altura, cuya construcción se inició en los setenta como buque oceanográfico para Portugal y finalmente acabado como pesquero, la adquirió y transformó el astillero Vigués Rodman Polyships para el SVA. La Petrel I está dotada de tres lanzaderas, una de ellas una Hydramarine MP 1211, una embarcación de 12 metros de eslora que alcanza unos 30 nudos de velocidad, y su casco con celdas cerradas le hacen insumergible y autoadrizable.
Lavozdegalicia

miércoles, 27 de noviembre de 2013

RATIFICAN PRISIÓN PARA LOS 13 DETENIDOS QUE IBAN A BORDO DEL BUQUE QUE TRANSPORTABA 10 TONELADAS DE HACHIS


Un juzgado de Padrón ratifica la prisión para los 13 marroquíes detenidos en un barco cargado de hachís
Iban a bordo de un pesquero que se dirigía a las costas gallegas para, desde ahí, distribuir la droga a otra zonas de España y Europa
uxía lópez padrón / lA voz
27/11/2013 02:00:19

El Juzgado número 1 de Padrón ratificó ayer la medida de prisión para los 13 ciudadanos marroquíes que fueron detenidos en alta mar en el marco de una operación relacionada con el tráfico de drogas, que sigue declarada secreta. Los detenidos iban a bordo de un pesquero que fue abordado con 10 toneladas de hachís y que se dirigía a las costas gallegas desde donde, posteriormente, estaba previsto distribuir la droga a otras zonas de España y de Europa.
Un autobús de la Guardia Civil trasladó a los 13 detenidos desde la cárcel de Teixeiro, en la que están ingresados, hasta el juzgado de Padrón, en el que estaban citados a las nueve de la mañana. Las declaraciones se prolongaron durante buena parte de la mañana, después de que los detenidos fueran llevados ante la jueza Berta Vidal Gallego, que ratificó la prisión comunicada y sin fianza para los 13.
El fiscal solicitó que los arrestados siguiesen en prisión, mientras que la defensa solicitó su puesta en libertad, con o sin fianza, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La presencia del autobús de la Guardia Civil en una zona peatonal de Padrón llamó la atención de los viandantes, así como el traslado, uno a uno, de los detenidos hasta el segundo piso del edificio judicial.
Sobre la conexión de esta operación antidroga, que propició el apresamiento del barco con hachís a 50 millas de las costas portuguesas, con el juzgado padronés sigue sin trascender nada. Lo único que se sabe es que la operación parte del juzgado de Padrón y que en ella trabajaron de forma conjunta investigadores de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera.
La Voz de Galicia

martes, 26 de noviembre de 2013

LA OPERACIÓN POKEMON IMPUTA A 88 PERSONAS

El libro gordo de la Pokémon, ya tiene parte del índice. Está contenido en un auto de la jueza Pilar de Lara que optó por repartir la macrocausa en 9 partes, con un total de 88 imputados de Galicia, Asturias y Cataluña. La instructora advierte que puede haber más causas y que la lista de imputados no está cerrada.. Por ahora, no hay sorpresas. Están los alcaldes de Lugo, Santiago y O Carballiño. Los exregidores de Ourense y Boqueixón y numerosos concejales.
La pieza que la jueza llama principal afecta a la empresa que consiguió la adjudicación del servicio municipal de la grúa de Lugo. En ella figuran como imputados el alcalde de Lugo, López Orozco, que acumula hasta un total de siete presuntos delitos y su brazo derecho en la corporación durante muchos años, el exconcejal Francisco Fernández Liñares, que suma diez. El exedil está involucrado en otras dos causas más.
López Orozco, regidor lugués, también fue incluido en la separata correspondiente a las actividades presuntamente irregulares cometidas por empresas del Grupo Vendex en Galicia en la que también se encuentra el exregidor de Ourense Francisco Rodríguez Fernández y un exconcejal del BNG.
Los contratos otorgados a este grupo, con sede en Madrid, que había colocado en Galicia a varios hombres para que entablaran negociaciones en los concellos, constituyen la parte más voluminosa. La jueza considera que en esta subtrama pudieron cometerse multitud de delitos y destaca que, además, pudo haber actividades ilícitas tales como la retirada de multas y sanciones o la falsedad de facturas y realización de regalos a diversas autoridades públicas y funcionarios.
Además de la pieza relativa a la grúa de Lugo y las llamativas adjudicaciones de Vendex, la jueza, dedica la número tres a todo el entramado que el lucense Francisco Fernández Liñares montó cuando presidió la Confederación Hidrográfica del Miño. Después, la operación Pokémon se centra en las presuntas adjudicaciones ilícitas de Aquagest y en diversas actuaciones llevadas a cabo en el Concello de Santiago.
La instructora advierte que hay más investigaciones, «alguna de ellas de gran relevancia». Destaca que del análisis de las intervenciones telefónicas, los registros realizados y las declaraciones de los imputados, «se han revelado conductas de apariencia ilícito penal de lo más variada que hacen referencia a hechos que casi siempre se encuentran relacionados entre sí».
Pilar de Lara cree que buena parte de las tramas «podrían enjuiciarse conjuntamente» y otras deben serlo independientemente. Significa que habrá que pronunciarse sobre «la tramitación a seguir y también sobre la competencia territorial, cuestión esta que en ocasiones parece no vislumbrarse con demasiada claridad, dada la diversidad de territorios y partidos judiciales afectados». Afectan a 4 municipios gallegos y también a Cataluña y Asturias.
La investigación prosigue. Ayer, por ejemplo, Vigilancia Aduanera fue al departamento de Contratación del Ayuntamiento de Lugo y se llevó numerosos documentos de contratos con el empresario Manuel Santiso y la empresa de la luz.
Lavozdegalicia

viernes, 22 de noviembre de 2013

20 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera, ha detenido a unas 20 personas, entre las que se encuentra un agente del Cuerpo, así como a un policía portuario y a un funcionario de Justicia, por tráfico de drogas.

Con esta actuación, declarada bajo secreto de sumario, presumiblemente se habría desmantelado una red dedicada a la introducción y distribución de cocaína en el país que se ha saldado con detenciones en Murcia y Madrid, según han informado fuentes próximas.

Diez de los detenidos han pasado este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, que ha decretado el ingreso en prisión para seis de ellos, otro prisión eludible bajo fianza y tres han sido puestos en libertad con cargos. Otros diez arrestados han sido puestos este jueves a disposición del juzgado que ejerce la instrucción del caso.

VIGILANCIA ADUANERA REALIZA REGISTROS DERIVADOS DEL CASO DE LAS ITV

Según han informadofuentes próximas a la investigación, se trata de una pieza separada del caso ITV -sobre el presunto amaño de adjudicaciones de estaciones de en el que está imputado, entre otros, el diputado en el Parlament Oriol Pujol-, pero los delitos que se investigan no están vinculados con este caso.
Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que esta pieza puede estar investigando si estos empresarios, vinculados a la empresa Certio, cometieron un presunto delito contra la Hacienda Pública en la administración de sus fortunas.
Enric M. ha sido investigado en el caso de las ITV por mantener contactos con el juez Emilio Aragonés del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, imputado por el Tribunal Supremo junto al magistrado Joaquín Ortiz por su presunta intervención en maniobras para la manipulación de una adjudicación administrativa de autorizaciones de ITV.
El empresario de Certio Ricard Puignou y Enric M. fueron asesorados por los dos jueces imputados cuando presentaron varios recursos contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones.
La investigación de esta pieza separada arranca a raíz de descubrir posibles nuevos delitos vinculados con dos empresarios -uno de ellos Enric M.- en otras empresas en las que tienen responsabilidades.
Vigilancia Aduanera se ha incautado en estos registros de documentación que ahora será analizada para concretar los detalle

PRISION PARA 20 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ha decretado prisión preventiva para siete de los 20 integrantes de una red de tráfico de drogas, entre los que figura un guardia civil y presumiblemente uno de los cabecillas.

Estas detenciones son fruto de la operación que ha llevado a cabo el Instituto Armado y Vigilancia Aduanera, que se ha saldado con el arresto de una veintena de personas tanto en Murcia como en Madrid, por la introducción y distribución de cocaína en el país.

En la jornada de este miércoles, que concluyó en la madrugada, pasaron a disposición judicial 10 de los detenidos, decretando el juez prisión para seis, entre los que figura el agente de la Benemérita; tres en libertad, entre ellos el policía portuario; y el funcionario de Justicia en libertad tras hacer efectiva la fianza de 20.000 euros.

Este jueves han pasado cuatro de los diez detenidos restantes, cuya detención se prolongará hasta este viernes. De los cuatro que han prestado declaración ante el juez, uno ha ingresado en prisión preventiva y los otros tres han quedado en libertad.

El juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y pertenencia a una organización criminal. La operación continúa abierta y está declarada bajo secreto de sumario.

Con esta actuación presumiblemente se habría desmantelado una red dedicada a la introducción y distribución de cocaína en el país que se ha saldado con detenciones en Murcia y Madrid.

viernes, 15 de noviembre de 2013

8 DETENIDOS E INTERVENIDA UNA TONELADA Y MEDIA DE DROGA EN MOTRIL

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil, y tras una investigación previa de la Policía Nacional, ha abortado un alijo de drogas en playa en el término de Motril (Granada), dando como resultado la aprehensión de 1.522 kilos de hachís y la detención de ocho presuntos narcotraficantes.

Según informa la agencia tributaria en un comunicado, la droga era transportada en una embarcación semirrígida y fue detectada por el dispositivo especial de vigilancia establecido por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en las costas de Granada.

En la operación han sido detenidas ocho personas de nacionalidad española y marroquí, entre las que se encuentran los presuntos responsables del transporte de la droga a bordo de una embarcación semirrígida desde el norte de África, los encargados de descargar el estupefaciente y la persona que ocultaba las embarcaciones y las ponía a punto para su botadura.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre tras detectarse actividades ilícitas de un grupo de personas afincadas en las provincias de Sevilla y Badajoz presuntamente dedicadas al transporte de importantes cantidades de hachís por vía marítima hasta las costas españolas.

Así, el grupo Greco de Cádiz de la Policía Nacional, que seguía a esta red, alertó al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de una posible introducción de droga en una zona sin determinar de la costa mediterránea, por lo que establecieron un operativo de localización aeronaval que no encontró el objetivo, aunque otro operativo conjunto con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en la costa de Motril detectó una embarcación neumática de unos diez metros de eslora que resultó ser la indicada por el grupo Greco de Cádiz, lo que permitió a los investigadores pasar a una fase de explotación de la investigación, que derivó en la aprehensión de la droga y las detenciones de los presuntos nacotraficantes.

Según agrega la agencia, al frente del grupo de 'narcos' había dos personas supuestamente encargadas de gestionar toda la logística necesaria para llevar a buen término los transportes de hachís y para ello se desplazaron hasta Galicia y adquirieron una embarcación semirrígida de 10 metros de eslora que pretendían utilizar para viajar hasta Marruecos, cargar la droga y, finalmente, alijar el estupefaciente en España.

LAS EMBARCACIONES, EN ISLA MENOR (SEVILLA)

La lancha fue trasladada hasta el domicilio de otro miembro de la organización, situado en la localidad sevillana de Isla Menor, donde ocultaban las embarcaciones, instalaban los equipos electrónicos necesarios y las ponían a punto para su botadura en el Guadalquivir con destino al punto donde debían cargar el hachís. La finca contaba con un completo sistema de videovigilancia, compuesto por 16 cámaras, para garantizar la custodia de esta y otras embarcaciones, que fueron posteriormente intervenidas.

El día previsto para ejecutar la transacción, los dos responsables del grupo botaron de madrugada la embarcación con destino a aguas del Atlántico y los dos tripulantes navegaron a través del río Guadalquivir para después atravesar El Estrecho y dirigirse hasta el Mar Mediterráneo, explica la Agencia Tributaria.

El operativo dispuesto culminó en la localidad granadina de Castillo de Baños, cuando se detectó la entrada de la embarcación en la costa y los presuntos narcotraficantes se disponían a alijar el estupefaciente.

Las detenciones efectuadas en el momento por Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil concluyeron posteriormente, cuando la Policía Nacional arrestó a otro de los supuestos miembros del grupo en las inmediaciones de la zona del alijo y al encargado de custodiar las embarcaciones en la finca sevillana, donde los agentes intervinieron otra embarcación semirrígida, de 12 metros de eslora y motor de 250CV, dos cascos de embarcaciones de gran eslora, una embarcación de recreo provista de doble fondo, una moto de agua, un vehículo de alta gama, dos armas largas -una de ellas sustraída- y teléfonos vía satélite, entre otros efectos.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, así como por investigadores del GRECO y agentes de las comisarías de Badajoz y Dos Hermanas de la Policía Nacional.

lunes, 11 de noviembre de 2013

INTERVENIDAS CERCA DE 12.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO


MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con miembros del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, han culminado una operación contra el contrabando de tabaco, que se ha saldado con dos detenidos y 11.929 cajetillas de tabaco intervenidas, valoradas en unos 47.200 euros. De igual modo, han sido incautados dos vehículos y cinco teléfonos móviles.

Al parecer, los detenidos se dedicaban de forma habitual a la compra y distribución de tabaco, que, previamente, había sido introducido de contrabando en la península, para lo que se desplazaban a La Línea de la Concepción (Cádiz), según han informado en un comunicado desde la Policía Local.

Tras ello, la mercancía era almacenada en distintos lugares de Málaga capital para su posterior distribución, cambiando con bastante frecuencia de lugares de almacenamiento a medida que eran localizados.

En uno de los locales que han sido registrados se han encontrado un total de cuatro sacos, en cuyo interior había cartones de distintas marcas de tabaco, comprobando, una vez abiertos, que no contenían cajetillas, sino cartones presados y clavos, simulando la consistencia y el peso que pretendían suplantar.

UN AMETRALLAMIENTO LLENO DE INCÓGNITAS

Abdeslam Ahmed Ali, alias «Pisly», y Mohamed Amin Mohamed Dris, «Amin», los dos ciudadanos de origen magrebí –residentes en Melilla, de nacionalidad española–, que murieron el pasado día 27 de octubre por disparos de la Marina Real marroquí, tenían antecedentes por tráfico de hachís. Sobre la embarcación semirrígida en la que navegaban, la «Hami», existía una orden de embargo e incautación, precisamente por estar relacionada con una banda que se dedica al tráfico de estupefacientes.

La muerte de estos dos jóvenes ha provocado un considerable revuelo en la Ciudad Autónoma y el asunto ha llegado, incluso, a Madrid (en el Senado se guardó un minuto de silencio) ya que se les presenta como simples pescadores que habían salido a la mar a faenar.

Independientemente de si la reacción de la Marina Real marroquí fue desproporcionada al delito que pretendían combatir, lo que se investiga en el país vecino, y la presunción de inocencia a la que tienen derecho los dos fallecidos, existen una serie de evidencias que, según fuentes conocedoras del asunto, consultadas por LA RAZÓN, no han sido tenidas en cuenta ni se les ha dado publicidad, lo que ha contribuido a una cierta manipulación de la opinión pública de la Ciudad Autónoma. Además, en los últimos tiempos han sucedido otros dos ametrallamientos similares: el 12 de octubre, en Qued Lau, un ciudadano marroquí resultó muerto y uno español herido (está detenido) en un incidente parecido; y el pasado 4 de noviembre, otra patrullera de la Marina Real disparó contra una lancha e hirió al patrón en una pierna y a otros dos ocupantes, uno en el brazo y otro en el estómago (todos ellos españoles). Se refugiaron en el puerto de Ceuta.

Lo cierto es que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla había decretado el pasado 11 de octubre, mediante sendos autos, el embargo de la «Hami», así como la prohibición de que fuera botada al agua o abandonara el puerto. Según las citadas fuentes, esta decisión está justificada en las investigaciones, realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El juez indicaba, incluso, que, en caso de ser detectada entrando o saliendo de puerto, o en un traslado por carretera en un remolque, se procediera a su «inmediata inmovilización» y su traslado a un depósito para que quedara a disposición de dicho Juzgado. Según las referidas fuentes, la embarcación formaba parte de una «flota», de la que ya habían sido requisadas otras tres, por pertenecer a una banda de narcotraficantes. No se trata, agregan los mismos medios, de justificar nada, sino de situar los hechos en su exacto contexto ya, que la decisión de juez sobre la embarcación está basada en una larga investigación que se había iniciado en diciembre de 2011.

Fue entonces cuando una patrullera del SVA interceptó la lancha «Romerete II», de bandera española y puerto base en Melilla, que transportaba 500 kilos de hachís, de los que se recuperaron 70, al arrojarse el resto por la borda. Iba tripulada por dos individuos de origen marroquí con DNI español, uno de ellos el llamado Maanan Ahmed Ali, hermano «Pisly» (uno de los fallecidos ahora). Días más tarde, se detuvo en Melilla al resto de la banda, entre los que estaba el propio «Pisly» y el considerado cabecilla del grupo, Ridwan Mohamed Ameyahi, «Ñaca». La otra embarcación intervenida entonces, llamada «La Hiena», es una gemela de la ahora ametrallada y tenían, incluso, números de serie correlativos.

Los investigadores detectaron que los miembros de esta banda, una vez obtenida la libertad tras pagar las fianzasy pendientes de la celebración del juicio, habían comenzado a comprar nuevas embarcaciones y que las ponían a nombres de terceros. Tras las correspondientes vigilancias, fueron intervenidas en la «Operación Netol». Una de las lanchas que se incautaron había protagonizado, en junio de este año, un incidente que tuvo repercusión en la prensa nacional, al entrar de madrugada en Melilla perseguida por una patrullera de la Gendarmería Real marroquí cuyos funcionarios llegaron a desembarcar en suelo español, algo totalmente inusual.

La organización delictiva, a la que se le había intervenido tres lanchas, le quedaba una cuarta: la «Hami», la que fue ametrellada. Inicialmente esta embarcación figuraba a nombre de un soldado profesional de Regulares sin antecedentes, pero al ser destinado a Ceuta, la lancha fue matriculada a nombre de «Amin», de sólo 20 años. Era el último que había llegado al grupo y precisamente por eso le «colgaron el marrón» de ser el titular de la última neumática que les quedaba.

Dos familias diferentes

A diferencia de la familia de «Pisly», algunos de cuyos miembros están imputados y sus bienes embargados, la de «Amin» es honrada y trabajadora. Tampoco se han significado tanto como la de «Pisly» en las manifestaciones que se han producido tras la muerte de ambos. «Amin» trabajó con su padre en el bar durante el pasado verano, pero las fuentes consultadas creen que fue tentado por «Ñaca» y «Pisly». «Posiblemente "Amin" sea la auténtica víctima de toda esta historia y el que ha pagado el pato».
Larazon

sábado, 9 de noviembre de 2013

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR ADJUNTO DE VIGILANCIA ADUANERA

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el nombramiento de don Ángel Delgado Bernaldo de Quirós como Director Adjunto de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Madrid, 8 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese de doña María Vicenta Abad Carrasco como Directora Adjunta de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 8 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11750

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11751

viernes, 8 de noviembre de 2013

CUATRO DETENIDOS E INTERVENIDOS 1.700 KILOS DE HACHIS EN LA COSTA GRANADINA

Granada, 8 nov (EFE).- Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y de la Guardia Civil han detenido hoy a cuatro personas que estaban descargando cerca de 1.700 kilogramos de hachís en una playa de Castillo de Baños (Granada).
Según han indicado a Efe fuentes de la Guardia Civil, esta operación conjunta del SVA y el instituto armado se ha realizado a primeras horas de la mañana cuando los detenidos se encontraban en la zona conocida como Rambla de las Aguas, en Castillo de Baños, alijando en torno a medio centenar de fardos droga.
En un principio intentaron darse a la fuga, aunque cuatro de ellos fueron detenidos por los agentes que intervinieron en la operación, que continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Los agentes también se han incautado de la embarcación semirrígida en la que transportaban la droga, así como de un vehículo dispuesto para el transporte de la mercancía. EFE

jueves, 7 de noviembre de 2013

POLICÍA NACIONAL Y VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTAN 10 TONELADAS DE HACHIS EN ALTA MAR

El Óscar II, un pesquero con bandera marroquí, pretendía llevar más de 10 toneladas de hachís al norte de España para su distribución. El sistema previsto por la red hispano-marroquí era el desembarco de la mercancía en planeadoras en un punto en aguas internacionales entre Portugal y Galicia para poder llevarla a tierra.
Sin embargo, el trabajo conjunto llevado a cabo por agentes del GRECO de Galicia, adscrita a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Vigilancia Aduanera ha desarticulado una red de narcotráfico, dentro de la operación ‘Monteviejo’ con la detención de los 13 tripulantes del pesquero de origen marroquí y la incautación más de 300 fardos con más de 10 toneladas de hachís.
El barco fue abordado a 50 millas al oeste del Cabo de San Vicente por seis agentes del GEO, en labor conjunta con el DAVA, que realizaron un trabajo “de alta calidad”, tal como explicó el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre.
En la mañana de hoy, el pesquero ha sido atracado en la dársena Marqués de Comillas del puerto de Cádiz Esta operación fue seguida muy de cerca por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre; el comisario jefe de la UDYCO Central, Eloy Quirós; y el comisario jefe superior en Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez.
Como contó el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, la operación policial comenzó en el pasado mes de febrero, dando como resultado la desarticulación momentánea de la organización, cuyo punto de origen era Marruecos. En estos momentos, la investigación que dirige el Juzgado número 2 de Padrón (La Coruña) sigue abierta, pasando los 13 tripulantes detenidos a disposción judicial en el Juzgado de Guardia de Cádiz.
Según De Torre, los detenidos no tienen antecedentes penales en España, aunque las diligencias siguen abiertas.
El subdelegado del Gobierno como que la operación ha sido “compleja desde el punto de vista operativo y por el riesgo que se ha corrido”. Por ello, quiso agradecer al grupo GRECO de Galicia, Vigilancia Aduanera y al GEO por el trabajo realizado. Sobre el abordaje, apuntó que “hay que felicitar al GEO porque, sin lugar a dudas, el trabajo que han hecho a 50 millas del Cabo de San Vicente ha sido de alta calidad y a las pruebas nos podemos remitir”.
Además, apuntó De Torre la importancia de la operación por que “estas 10 toneladas de hachís que se han incautado salen del mercado”. Asimismo, destacó como “inusual” el alto número de tripulantes del barco pesquero, que pretendían “el desembarco de la mercancía al ser abordados o tener una mejor desestiba del buque en el caso de que se acercasen las planeadoras”.
Por su parte, el comisario jefe de la UDYCO Central, Eloy Quirós, explicó que durante el abordaje no hubo resistencia por parte de los tripulantes, por lo que fue “limpio y por sorpresa”. Asimismo, Quirós no supo determinar el precio que el hachís tendría en el mercado negro, ya que “hay que esperar el grado de pureza” para que se pueda conocer su valor.
Cadizdirecto

lunes, 4 de noviembre de 2013

PRÓXIMO JUICIO POR INTENTAR INTRODUCIR 1,7 TONELADAS DE HACHIS A TRAVÉS DE LA COSTA ALMERIENSE

La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes la primera sesión de la vista oral contra tres acusados de intentar alijar, en enero de 2012, más de 1,7 toneladas de hachís a bordo de una embarcación neumática que fue interceptada por Vigilancia Aduanera a 1,3 millas náuticas del litoral de la playa de Punta de los Baños de Guardia Viejas, en El Ejido (Almería).

J.B.R., G.P.M.L. y Y.E.A.L. se enfrentan a una petición fiscal de cinco años y seis meses de prisión, así como multas de 10,4 y 7,8 millones de euros como autores de sendos delitos contra la salud pública en cantidad de notoria importancia. La vista oral se celebra ante el tribunal de la Sección Tercera y tendrá continuidad en una segunda sesión el miércoles.

Según se recoge en el escrito de acusación, los tres, de común acuerdo, eran los tripulantes de un zódiac de color azul de 12 metros de eslora, sin bandera y dotada con dos motores de 250 cv, que fue detectada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) cuando navegaba a unas 20 millas náuticas de la costa. En su interior, transportaban un total de 57 bultos de color marrón.

La embarcación fue sorprendida las 10,30 horas del 28 de enero durante una operación de Vigilancia Aduanera con la patrullera 'Fénix' y un helicóptero. Los acusados, al percartarse de su presencia, dieron la vuelta y se internaron de nuevo en alta mar cuando tan solo se hallaban a unos 50 metros de la playa ejidense de Punta de los Baños.

En la persecución, la patrullera dio orden a la lancha de detenerse pero la tripulación hizo caso omiso, según remarca el Ministerio Público, y emprendió la huida rumbo sur hasta hacer una maniobra brusca que provocó una colisión entre ambas embarcaciones.

Los agentes decomisaron en el interior de la zódiac 1,7 toneladas de hachís distribuidos en 56 fardos y con un porcentaje de THC del 13,33 por ciento y una bolsa con otros 18,9 kilos con un THC del 5,37 por ciento. La droga que se intervino a los acusados, dos de ellos vecinos de la Línea de la Concepción (Cádiz) y Ceuta, y un tercero de nacionalidad marroquí, hubiese alcanzado en el mercado negro un valor total de más de 2,6 millones de euros.
ElEconomista