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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 30 de enero de 2013

INTERCEPTADO OTRO ENVIO DE COCAINA LIQUIDA

La Policía Nacional y la Unidad Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado otro envío de cocaína líquida introducida en tres bidones cuyo destino era un pueblo de Toledo.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado este martes del hallazgo de esos bidones procedentes de Paraguay, que tenían una capacidad de 22 kilos y en cuyo interior había cocaína líquida.
El pasado 15 de enero, la misma fuente informó de la detención de dos ciudadanos paraguayos vecinos de Toledo presuntamente implicados con otro alijo de cocaína líquida oculta en bidones de aceite.

La Delegación ha explicado que existe un continuo control para evitar la posible entrada de sustancias estupefacientes en el pais, tareas en las que colaboran la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. 

CONDENADOS A ENTRE 6 Y 11 AÑOS DE PRISION POR UN ALIJO DE 2 TONELADAS DE COCAINA

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 6 y 11 años de cárcel a los seis miembros de una red que intentó introducir en 2009 dos toneladas de cocaína camufladas en un cargamento de flores proveniente de Colombia.
Los hechos, sentenciados por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, se remontan al 23 de diciembre de 2009, cuando aterrizó en el aeropuerto de Vitoria Foronda un avión procedente de Bogotá con una carga declarada de 43.038 kilos de flores frescas que tenían como destino unos viveros de la zona.
Al proceder a inspeccionar la mercancía, los agentes de vigilancia aduanera encontraron dentro de los palés que cargaban las flores 2.016 paquetes de cocaína "perfectamente encajados" en sus travesaños.
En total, se sacaron de los palés 2.005 kilos de droga con una pureza del 61%, que habría alcanzado un valor en el mercado de 58,5 millones de euros, según recoge la sentencia.
El responsable de la trama que importó la cocaína desde Colombia es José Ramón Jiménez Villamil, un colombiano condenado a 11 años de cárcel que presidía la compañía de "handling" International Air Cargo Lines, que gestionaba envíos aéreos con base en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Jiménez Villamil, indica la sentencia, mantuvo desde 2008 varios encuentros con empresarios del sector aeronáutico para planear la manera de introducir la droga, entre ellos Miquel Rafael Martínez Navarro, condenado a 10 años de cárcel y que trabajó hasta enero de 2009 en el despacho aduanero ATB Transitorium.
En un principio, el líder de la red contactó con representantes del aeropuerto de Ciudad Real, entre ellos Ricardo González Placer (condenado a 10 años), quien captaba clientes y gestionaba cargas para el aeródromo de gestión privada.
Al ver que era difícil llevar la droga hasta la localidad manchega, González Placer presentó entonces al cabecilla a varias personas del aeropuerto de Vitoria, donde poseía "importantes contactos".
Jiménez Villamil encargó a Martínez Navarro que se constituyera una sociedad como destinataria de las flores, la cual figuró a nombre de otros dos condenados: Francisco Javier Lozano Santoro, sobre quien recae una pena de 6 años de cárcel como cómplice de un delito de tráfico de drogas, y Mario Sergio Sánchez Santoro, condenado a 10 años como autor.
El sexto condenado, en este caso a 10 años de cárcel, es Diego León Jiménez Utima, quien se habría encargado de controlar la llegada de la cocaína y las labores de descarga en la nave que la empresa había alquilado en Jundiz (Vitoria).
Cinco días antes de la llegada de la droga, la sentencia narra que se hizo un vuelo de prueba con mercancía legal para que los implicados en la trama se pudieran cerciorar de los controles, trámites y medidas de seguridad del aeropuerto vasco.
La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Javier Lázaro en el que considera que solo quedó probado el delito de tráfico de drogas en el caso del líder de la red, y no en los cinco restantes condenados.
Lázaro explica que en el juicio, celebrado el pasado diciembre, no se practicó ninguna prueba directa que probara que los cinco supieran los propósitos del cabecilla, ya que ni se ocupó droga en su poder ni ninguna declaración les incrimina directamente.
elmundo

lunes, 28 de enero de 2013

PROPOSICION NO DE LEY CONTRA LA CORRUPCION ABOGA POR LA CREACION DE LA POLICIA FISCAL

 Uno de los puntos aboga por la creacion de una policia fiscal  en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas contenidas en el siguiente Plan integral de lucha contra la corrupción:

I.- Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción

1. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales. Ampliación de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción. Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.

2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior.

3.- Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

4.- Incorporación a todo el ordenamiento legal de las recomendaciones adecuadas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

II.- Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

5.- Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

6.- Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.

7.- Dotación de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos adecuados a la Agencia Tributaria del Estado (inspectores, técnicos, agentes tributarios y auxiliares administrativos);  al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC);  a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal y contra el crimen organizado; a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas competentes en la persecución de estos delitos, organismos todos ellos que han de funcionar coordinadamente y con cruce de datos bajo supervisión judicial.

8.- Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.

9.- Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.

10.- Investigación y persecución por la Agencia Tributaria de los incrementos del patrimonio de las personas físicas y jurídicas carentes de justificación con relación a los ingresos declarados.

Leer texto integro en   http://izquierda-unida.es/node/11701

UNA PATRULLERA DEL SVA LOCALIZA UNA PLANEADORA INCENDIADA EN LAS COSTAS CORUÑESAS

LOS INVESTIGADORES APUNTAN A QUE ESTABA PREPARADA PARA TRANSPORTAR COCAINA.Este operativo pone de manifiesto que de forma aislada continúa entrando cocaína en la ría de Arousa
La embarcación 'planeadora' que ayer apareció ardiendo en una playa del municipio coruñés de Boiro estaba preparada para salir cargada con un alijo de cocaína hacia la ría de Arousa, informaron hoy fuentes de la investigación.
 Imagen de la planeadora ardiendo en la Ría de Arousa. // TVG
Una patrullera del servicio de Vigilancia Aduanera localizó la embarcación en la zona de O Pombeiro, en el municipio de O Grove, hacia la 01:00 horas de la madrugada de ayer y persiguió a sus tripulantes, que finalmente lograron llegar a la playa de Mañons y supuestamente le prendieron fuego para borrar todo tipo de huellas.
 Agentes de la Guardia Civil de A Coruña hicieron una inspección inicial pero no hallaron ningún tipo de indicio.
La embarcación, de unos once metros de eslora y cinco motores de trescientos caballos de potencia cada uno, quedó totalmente calcinada hasta resultar parcialmente hundida.
De momento no ha sido retirada de la zona, pero las capitanías marítimas de Vilagarcía de Arousa y A Pobra, junto a la Guardia Civil, analizan la mejor alternativa para llevarla a tierra.
Los investigadores consideran que atendiendo a la hora en que se produjo la detección de la embarcación y a la reacción de los tripulantes, parece que podría haber salido a recorrer "unas cien millas" para, antes del amanecer, "regresar a descargar la cocaína" en algún lugar de la costa gallega.
Este operativo pone de manifiesto que de forma aislada continúa entrando cocaína en la ría de Arousa, a pesar de haber disminuido notablemente esta actividad en la zona, añadieron las fuentes.
abc


domingo, 27 de enero de 2013

LA AGENCIA TRIBUTARIA AUMENTÓ UN 10% SU COLABORACION CON LOS ORGANOS JUDICIALES

Durante el proceso penal, son numerosas las solicitudes de los órganos judiciales de peritos, testigos o auxilio judicial, desde antes incluso de incoarse el procedimiento hasta su culminación. Estas actuaciones de colaboración se han incrementado en un 10,4% en 2012, según se indica en la tabla:

Bajo supervisión judicial, la Agencia Tributaria adopta medidas cautelares para el aseguramiento de las posibles responsabilidades que se declaren en el proceso penal y realiza investigaciones de la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito denunciado. La administración tributaria auxilia a los jueces y tribunales en la ejecución de las sentencias condenatorias por delito contra la Hacienda Pública, exigiendo por el procedimiento de apremio la pena de multa y la responsabilidad civil declarada en sentencia.

Fiscalía Anticorrupción

Además de a juzgados y tribunales de Justicia, la Agencia Tributaria remite con regularidad información a los órganos del Ministerio Fiscal. Las actuaciones se encauzan a través del convenio de colaboración suscrito, en materia de cesión de información tributaria, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la propia Agencia Tributaria.
La Unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción está dotada con nueve funcionarios de la Agencia Tributaria. Realiza informes, auditorías y actuaciones que le requiere el fiscal jefe de la Fiscalía Especial o el fiscal general del Estado.

Policía Judicial

Junto a las actuaciones anteriores, destaca también la labor de apoyo al Poder Judicial que realizan los cerca de 900 funcionarios de Vigilancia Aduanera en su función de policía judicial. En 2012 se registraron 414 expedientes judicializados con funcionarios en tareas de policía judicial.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, además de policía administrativa, tiene la consideración de policía judicial en asuntos concretos relativos a la persecución de los delitos de contrabando y otros conexos como el blanqueo de capitales y delitos contra la propiedad industrial e intelectual, entre otros.
Pueden actuar en investigaciones relacionadas con el fraude fiscal y la economía sumergida, con la previa encomienda de un juzgado, tribunal o del Ministerio Fiscal. No podrán ser removidos o apartados de la investigación si no es por decisión del juez competente. Están vinculados por el secreto de sumario.
 http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/844203/economia/la-agencia-tributaria-aumenta-un-10-la-colabo


viernes, 25 de enero de 2013

DETENIDO EN EL AEROPUERTO DE LOIU CON 1,1 KILOS DE COCAINA

Un ciudadano rumano de 33 años fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Loiu cuando trataba de introducir en el país más de un kilogramo de cocaína oculta en el interior de dos figuras de cerámica. La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, sospechó de un viajero que llegó a la terminal vizcaína procedente de la ciudad brasileña de Sao Paulo y después de haber hecho escala en Münich.
El arresto se produjo después de que los agentes realizaran en la aduana una inspección del equipaje que portaba el pasajero. Según una nota del Ministerio de Interior, las características «poco usuales», de dos figuras decorativas de porcelana que se encontraban en las maletas del ciudadano rumano, así como el «excesivo peso» de las mismas, levantaron sus sospechas.
Tras un examen más detallado, los agentes del instituto armado descubrieron en el interior de las dos piezas una sustancia en forma de polvo. La detención se produjo después de que descubrieran mediante la utilización de diferentes reactivos que se trataba de cocaína. La droga incautada alcanzaba los 1.106 gramos. Según fuentes de Interior, su salida al mercado hubiera supuesto en torno a 10.800 dosis.

jueves, 24 de enero de 2013

POLICIA Y GUARDIA CIVIL PLANTEAN UNIFICARSE EN UNA SOLA POLICIA CIVIL DEL ESTADO

El proyecto incluye también que el servicio de vigilancia aduanera se integre en las estructuras policiales estatales


“El sistema actual español es uno de los más numerosos y caros de la Unión Europea –aunque, paradójicamente, sus miembros perciben salarios muy bajos- y, por tanto, está plagado de ineficiencias y desequilibrios estructurales”. Es la razón que aducen el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritarios en sus respectivos cuerpos, para proponer un nuevo sistema policial basado en varios puntos que han presentado esta mañana en Madrid. El más novedoso sería la unificación del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en una única Policía Civil del Estado.
En la presentación oficial de esta propuesta, representantes de ambas organizaciones han admitido que es muy complicado, pero que supondría un gran ahorro. Lo han cifrado en 3.000 millones de euros.
“Nadie es capaz de dar ni una sola explicación de por qué, en pleno siglo XXI, Valdepeñas, Gandía y Aranjuez tienen un tipo de Policía y Tomelloso, Cullera y Majadahonda tienen otro muy diferente”, argumentan. “Un solo cuerpo de policía estatal sería menos costoso para el Estado y, por lo tanto, para los ciudadanos. Además, un único cuerpo, por razones obvias, actuaría de forma más coordinada y eficaz, prestando mejor servicio a la sociedad. Hay que destacar que en la actualidad existen duplicidades de órganos y servicios en ambos cuerpos estatales (servicios de policía judicial; servicios de información y antiterrorismo; servicios de formación y perfeccionamiento…) cuya unificación provocaría un ahorro considerable.
Las dos asociaciones indican que, a pesar de que España “mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa” (4,86 por cada 1.000 habitantes; 71.500 policías, 83.000 guardias civiles, 26.200 policías autonómicos y 70.000 locales), “tanto la Guardia Civil como la Policía tienen déficit de personal”. “Con la unificación de ambos cuerpos”, aseguran, “el número de efectivos sería suficiente y aún quedaría un margen para adscribir unidades de policía a todas las comunidades autónomas que no cuentan con cuerpos de seguridad e incluso reforzar los cuerpos de policías locales, para que fuesen más eficaces”. Su propuesta no contempla echar a ningún agente, sino que durante un periodo no se reemplazaran las bajas que se van produciendo con el tiempo.
En caso de que el Estado desee mantener un cuerpo policial militar, las dos organizaciones proponen que se dediquen en exclusiva a participar como fuerza de paz en conflictos internacionales y en territorio español y a la función de policía del Mar, Aire y Fronteras, “adaptando su despliegue a esta competencia”.
El proyecto incluye también que el servicio de vigilancia aduanera se integre en las estructuras policiales estatales; que Instituciones Penitenciarias asuma las funciones de vigilancia exterior en los centros penitenciarios de las que ahora se ocupan Guardia Civil y Policía Nacional; que se establezcan “cometidos claros y funciones específicas” para la policía estatal en las comunidades en las que existe una policía autonómica; que se amplíen y armonicen en todo el territorio las funciones de la policía local; y sistemas de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad.
El texto presentado plantea también que no deberían proliferar las policías autonómicas sino adscribirse una unidad de la policía estatal a todas aquellas que ahora no cuenten con una policía propia.
“Los partidos políticos son los que pueden plantear las iniciativas legislativas para rectificar el rumbo –costoso, anárquico, desequilibrado- que está llevando a la quiebra la seguridad de nuestro país”, indican. “Pueden existir otras alternativas [a las que ellos proponen]. Pero lo que no debería producirse es el continuismo de la situación actual”.
elpais

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INTERVIENE DE NUEVO OTRO ALIJO DE 90 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia investiga la llegada de un nuevo cargamento de cocaína a los muelles valencianos, tras la incautación de casi 90 kilos de esta sustancia aprehendidos el pasado fin de semana por funcionarios de Vigilancia Aduanera. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia, el estupefaciente procedía de Ecuador y fue descubierto gracias a una revisión el pasado domingo.
En esta ocasión, las mafias de la cocaína utilizaron un cargamento de puré de banano destinado a una empresa importadora valenciana ajena a la trama delictiva. De hecho, este nuevo alijo interceptado en el puerto de Valencia ha sido introducido mediante el sistema de "gancho perdido", que consiste en colar la droga en mochilas grandes dentro de un contenedor con mercancía legal. Es uno de los métodos más empleados en el contrabando marítimo, porque rebaja costes y riesgos para los narcos, que únicamente tienen que introducir las bolsas con cocaína en el puerto de origen o en alguno intermedio, y ocuparse luego de sacarla del contenedor en el de destino, en este caso el de Valencia, antes de que la carga continúe viaje hasta su destinatario final.
La aprehensión fue realizada el domingo, y la droga, con un peso de algo más de 90 kilos, estaba distribuida en 89 pastillas camufladas dentro de dos macutos. Nada más detectar la presencia del estupefaciente, los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), dependiente de la Agencia Tributaria, la decomisaron y dieron cuenta el lunes al juzgado de guardia de incidencias, el número 9 de Instrucción de Valencia. El juzgado mantiene abierta la investigación para determinar a quién iba dirigida la cocaína, si bien por el momento no se han producido detenciones.
levante-emv

miércoles, 23 de enero de 2013

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL DETIENEN A UNA PERSONA CON MEDIO KILO DE COCAINA

La Guardia Civil  y el Servicio de Vigilancia Aduanera  han detenido en Ciudad Real una persona de 22 años e intervenido más de medio kilo de cocaína contenida en un paquete postal procedente de Paraguay.

Como resultado de los controles que se realizan en las mercancías que tienen entrada en nuestro país, a través del Aeropuerto de Barajas,  la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de este aeropuerto detectó un envio,con distintas cantidades de cocaína, en un total de 571 gramos.

Tras este descubrimiento, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Ciudad Real establecieron un dispositivo para detener a las personas implicadas. Resultando finalmente detenido G.M.G., de 22 años de edad y vecino de Miguelturra,
Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 7 de Ciudad Real.

OPERACION "KARLOS":FISCALIA SOLICITA LA DEVOLUCION DE 7,6 MILLONES DEFRAUDADOS Y 36 AÑOS DE PRISION

 A través de las intervenciones telefónicas, los funcionarios de Vigilancia Aduanera confirmaron las primeras pistas no sólo de un negocio empresarial basado en facturas falsas sino también que se había convertido en un auténtico conseguidor de pensiones. Al tratarse de dos vertientes ilícitas distintas, las pesquisas se dividieron en dos asuntos judiciales: Karlos y Halcón. 
 El Ministerio Fiscal solicita 36 años de prisión para el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero y su pareja, Elisa Calvente, por su supuesta relación con la operación 'Halcón', la presunta trama de facturas falsas en la Sierra de Cádiz a raíz de la cual salió a la luz la denominada operación 'Karlos' de fraude a la Seguridad Social y por la que Carretero se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena.
El vendaval mediático que supuso la 'operación Karlos' con la implicación de María José Campanario, quien finalmente fue condenada junto a su madre, relegó a un segundo plano el origen de esa investigación, el cual se desgajó en su día y se transformó en un procedimiento judicial independiente, denominado 'caso Halcón'. Estas pesquisas dirigidas por la Agencia Tributaria destaparon toda una estructura societaria ideada presuntamente por Carlos Carretero y basada en la compra-venta de facturas falsas. Ayer se conocía la acusación pública que planteará el Ministerio Fiscal en un juicio oral para el que aún no hay fecha.
El fiscal acusa a 19 personas por participar en un entramado empresarial ficticio que sólo perseguía obtener beneficios económicos mediante facturaciones falsas a terceros. No sólo pide para ellos penas de cárcel sino la devolución de 7,6 millones de euros por cuotas defraudadas al IVA y el Impuesto de Sociedades entre los años 2002 y 2005.
Los clientes (sociedades con actividad real) de la trama delictiva, muchos de los cuales tienen su sede en la Sierra de Cádiz y están vinculados al sector de la piel, maquillaban sus balances con esas facturas falsas y declaraban operaciones mercantiles ficticias, obteniendo desgravaciones fiscales por la compra de productos o servicios inexistentes. Una práctica que actualmente persigue intensamente la Hacienda Pública, necesitada de sacar a flote los millones que mueve la economía sumergida y tras confirmar con esta primera gran operación, que el mercadeo ilícito de facturas estaba muy extendido en determinados sectores productivos de la provincia de Cádiz.
A la cabeza de este entramado, según el Ministerio Fiscal, se sitúa el exjefe de la Policía de Ubrique, Carlos Carretero, condenado por haber hecho negocio con la tramitación de pensiones de incapacidad a personas que no reunían los requisitos para obtener una pensión. El fisco comenzó en 2005 a indagar en su patrimonio debido al alto poder adquisitivo que demostraba y que no encajaba con sus ingresos reconocidos. A través de las intervenciones telefónicas, los funcionarios de Vigilancia Aduanera confirmaron las primeras pistas no sólo de un negocio empresarial basado en facturas falsas sino también que se había convertido en un auténtico conseguidor de pensiones. Al tratarse de dos vertientes ilícitas distintas, las pesquisas se dividieron en dos asuntos judiciales: Karlos y Halcón.
El fiscal lo define de ideólogo del entramado societario y a su pareja sentimental, Elisa Calvente, también condenada por el 'caso Karlos', como su fiel mano derecha. En la cúpula de esta asociación coloca además a Salvador M. V. y a Mariano G. M. El primero es un estrecho colaborador de Carretero, a quien le salpicó igualmente el anterior procedimiento si bien salió absuelto.
Doce de los acusados, entre los que se encuentran familiares y amigos de los principales imputados, ejercían de testaferros del entramado, personas que a cambio de una remuneración económica o incluso la obtención de una pensión de incapacidad que les garantizara unos ingresos de por vida, eran nombrados administradores de compañías que sólo existían en los papeles. Son las denominadas empresas emisoras y pantalla. Las primeras se dedicaban exclusivamente a emitir facturas por unos servicios que no hacían a terceros; y las segundas, declaraban el IVA por unas compras ficticias obteniendo así beneficios fiscales.
Cumplimiento real
Las penas que solicita el Ministerio Fiscal para los 19 acusados oscilan entre los 36 años para Carretero y su pareja hasta los 21 meses para algunos de los testaferros. Si bien, en el caso de los cabecillas esas peticiones son un mero cómputo de las penas que recoge el Código Penal para los delitos que les imputan: falsedad documental y contra la Hacienda Pública. En caso de ser sentenciados siguiendo el criterio del fiscal, se les aplicaría la limitación de cumplimiento máximo en prisión que establece la ley para los condenados por dos o más delitos. Así, a tenor de esta norma, tanto Carretero como su novia no permanecerían más de 9 años en prisión (el triple de la pena más grave, en este caso tres años).
A esto se suma que el propio Ministerio Fiscal reconoce en su escrito que el procedimiento, que ha cumplido más de siete años en los juzgados, ha soportado retrasos injustificados que no son achacables a los imputados; por lo que la sombra de la aplicación de una atenuante en las penas, en caso de condena, por dilaciones indebidas parece más que probable.
Aunque las pesquisas llevadas a cabo por la Agencia Tributaria puso boca arriba la contabilidad de más de 200 empresas reales de la provincia, que habían terminado siendo clientes del entramado liderado por Carretero, algunas de ellas regularizaron su situación ante el fisco y otras están inmersas en otros procedimientos judiciales. Así, sólo tres de ellas -Fergó Curtidos S. L., Curtidos Rebeco S. L. y Domipiel Design S. L. - y sus dos administradores serán acusados en el juicio debido a su especial implicación con la trama delictiva.
lavozdigital

martes, 22 de enero de 2013

FISCALIA SOLICITA 6 AÑOS DE PRISION PARA UNA PAREJA ACUSADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

 Las diligencias previas se iniciaron por denuncia de de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Melilla. El Ministerio Público les acusa de ser coautores de un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que habrían conseguido lavar más de 2,1 millones de euros, a través de la creación de sociedades

El Ministerio Público les acusa de lavar 2,1 millones de euros entre 1999 y 2006. La defensa solicita su absolución, que se impugne la investigación y alega que el supuesto delito ha prescrito. La Fiscalía acusa a un matrimonio melillense de un delito continuado de blanqueo de capitales y por el que pide una pena, para cada uno, de seis años de prisión, una multa de 4 millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de seis meses en caso de impago y las costas procesales. Por su parte, la defensa del matrimonio, formado por HMM y MGR,  solicita la absolución de ambos, que se impugne la investigación y el mismo proceso judicial al entender que, en caso de existir el delito del que se les acusa, éste ha prescrito.
El Ministerio Público les acusa de ser coautores de un delito continuado de blanqueo de capitales, por el que habrían conseguido lavar más de 2,1 millones de euros, a través de la creación de sociedades, ingresando dinero en efectivo en cuentas bancarias de forma fraccionaria y “bajo la apariencia de fondos legítimos, para incorporarlo al circuito financiero legal a través de negocios o inversiones, como créditos, imposiciones a plazo fijo y préstamos personales o hipotecarios”.
El fiscal asegura que entre los años 1999 y 2006 el matrimonio consiguió lavar 2.190.935,50 euros, de los cuales 1.984.531,40 se corresponden a imposiciones en efectivo. Afirma que estos fondos fueron obtenidos de una actividad ilícita, ya que el 26 de marzo de 2008 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al marido, HMM, por un delito contra la salud pública.
El Ministerio público pide también la disolución y el cese de las actividades de las sociedades Mogador Nautica S.L., Beliout S.L. y Trans Mail Express S.L., creadas supuestamente para blanquear el dinero. Igualmente pide el embargo los bienes de este matrimonio, consistentes en cuatro fincas, seis vehículos y el total del dinero blanqueado, 2.180.935,50 euros.
La pareja se sentará hoy en el banquillo de los acusados para responder por estos supuestos delitos.

Argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa de HMM y MGR rechaza la acusación fiscal y pide su absolución, alegando que “los hechos, tal como acontecieron realmente, no configuran delito alguno del Código Penal”.
No obstante, “en caso de apreciarse la presunta comisión del delito” por parte de sus clientes, la defensa asegura que por la demora injustificada y “poco razonable” del procedimiento la pena a imponer deberá ser atenuada, según el artículo 66 del Código Penal, y reducida a la mitad, esto es a tres años y tres meses de prisión.
La defensa argumenta que las diligencias previas se iniciaron por denuncia el 9 de septiembre de 2005 por parte de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Melilla, pero hasta el 16 de febrero de 2011 no se notificó el auto procesal, por lo que han pasado casi seis años, sin “razones objetivas” de dicha demora.
Además, pide la impugnación del atestado de Vigilancia Aduanera y las investigaciones posteriores realizadas, como consultas al Registro General de la Propiedad, Tesorería General de la Segurdidad Social y la jefatura Provincial de Tráfico, porque se realizaban “sin el conocimiento ni consentimiento judicial”. Junto a ello también se solicita la nulidad del atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla, en el que se recogen “datos incriminatorios”, pero cuya documentación en diez anexos, tal y como se alude, no se encuentra incluida en las diligencias del procedimiento judicial. “Por ello, la Policía Judicial incrimina a mis representados únicamente con datos que han podido obtener por distintos medios, pero en ningún momento acredita de forma fehaciente esos datos”, afirma la defensa.
Por último, argumenta que tras casi seis años entre el inicio de las diligencias y el inicio del proceso judicial, el supuesto delito ha prescrito en virtud del artículo 131 del Código Penal, en el que se establece que “cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez”, el delito prescribe a los diez años, y “a los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año”.  Por ello, la defensa reitera su petición de absolución de sus clientes.
El juicio arranca hoy con el interrogatorio a los acusados, la comparecencia en calidad de testigos de dos guardias civiles, dos funcionarios de Vigilancia Aduanera y un perito.
elfarodigital

domingo, 20 de enero de 2013

EXPERTOS ALERTAN QUE LA JUSTICIA SUFRE GRAVES CARENCIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS NARCOS

 El foro se celebró en el Centro de Formación Marítima de Bamio durante toda la mañana, y reunió también a la cúpula de las fuerzas de seguridad en Galicia. Así, estuvieron en Vilagarcía el jefe superior de la Policía Nacional, Jaime Iglesias; el máximo responsable de Greco España, Ricardo Toro; el jefe de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá; o el jefe de la EDOA (Guardia Civil) de A Coruña, Ignacio Recio.
Moderó el debate el excomisario vilagarciano Enrique León, y por la Fundación contra o Narcotráfico estuvieron su presidente, Manuel Cachaldora y el gerente, Fernando Alonso, entre otros.

 
Han pasado dos décadas de la Nécora, la operación que marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en España. Pero pese al tiempo transcurrido, y los éxitos cosechados desde entonces, la Justicia todavía adolece de graves carencias para luchar contra el tráfico de drogas. Altos mandos de la judicatura, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y de la sanidad se dieron cita ayer en Vilagarcía para participar en un foro de la Fundación Galega contra o Narcotráfico. El objetivo era poner sobre la mesa las mejoras legislativas necesarias para incrementar la efectividad de la represión del tráfico de estupefacientes, y entre los invitados había dos senadores, José Luis Rivera Mallo y Jesús Aguirre Muñoz, que tomaron nota de las demandas y las trasladarán al Parlamento.
Los expertos consideran que hay tres asuntos básicos sobre los que incidir: la necesidad de una legislación clara y precisa que regule los pinchazos telefónicos; la creación de juzgados especializados en crimen organizado en los "puntos calientes" de la geografía española, como Pontevedra; y la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación de Activos, para gestionar bien los patrimonios incautados.
Uno de los asuntos que preocupan es el de las intervenciones telefónicas. En los últimos años han sido muchos los procesados de drogas o blanqueo de dinero que han quedado libres de polvo y paja después de que un tribunal anulase las escuchas, con la consiguiente frustración entre jueces instructores, fiscales y fuerzas policiales. Sobre esto, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, Marisol López Martínez, manifestó que "las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional se han vuelto mucho más garantistas", y que a menudo el problema aparece cuando un tribunal sin suficientes conocimientos en delitos complejos como el de blanqueo o que desconoce los pormenores de una investigación tiene que decidir si unos pinchazos estaban suficientemente justificados o no. Esta circunstancia motiva, según la magistrada, que en ocasiones "la Fiscalía prefiera un mal acuerdo con los delincuentes que una sentencia absolutoria".
También incide en que el hecho de que a un juez instructor le tumben las escuchas ordenadas por él no quiere decir "que sea un delincuente". "Nosotros trabajamos lo mejor que podemos". Esto genera una situación incómoda. "Ahora, (los instructores) casi nos conformamos con sacar la droga del mercado y quitarles los bienes a los delincuentes, y que luego sea lo que Dios quiera".
Subjetividad
El magistrado de Santiago José Antonio Vázquez Taín, por su parte, cree que "la legislación actual sobre las intervenciones telefónicas es insuficiente. Nos limita a plazos muy breves, con lo cual es imposible demostrar la existencia de una trama de narcotráfico o blanqueo, que es algo que exige un trabajo de meses o incluso años". Según él, en el marco actual la decisión de si un pinchazo está bien fundamentado o no queda en gran medida a merced de la subjetividad de un magistrado ajeno a la instrucción o de la jurisprudencia.
farodevigo

sábado, 19 de enero de 2013

LA JUEZ AVANZA QUE EL CIERRE DE LA OPERACION "CARIOCA" ES INMINENTE

 La operacion "Carioca" destapo una trama de prostitucion y corrupcion en Lugo

Pilar de Lara, la jueza que instruye desde diciembre de 2008 la operación Carioca, avanza en uno de sus últimos autos que el final de la investigación es «inminente», ya que está «pendiente tan solo de la emisión de los informes solicitados a Vigilancia Aduanera y a la Guardia Civil».
La inminencia del final de la instrucción -lo que daría paso a otra fase procesal que se prolongará a su vez durante meses e incluso años- es precisamente uno de los motivos que la magistrada esgrime para denegar la libertad al único de los detenidos que sigue en prisión, el dueño de los burdeles Queens y La Colina, José Manuel García Adán. Pilar de Lara emitió este auto el pasado 20 de diciembre, apenas un mes después de que decidiera dejar en libertad al considerado como lugarteniente de Adán, José Manuel Pulleiro; en esa ocasión, la jueza accedió a que saliera en libertad condicional por «el tiempo transcurrido, la complejidad de la causa, la práctica de diligencias pendientes y la previsión de duración en el tiempo de la instrucción».
 elprogreso

viernes, 18 de enero de 2013

CONDENADO AL PAGO DE 600.000 EUROS POR CONTRABANDO

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense condenará a José Banea Rivas (49 años) a una pena de un año y diez meses de cárcel, además de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil por contrabando de tabaco. El vehículo fue interceptado por agentes de Vigilancia Aduanera en el cruce de la N-120 y N-525.
La defensa del inculpado y la fiscal llegaron a un acuerdo rebajándole la pena solicitada en aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la instrucción comenzó en el año 2009.
El acusado circulaba el 24 de junio de 2009 por la N-120, en dirección a Ourense, conduciendo una furgoneta en la que llevaba 75.600 cajetillas de tabaco Marlboro y 2.160 de Chesterfield, las cuales estaban provistas de marcas fiscales que no se corresponden con las reglamentarias acreditativas del pago del impuesto sobre las labores del tabaco. El vehículo fue interceptado por agentes de Vigilancia Aduanera en el cruce de la N-120 y N-525.
laregion

CONVERGENCIA UTILIZO PRESUNTAMENTE "DINERO NEGRO" PARA FINANCIAR SU CAMPAÑA ELECTORAL

La investigación sobre la trama de las ITV de Cataluña es una caja de sorpresas. Las conclusiones de un informe policial fechado en julio de 2011 dedican un pequeño capítulo a la supuesta “financiación ilegal” de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Esta financiación se habría estado realizando para sufragar gastos de la campaña de las elecciones municipales de aquel año.
El asunto no tenía nada que ver con la trama de las ITV que se estaba investigando, pero las escuchas telefónicas desvelan aspectos que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (que eran los que grababan las conversaciones entre los principales implicados) consideraban de gran interés. Es más, las cuestiones que descubrieron los agentes se refieren a los procedimientos seguidos por el partido nacionalista con sus proveedores.
Así, en el capítulo referido se señala que “se ha descubierto la presuntamente financiación ilegal del partido político Convergència, que estaría utilizando dinero negro para abonar parte de su campaña electoral”. Se da la circunstancia de que días antes había acabado la campaña de las municipales. El texto policial sigue diciendo que “según llamada del día 8 de junio de 2011, Sergi Pastor recibe llamada de Ricard Pastor [su hermano], quien le comenta que el que hace las impresiones para Convergència está diciendo por ahí que le piden la mitad de la factura en negro, indicándole que esto no sólo significa que Convergència hace factura en negro, sino que también genera dinero negro”.
Sergi Pastor es uno de los cerebros de la trama y fue detenido en marzo del año pasado junto a su socio Sergi Alsina, el empresario Ricard Puignou, el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el encargado de diseñar un nuevo mapa de ITV y responsable de la sectorial de Empresa de Convergència, Josep Tous.
Ricard Pastor forma también parte del Consejo de Administración de la compañía Invalcor, en la que también tenía intereses Oriol Pujol, actual secretario general de CDC, según manifestó el propio Pastor en una conversación. A Oriol Pujol le incriminan en el caso los dos ‘Sergis’, aunque los investigadores también pudieron grabar varias conversaciones y reuniones del político con los principales responsables de la trama. Además, Alsina es uno de sus hombres de confianza (incluso son vecinos de segunda residencia en un pequeño pueblo de la Cerdanya) y había sido su compañero de clase en el IESE. Según las conversaciones grabadas, los mensajes intervenidos y las conversaciones de los miembros de la trama, fue Oriol Pujol quien maniobró para colocar a Josep Tous en la Generalitat con el fin de controlar todo el proceso de anulación del último concurso de estaciones de ITV y realizar un nuevo mapa de estaciones en la comunidad.
“Un tema delicado”
Tras recibir el aviso de su hermano, Sergi Pastor, siempre según el informe policial, lo pone en conocimiento de Sergi Alsina el día 9 de junio, es decir, al día siguiente. “Le dice que le va a explicar un tema un poco delicado. Le comenta que su hermano le ha dicho que hay un impresor que hace la propaganda electoral de Convergència que va explicando que Convergència le ha propuesto pagar el 50% en negro. Sergi se reunirá esa noche con Oriol Pujol”. El informe no hace más referencia al asunto.
Sin embargo, sí grabaron una reunión del día 9 de junio de Sergi Alsina con Oriol Pujol y el empresario Xavier Pujol (propietario de Ficosa, compañía a la que incorporaban como socia mayoritaria en la empresa que preparaban para recibir adjudicaciones y concursos de la Generalitat). Los tres cenaron en el restaurante La Camarga.
El 15 de junio, Alsina envía un SMS a Xavier Pujol. ”Creo que me hiciste una buena recomendación. Nosotros ya hemos comenzado a constituir la sociedad conjunta con Sergi [Pastor], que será la que participará en Newco. Sería bueno firmar el MOU para que Sergi pueda comunicar formalmente a Scalextric. Respecto a tu conflicto interno, hablamos después Oriol y yo. Si crees que hay cualquier cosa en la que te podamos ayudar él o yo nos lo dices. Un abrazo”.
Que Alsina tenía ascendencia sobre Pujol parece indudable. El 20 de junio, le envía otro mensaje: “Oriol Renta Corporación consiguió un acuerdo de refinanciación con los bancos hace unas semanas. Ahora están negociando con ICF, propietario del inmueble, una reducción de la superficie que ocupan y del importe del alquiler (otros inquilinos como Fornesa ya lo han conseguido). Renta es una de las pocas cotizadas catalanas que nos quedan. ¿Te puedes interesar? Si puedes hacer alguna cosa, me lo dices si puede ser antes del miércoles, que veré a Lluís en la junta. Gracias. Sergi”.
Al día siguiente, le insiste: “Oriol, ¿has podido hacer alguna cosa para el tema de Renta con ICF? Por otro lado, Xavier y Pedro me llaman para preguntarme el nombre del sustituto de Ciriaco (conexión entre president y empresas). Dicen que es un empresario de unos 60 años”. Y seis minutos después, el político le responde: “No he podido. Vicenç Mauri... un buen amigo mío”. Alsina le transmite el nombre al propietario de Ficosa, pero unos días después, el propio Alsina le da a Xavier Pujol un mensaje de Oriol: que no hable con Mauri, sino que utilice a Joan Sureda (director general de Industria), a Oriol Pujol y a Sergi Alsina. O incluso puede hablar con Ramon Bonastre (director general de Relaciones Laborales), “que Oriol Pujol tiene muy buena relación con él”.
Las órdenes de Oriol
Que el político estaba enterado de todo lo que el grupo tramaba está fuera de toda duda. Y de que Alsina era su hombre de confianza, también. Unos días antes, el dirigente de Convergència había llamó a su amigo desde el Parlamento catalán:
Sergi Alsina.- (...) No sé si tú tampoco habías visto la última formulación del proyecto. Es, como te decía, construir un Applus pequeño, aprovechando las capacidades tecnológicas de Ficosa, entrar, trasladar estas capacidades en un ámbito de diversificación con entornos que tengan sentido para Ficosa.
Oriol Pujol.- Quitárselo a Applus para dároslo a vosotros.
Sergi Alsina.- Bueno, no se llegó a ese nivel de detalle. Se llegó... no se quería plantear así aún. Lo que le planteó Xavier es que muchas cosas que se pueden hacer con Idiada no se están haciendo desde donde está, y yo creo que aquí habría un gran recorrido. Esto tiene mucho sentido. Mirémoslo y pensémoslo. No le hizo ninguna referencia a su posición como consejero. No sé si porque también estaba Xavier Pujol o... Xavier Pujol también le dijo que pondría en Idiada a Sergi [Pastor], ¿eh?
Oriol Pujol.- Ve tú.
Sergi Alsina.- ¿Tú crees?
Oriol Pujol.- Sí.
Sergi Alsina.- ¿Sí?
Oriol Pujol.- Trabajáis juntos, habéis estado haciendo cosas y a partir de aquí entenderá que tú tienes en la cabeza todo el tema de si se han devuelto o no se han devuelto los activos (...) jurídica de la Generalitat, si están impugnados los recursos.
(...)
Oriol Pujol.- Entendido, entendido. Lo que pasa que ahora has de hacer lo de Canós y has de estar tú, claro. Llega un momento que también... ¿entiendes? El interlocutor también quiero que seas tú, ¿entiendes?. Claro, tú le dices, "Sergi, es que Oriol me ha pedido que yo esté... aahh, bueno, bueno, pues... ¿entiendes? Y a partir de aquí disparo yo" (…).
 http://www.elconfidencial.com/espana/2013/01/18/convergencia-utilizo-dinero-negro-para-abonar-parte-de-su-campana-electoral-a-las-municipales-113091/

ADUANAS VINCULA AL NARCOTRAFICO DOCUMENTOS HALLADOS EN CASA DE UNA FAMILIA JUZGADA POR BLANQUEO

La segunda jornada de juicio por blanqueo de capitales contra la esposa, tres hijos y la hermana del narcotraficante Manuel Barroso Millán, ya fallecido, comenzó ayer en Pontevedra con la declaración de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que centraron su intervención en vincular documentos encontrados en la bodega de la familia con operaciones de narcotráfico. Así, las cartas náuticas y anotaciones que se encontraron durante el registro de dicha bodega, situada en Meaño, recogen "zonas de alijo y rutas de transporte de la mercancía, e indicaciones en clave sobre puntos de transbordo de la droga y combustible"., según los funcionarios. Al mismo tiempo, señalaron que Carlos, uno de los acusados hijo de Manuel Barroso, estuvo embarcado en un barco que, posteriormente, con otro nombre y otra tripulación, se vio implicado en una operación de narcotráfico. La defensa insistió en que ninguna de la documentación permite relacionar a los acusados con el narcotráfico y ni siquiera con los polémicos documentos.
Durante el juicio también se introdujo la declaración que prestó en su día Manuel Barroso Millán, antes de fallecer. Pese a que su familia dijo que apenas tenía relación con la bodega que ellos explotaban, el narco aseguró que trabajó allí por 600 euros al mes.
farodevigo

jueves, 17 de enero de 2013

MACRO OPERACION CONTRA LA ECONOMIA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL EN CATALUÑA

 Más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente defraudadas por empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.
 El operativo contó con la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial del organismo en Cataluña, con el apoyo de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de la propia Delegación Especial.

La Agencia Tributaria ha presentado un total de 18 denuncias ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña por la posible comisión de 133 delitos contra la Hacienda Pública por parte de 23 empresas dedicadas al comercio al por mayor de artículos textiles y de regalo que, en su mayor parte, importaban de China.

Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indicaron que, tras más de un año de investigaciones, la Agencia Tributaria acaba de cerrar esta macro operación contra la economía sumergida vinculada a las importaciones de mercancía asiática.

Las empresas, radicadas en la provincia de Barcelona, llegaron a defraudar más de 64 millones de euros en cuotas de IVA e Impuesto sobre Sociedades entre los años 2007 y 2011 mediante un entramado dirigido a la ocultación del valor real de las importaciones y a la posterior venta en “B” de la mercancía.

De esta forma culminan las actuaciones inspectoras que la Agencia Tributaria inició sobre estas empresas en octubre de 2011, en un operativo que contó con la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial del organismo en Cataluña, con el apoyo de agentes de Vigilancia Aduanera de la propia Delegación Especial.

En el marco de este operativo, y con la autorización de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, se procedió entonces a la entrada y registro en 20 locales de actividad de estas empresas en Barcelona.

Desde Hacienda indicaron que fruto de dichos registros se intervino documentación y copias de los archivos informáticos que contenían información sobre el volumen real de operaciones de estas sociedades, que resultó ser “muy superior” al que venían declarando.

A los más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente defraudadas por estas empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre Sociedades, habrían de sumarse los derechos arancelarios y otras cuotas adicionales que, al no superar los 120.000 euros establecidos en el Código Penal como umbral mínimo para la consideración de delito fiscal, deberán ser liquidados posteriormente en vía administrativa.
diariosigloxxi

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 277 KILOS DE COCAINA EN ALGECIRAS

La Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, aprehendió el pasado viernes, día 11, un total de 277 kilogramos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Perú, que declaraba llevar carbón.

Según informó en un comunicado la Agencia Tributaria, en el marco de las actuaciones de control sobre contenedores efectuada por la Aduana de Algeciras, se detectaron en el interior del contenedor varias bolsas que nada tenían que ver con la carga legal declarada. Se trataba, en concreto, de siete bolsas de viaje de color negro llenas de pastillas rectangulares recubiertas de plástico transparente, de un peso de entre un kilo y 1,2 kilos.

Tras la apertura de algunas de estas pastillas, se observó que en su interior había una sustancia de color blanco que dio resultado positivo por cocaína en el narcotest. A continuación, se procedió a la aprehensión de un total de 249 pastillas rectangulares, con un peso global aproximado de 277 kilos.

Analizada la documentación que acompañaba al contenedor, se comprobó que el equipamiento procedía del puerto de Callao, en Perú, y que estaba remitido a una empresa en España.

El método utilizado para intentar introducir la droga en España es el de gancho ciego, método que suele dificultar a las autoridades el descubrimiento de la persona o personas que se hallan tras la operación, dado que la droga se introduce en origen en contenedores que van destinados a empresas legales.

La Guardia Civil, en el balance de actuaciones de 2012, indicó que en la comarca se habían incautado de 68 toneladas de hachís así como de 509 kilos de cocaína en las diferentes actuaciones desarrolladas durante el año pasado en los municipios del Campo de Gibraltar.

miércoles, 16 de enero de 2013

ACTUACIONES DEL SVA EN ANDALUCIA EN EL AÑO 2012

Además los agentes aduaneros junto a otras unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado se incautaron de 9 toneladas de hachís durante el 2012.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria, tomó parte en 2012 de la incautación de unos 900 kilos de cocaína, un 28,5% más de estupefaciente de lo registrado el año anterior. Llama la atención, según las fuentes consultadas, la originalidad de los métodos utilizados por los delincuentes, como demuestra la llamada Operación Generalife, desarrollada el pasado mes de noviembre, y en la que se incautaron de 50 litros de cocaína disuelta en agua en una embarcación.

Además los agentes aduaneros junto a otras unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado se incautaron de 9 toneladas de hachís durante el 2012.

Las incautaciones de tabaco supusieron, durante el pasado año, una parte fundamental del trabajo de Vigilancia Aduanera, tanto en sus actuaciones en solitario como en las habituales colaboraciones con la Guardia Civil y Policía Nacional. Así, durante el pasado año el SVA participó en el decomiso de un total de 800.000 cajetillas de tabaco, ocho veces más con respecto a lo registrado en 2011 (100.000 cajetillas, según las mismas fuentes).

Todo este tabaco incautado hubiese tenido un valor aproximado en el mercado de casi 3,5 millones de euros, según las informaciones aportadas.

Además de estas intervenciones, el SVA participó en acciones contra el blanqueo de capitales, con intervenciones en cuentas por valor de casi un millón de euros. De igual modo, el SVA adquirió gran relevancia en la lucha contra el tráfico ilegal de armas con la aprehensión, a finales de agosto, de 22.000 pistolas, junto con 13.500 cargadores, en el puerto de Algeciras, en un contenedor procedente de Estambul (Turquía).

La lucha contra los delitos que atentan contra la propiedad industrial es uno de los campos más prolíficos en los que actúa el SVA. La unidad dependiente de la Agencia Tributaria participó en la incautación de productos por valor de unos 27 millones de euros. Una de las más importantes tuvo lugar cuando el SVA se incautó de productos de perfumería falsificados por valor de unos cinco millones de euros.

También adquirió gran notoriedad una operación que tuvo su origen en incautación de prendas deportivas, el pasado mes de abril, mercancía que acabó siendo enviada al depósito de la empresa municipal de limpieza de Algeciras (Algesa).

Posteriormente, Aduanas acabó deteniendo a tres altos cargos de la empresa, el gerente, el jefe de servicio y el jefe de taller, tras ser pillados in fraganti cuando pretendían supuestamente llevarse ese material en vehículos de la empresa con la posible intención de lucrarse con ello. Tras ser detenidos, estos tres directivos fueron despedidos por el Ayuntamiento.

Fuentes cercanas al SVA dieron cuenta de que ha sido un año “excepcional” en cuanto a número de intervenciones, como demuestran el aumento en la incautación de cocaína y la de tabaco de contrabando.
andaluciainformacion

DOS DETENIDOS CON COCAINA LIQUIDA DISUELTA EN BIDONES DE ACEITE

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional detenían el pasado jueves en Toledo a dos ciudadanos paraguayos por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y de contrabando.
La detención se producía en el momento en que estas personas recogían dos paquetes procedentes de Paraguay que contenían cocaína líquida oculta en bidones con aceite con un peso de 52,5 kilos. La cantidad de droga aprehendida está aún por determinar, en función del grado de saturación de la cocaína alojada en los bidones.
Según informaba la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa, estas detenciones se producían en el marco de las investigaciones llevadas en el ámbito de diligencias abiertas por el juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid sobre presunto tráfico de drogas y contrabando.
La Unidad Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla la Mancha, en colaboración con el Grupo de Estupefacientes perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Toledo, procedía el pasado 10 de enero a la detención de estas dos personas, cuando procedían a recoger los dos paquetes que contenían los bidones, en una empresa de mensajería ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia.
El envío, según explicaban desde la Delegación del Gobierno, procedían de su país de origen, Paraguay, y se encontraban dirigidos a uno de ellos.
Una vez puestos a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción de Guardia nº 1 de Toledo decretaba  el ingreso en prisión de los dos detenidos, según precisaron ayer desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa.
Los detenidos fueron identificados como E.B.R, nacido en San Joaquín (Paraguay) y S.D.M.E., nacido en Tayao (Paraguay), ambos con domicilio en la capital castellano-manchega.

latribunadetoledo

LA FAMILIA DE UN NARCO FALLECIDO ACUSADA DE BLANQUEO ALEGA QUE LA POLICIA LOS PRESIONÓ

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra reanudó ayer el juicio contra cinco familiares de Manuel Barroso Millán, un narcotraficante arousano que fue condenado en 2004 por la Audiencia Nacional a 8 años y 6 meses por su participación en el transporte de 807 kilos de cocaína a bordo del buque "Zwanet". El fiscal acusa a la mujer de Barroso Millán, Laura P. R.; a sus hijos, Carlos B. P. , Mónica B. P., y Juan Manuel B. M., así como a su hermana, M. E. B. M., de acceder a figurar como titulares de diversos bienes que supuestamente habría adquirido Barroso Millán con dinero procedente del narcotráfico. Solicita una pena de cinco años de cárcel para la esposa, cuatro para cada uno de los hijos y tres y medio para su hermana.
La vista oral se retomó ayer con la declaración de los acusados. Con la excepción de la hermana del fallecido, tanto la viuda como sus tres hijos solo respondieron a las preguntas de su abogada y se negaron a contestar al fiscal antidroga, Luis Uriarte. Los cuatro mantuvieron una estrategia común, negando los hechos y asegurando que la primera declaración que efectuaron en el juzgado después de ser detenidos por agentes de Vigilancia Aduanera la hicieron bajo presión del SVA e incluso del propio juez: "No sé lo que escribieron ahí, estaba la Policía y el juez burlándose y riéndose de mí y de mis hijos, nos decían que firmásemos lo que nos pusieran delante si no queríamos ir a la cárcel", explicó la viuda de Barroso Millán.
Estos cuatro acusados negaron en todo momento que los bienes que están a su nombre (en esencia, diversas cuentas bancarias, vehículos, un terreno sobre el que se edificó una casa, una bodega que explotaba la familia y viveros de marisco) fueran adquiridos con dinero de Manuel Barroso Millán procedente del narcotráfico. De hecho, la viuda y tres de los hijos del arousano intentaron durante todo el juicio marcar distancias con su esposo y padre, con el que dicen que mantenían una "mala relación". La viuda de Barroso Millán aseguró que desde 1981, poco después de casarse, realizaron separación de bienes y que desde entonces cada uno se buscaba la vida en el plano económico por separado ya que su marido "era alcohólico". Afirma que desde entonces ella se ocupó de su vida y de la de sus hijos. "Mi marido a mí nunca me dio nada, todo se lo gastaba en alcohol, él no aportaba nada y todo lo gané yo o mis hijos, vivía en casa por que no tenía a dónde ir", dijo al tribunal. Aseguró que ganaron mucho dinero vendiendo "vino sin etiquetar" y sin declarar a Hacienda, así como marisco del vivero en "B" y que más tarde fundaron con su dinero una bodega legal en Meaño.
Algo similar declararon los tres hijos del fallecido. A juicio del fiscal, estas declaraciones entraban en contradicción con lo declarado ante el juzgado de instrucción por lo que introdujo algunos pasajes de los interrogatorios a los acusados ante el juez de Vilagarcía. Por ejemplo, Juan Manuel B.M., aseguró entonces que era su padre "quien organizaba todo y tomaba las decisiones".
La hermana de Barroso Millán reconoció que figuró como socia de esta bodega durante un pequeño periodo de tiempo por no contrariar a su hermano en una época en la que la familia lo estaba pasando muy mal por una enfermedad grave de una hermana suya. Pocos meses después le pidió a su hermano que le diera de baja de dicha sociedad. El juicio continuará mañana jueves.
farodevigo

lunes, 14 de enero de 2013

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA NUCLEAR IRANI SE SALDA CON DOS DETENIDOS EN ESPAÑA

 Un factor clave en la detección y descubrimiento de estas actividades ilegales ha sido el exhaustivo control de las exportaciones que la Comisaría General de Información, en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, viene realizando con el fin de impedir la adquisición de productos y tecnologías de "doble uso" por los países señalados como "sensibles" en los foros internacionales y cuyo destino final es la proliferación o desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) del tipo nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ)
La Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, fruto de las complejas investigaciones iniciadas en marzo del pasado año en el marco de la denominada "Operación ALFA", ha interceptado en el peaje de Durango (Vizcaya) un camión trailer y se ha incautado de su carga, propiedad de la empresa Fluval Spain S.L., que tenía como destino final Irán.

La mercancía consistía en válvulas del material conocido como Inconel 625, material que contiene una aleación con más del 25 % de níquel y 20% de cromo en peso, que determina su alta resistencia a la corrosión y las hace especialmente aptas para su uso en la industria nuclear.La empresa intervenida, con sede social en el País Vasco, utilizaba, a su vez, empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos para la triangulación de los envíos, canalizando los cobros a través de bancos en terceros países. Asimismo, ha mantenido relaciones comerciales con entidades iraníes incluidas en las listas elaboradas por la Unión Europea por su vinculación con el Programa Nuclear de aquel país.Un factor clave en la detección y descubrimiento de estas actividades ilegales ha sido el exhaustivo control de las exportaciones que la Comisaría General de Información, en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, viene realizando con el fin de impedir la adquisición de productos y tecnologías de "doble uso" por los países señalados como "sensibles" en los foros internacionales y cuyo destino final es la proliferación o desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) del tipo nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ) así como de los vectores o soportes capaces de transportarlas o lanzarlas (misiles).La proliferación de ADM es uno de los mayores peligros para la seguridad global y supone una preocupación constante para la comunidad internacional y los servicios de inteligencia occidentales. La Unión Europea y Estados Unidos están sometiendo a duras sanciones a Irán, en un esfuerzo por conseguir que Teherán abandone su programa nuclear, que según sospechas, estaría destinado a la fabricación de armas nucleares y supondría una gran amenaza para los países de su entorno. Igualmente, el riesgo de que terroristas u otros actores no estatales pudieran adquirir dichos materiales (NRBQ) añadiría una dimensión crítica a esta amenaza.Además, la Unión Europea ha prohibido taxativamente la exportación a Irán de este tipo de equipamientos ante el grave riesgo de que este material pueda ser desviado para el desarrollo de su Programa Nuclear, estando su exportación al resto de países fuera de la Unión sometida a un estricto régimen de autorizaciones.En el desarrollo de la operación, realizada con el conocimiento del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, a cuya disposición se encuentra el material intervenido, se ha procedido, tanto a la entrada y registro de la empresa que hacía las transacciones, situada en el Polígono Industrial de la localidad alavesa de Amurrio, en presencia de uno de los detenidos (responsable de ventas para Emiratos Árabes e Irán), así como al registro del camión tráiler interceptado, donde se ha incautado de un total de 44 válvulas completas de distintos usos, accesorios de montaje para estas, documentación relativa a exportaciones con Irán y facturas bancarias asociadas, así como diversos soportes y material informático

Leer mas en http://noticiassva.blogspot.com.es/2012/11/vigilancia-aduanera-desmantela-red-que.html

INDICIOS RACIONALES CONTRA ORIOL PUJOL


La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, consideraba, ya en abril del año pasado, que Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), podía estar implicado en el sumario sobre la adjudicación irregular de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), en el que se investiga a varias personas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude de subvenciones.
La magistrada es la que tiene que decidir, a la vista del informe que le eleve el fiscal, si envía el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al ser Oriol Pujol parlamentario autonómico y, por lo tanto, persona aforada.

Investigados

En auto, dictado el 20 de abril del año pasado, por el que prorrogaba el secreto de las actuaciones, la juez señalaba, entre otras cosas, que «en base a las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Barcelona y a través de las intervenciones telefónicas acordadas por el Juzgado número 3 de Lugo (que fue el que inició las actuaciones, dentro del «caso Campeón») existen indicios racionales suficientes» sobre los «investigados» Sergi Alsina, Sergi Pastor, María Jesús Muro, Pedro Navarrete, Josep Tous, Xavier Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, Ricard Puignou, Josep María Canos, Isidre Masalles, Román Margariga y Assupta Ferrán.
Según el auto, estas personas estarían, presuntamente, creando la estructura operativa para obtener, de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de ESCOS (Energy Service Company), inicialmente en el ámbito industrial y público y, posteriormente, en el ámbito particular (residencial), «aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos».
En concreto, la juez citaba a la empresa Ficosa (en la que figuraba un empresario, Sergio Alsina, compañero de estudios de Oriol Pujol y que tenía empleada a su esposa en una entidad denominada Alta Partners) y subrayaba que «mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los investigados, realizando maniobras y gestiones tendentes a la manipulación de un futuro concurso público para la obtención de la adjudicación, presuntamente fraudulenta, de autorizaciones de ITV, evitando un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores a valorar con criterios de objetividad, al ya estar pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones de ITV que saldrían a concurso, obviando las necesidades del mercado».

Detenciones

El auto de la magistrada se emitía cuando ya se habían producido las primeras detenciones, en marzo de ese año, entre ellas las de Sergio Alsina y Sergio Pastor, pero enfatizaba que era necesario mantener el secreto del sumario con el fin de que el Grupo de Investigación de Vigilancia Aduanera pudiera practicar las «diligencias esenciales» derivadas de dichos arrestos, sobre todo en lo que se refiere al «análisis de la documentación intervenida así como el volcado de los teléfonos», que se habían incautado.
En definitiva, se trataba de evitar el perjuicio de «posibles líneas de investigación para la comprobación de los hechos delictivos que se investigan en esta causa» y por «existir riesgo cierto de la desaparición de eventuales imputados o pruebas esenciales para la comprobación de los hechos delictivos».
Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del pasado viernes, la postura de la Fiscalía Anticorrupción es la de solicitar a la juez López Mejía la imputación de Oriol Pujol, a la vista de un informe, que permanece secreto, que sobre la posible implicación del secretario general de CDC ha realizado el Servicio de Vigilancia Aduanera.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/687924/espana/la-juez-del-caso-itv-ve-indicios-racionales

sábado, 12 de enero de 2013

NUEVE DETENIDOS EN VIGO Y OPORTO POR TRAFICO DE DROGAS

Los agentes se incautaron de 17,5 kilos de cocaína destinada a una banda internacional

Una operación conjunta de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Polícia Judiciaria portuguesa permitió desarticular una organización internacional de narcotraficantes que introducía cocaína de gran pureza para distribuirla por toda Europa a través de Galicia.
La droga incautada permitiría hacer unas 90.000 dosis una vez mezclada con otras sustancias.
La droga incautada permitiría hacer unas 90.000 dosis una vez mezclada con otras sustancias.
En total han sido detenidas nueve personas, una de ellas en Portugal y las otras ocho en la provincia de Pontevedra. El detenido en el país vecino es un hombre de 30 años, nacionalidad portuguesa y sin antecedentes policiales, mientras que en Galicia fueron arrestados otros dos lusos, una brasileña, tres dominicanos, un marroquí y un ecuatoriano, a los que estaba destinada la droga para su posterior distribución. Además, en la misma operación los agentes se han incautado de 17,5 kilos de cocaína de gran pureza, con la que se podrían hacer cerca de 90.000 dosis una vez mezclada con otras sustancias químicas para su corte y distribución en el mercado. La operación aún está abierta y no se descartan nuevas detenciones a ambos lados de la frontera.

La investigación conjunta permitió descubrir que la organización, integrada por personas de diferentes nacionalidades, traía la droga por vía aérea desde Venezuela hasta el aeropuerto Sá Carneiro, en Oporto, donde fue detectado uno de los alijos que permitió seguir el rastro de los detenidos.
atlantico

viernes, 11 de enero de 2013

ANTICORRUPCION ULTIMA EL ESCRITO DE IMPUTACION CONTRA ORIOL PUJOL BASANDOSE EN LAS INVESTIGACIONES DEL SVA

La imputación se basaría en los informes que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria ha venido realizando sobre el papel del político convergente en la trama que pretendía, supuestamente, la adjudicación de forma fraudulenta de estaciones de ITV en Cataluña.
 
La Fiscalía Anticorrupción plantea pedir en los próximos días la imputación de Oriol Pujol Ferrusola, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), en el denominado «caso de las ITV», según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Fiscalía.
La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona se producirá tras recibir el visto bueno del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, que en todo momento ha estado al tanto de todas las vicisitudes relacionadas con este procedimiento.
La imputación se basaría en los informes que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria ha venido realizando sobre el papel del político convergente en la trama que pretendía, supuestamente, la adjudicación de forma fraudulenta de estaciones de ITV en Cataluña.
En este asunto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ya ordenó en marzo del pasado año detenciones a partir de las cuales la supuesta implicación de Oriol Pujol fue cobrando fuerza.
El «caso de las ITV» daría así un vuelco definitivo. No sólo por la imputación de la mano derecha de la formación nacionalista en Cataluña, sino porque la condición de aforado de Oriol Pujol llevaría el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), órgano competente en este caso y que se vería obligado a resolver, en el supuesto de que la jueza de instrucción Silvia López Mejía, considerara la existencia de conductas irregulares por parte de Pujol.
En este sentido, sus conversaciones con el resto de implicados en la trama eran sumamente frecuentes a lo largo de 2011 y revelarían, según los agentes de Vigilancia Aduanera, su papel como «colaborador necesario» en la trama y el encargado de conseguir la «influencia política». Estas grabaciones telefónicas del sumario de las ITV que ha ido publicando LA RAZÓN apuntalan el papel de Oriol Pujol en la trama. Así, en una de las conversaciones telefónicas entre Sergio Pastor, ex consejero delegado de Applus –empresa relacionada con las ITV– y María Jesús M., una de las personas de más confianza de los empresarios catalanes supuestamente vinculados a estas operaciones, el 6 de julio de 2011. El contenido es más que significativo y en ella se pone de relieve que un tercero le comentó que había estado en una «operación» en la que Oriol Pujol estaba metido «sacando dinero», operación en la que también estaría involucrado Felip Puig, entonces consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña y quien, al parecer, hubiese preferido ser designado presidente del Puerto de Barcelona porque, de esa forma, «podrían haber hecho muchos más negocios».
El mismo Sergio Pastor preguntó a Oriol Pujol sobre la posibilidad de concertar una reunión con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Lo hacía el 28 de abril de 2011 a través de un mensaje de texto, según recoge el sumario del caso: «... ¿Puedes encontrar un hueco tentativo en la agenda del presidente?».
El secretario general de CDC era clave para los implicados. Pedro Navarrete, uno de los relacionados con el «caso ITV», concedía una gran importancia al papel que tenía en la trama Oriol Pujol, hasta el punto de comentar que tenía que «dar un golpe en la mesa» para que los asuntos en marcha se firmaran. Los implicados en el caso se referían en sus conversaciones telefónicas a Oriol Pujol como «Zumosol», por aquello del famoso anuncio del «primo», ya que le consideraban una especie de jefe que protegía a los demás. Sin embargo, según consta en la declaración, los implicados negaban que le llamasen «Zumosol».
Pastor informa en una conversación de que se iba a reunir ese mismo día con «Zumosol». Su interlocutor le preguntó cómo había ido la cena con los gallegos (la trama encabezada por Jorge Dorribo que pretendía montar negocios de medicamentos y entrar también en los de la ITV, que le dijo que estaba negociando y que había una serie de cosas que quería hablar con Pujol. 
 http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/650979/espana/la-fiscalia-plantea-que-se-impute-a-oriol-pujol

jueves, 10 de enero de 2013

CUATRO DETENIDOS, UN KILO DE COCAINA Y 16.000 EUROS APREHENDIDOS

La operación se ha desarrollado en las localidades de Granada, Armilla, Huetor Tájar y Loja

 Detenidos cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de cocaína que operaba en la provincia

Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido interceptar 1138 gramos de Cocaína cuando iban a ser distribuidas en la provincia de Granada. La operación que se ha desarrollado en las localidades de Granada, Armilla, Huetor Tájar y Loja, que ha permitido la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer, y la incautación de una importante cantidad de Cocaína, un kilo ciento treinta y ocho gramos, que iba a ser distribuido en la provincia de Granada.
Las investigaciones comenzaron a finales del mes de septiembre del pasado año sobre un grupo de personas asentadas en las localidades reseñadas que se estarían dedicando de forma activa al tráfico de drogas.
Una vez identificadas, fueron detenidas cuando se disponían a realizar una transacción de Cocaína. Seguidamente se llevaron a cuatro registros domiciliarios en las localidades de Granada, Armilla, Loja y Huetor Tájar, incautando diferentes cantidades de Cocaína, 34 bellotas de hachis, 81 piezas de joyería, un arma de fuego (pistola), 16.020 Euros en efectivo y diferentes útiles para la preparación y manipulación de sustancias ilícitas.
La investigación ha sido llevada a cabo por Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincia de Granada y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Granada.

UN AÑO Y MEDIO DE PRISION POR BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO

 La acusación que esgrimía la Fiscalía se basaba en el estudio patrimonial que hicieron a José Antonio P. R. cuando fue investigado a principios de la década pasada por su vinculación con narcotraficantes de la zona de Sanlúcar. Vigilancia Aduanera comprobó cómo pudo adquirir en metálico una finca valorada en el año 2000 en 90.000 euros, que posteriormente vendería a un tercero de buena fe.
 
La Audiencia Provincial ventiló rápido ayer un asunto por blanqueo de capitales que iba a sentar en el banquillo a un supuesto cabrero, vinculado al tráfico de drogas y condenado en 2005, que había sido arrestado en la primavera pasada tras permanecer en paradero desconocido desde marzo de 2008. José Antonio R. P., de 40 años y vecino de Chiclana, aceptó los hechos que le imputaba la Fiscalía Antidroga y a cambio vio reducida la pena que pedía inicialmente el Ministerio Público.
De los tres años que solicitaba la fiscal, la sentencia de conformidad se quedó en el año y medio de cárcel. La condena lleva aparejado el decomiso de dos motocicletas de gran cilindrada (una de ellas tenía un valor de 9.000 euros hace 13 años) y de 96.000 euros (16 millones de las antiguas pesetas).
El ahora condenado ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena que legalmente le corresponde ya que los antecedentes que atesoraba del año 2005 -condena por transportar 500 kilos de hachís en un vehículo- no son computables ya a efecto de reincidencia. Según confirmaron fuentes judiciales, al tratarse de una pena inferior a los dos años, no tendrá que ingresar en prisión.
Sin embargo, se da la circunstancia que este vecino de Chiclana fue detenido en 2002 cuando trabajaba a pie de playa en la descarga de un alijo de 1.726 kilos de hachís que fue introducido por la playa de Cortadura, a la altura del Ventorrillo el Chato. Esta causa fue juzgada en 2010 y los implicados en esa operación de entrada de droga fueron condenados. Sin embargo, José Antonio R. P. no pudo ser acusado en ese momento porque se encontraba en paradero desconocido.
Esto ha permitido que ayer pudiera solicitar la suspensión de la ejecución de la pena que puede quedar invalidada si en los próximos meses se señala el juicio que aún tiene pendiente por el alijo del año 2002 y es condenado en los mismos términos que el resto de procesados. 
lavozdigital

miércoles, 9 de enero de 2013

LA UE PRESENTA LA ESTRATEGIA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD ADUANERA

La Comisión Europea ha presentado este martes una nueva estrategia para reforzar la seguridad aduanera en la Unión Europea (UE) que ya desempeña un papel de control fundamental desde los atentados del 11 de septiembre.
 También recomienda en la misma promover una cooperación más sistemática y estructurada entre las autoridades aduaneras y otras agencias y cuerpos de seguridad del Estado nacionales como la Policía y las agencias de Inteligencia a nivel nacional y entre Estados miembros que permita "una acción integrada". "Las aduanas no pueden ser eficaces si no tienen información de inteligencia, de la policía" y a la inversa, resulta "extremadamente importante" que los distintos cuerpos "estén mejor coordinados en el futuro".


BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha presentado este martes una nueva estrategia para reforzar la seguridad aduanera en la Unión Europea (UE) promoviendo una mejora en el intercambio de información y datos comerciales sobre los bienes que entran en el territorio comunitario y la cooperación entre las autoridades nacionales aduaneras, que ya desempeñan un papel de control fundamental desde los atentados del 11 de septiembre, pero también entre cuerpos de Policía de los Estados miembros y otros cuerpos de seguridad y control nacionales.
El objetivo es permitir que las autoridades aduaneras atajen mejor y de forma más eficiente los riesgos asociados al comercio internacional, es decir, a la entrada a la UE de bienes que se comercializan a través de cadenas de distribución internacionales y afianzar la seguridad aduanera frente a la amenaza terrorista, el comercio ilícito o la entrada de alimentos contaminados o de productos no seguros.
El comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta, ha presentado este martes recomendaciones a los Estados miembros sobre "nuevas maneras adelante para gestionar mejor los riesgos aduaneros en el futuro" tras admitir que "la naturaleza de las amenazas y riesgos de seguridad se han vuelto más complejos en los últimos años".
"La seguridad es una prioridad máxima para las aduanas de la UE. Tienen que seguir siendo la principal autoridad de Europa para impedir que bienes peligrosos crucen las fronteras de la UE y para mantener a los ciudadanos seguros", ha explicado el comisario en un comunicado.
La UE enmendó en 2005 el Código Aduanero para promover normas comunes para la gestión del riesgo aduanero en línea con los estándares internacionales. El marco común introducido fija criterios comunes para identificar y controlar riesgos de alto nivel de bienes, regula los operadores económicos autorizados y prevé análisis de riesgo de seguridad de importaciones y exportaciones previos a su llegada y su salida.
El Ejecutivo comunitario ha constatado la necesidad de atajar algunas debilidades en el sistema de gestión del riesgo aduanero comunitario, sobre todo a raíz del complot frustrado en octubre en 2010, cuando presuntos terroristas de Al Qaeda en la Península Arábiga de Yemen intentaron transportar sendos paquetes con explosivos en aviones de carga con destino a Estados Unidos e interceptados durante escalas en Dubai y Reino Unido. Los explosivos atravesaron varios aeropuertos europeos antes de ser interceptados gracias a datos de inteligencia.
"Este incidente claramente demostró que teníamos que revisar la eficacia del sistema", ha explicado el director de Relaciones Internacionales del Departamento de Fiscalidad de la Comisión, Antonis Kastrissianakos, en rueda de prensa.
DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DETECTADAS
El estudio realizado por el Ejecutivo comunitario en 2011 y 2012 a raíz del incidente para comprobar el funcionamiento del sistema ha puesto de relieve la necesidad de debilidades sobre la calidad y disponibilidad de la información comercial.
"Lo que tenemos que lograr son análisis tempranos e intervenir cuando sea necesario", ha explicado el funcionario comunitario, que ha recordado que los controles pueden aplicarse en distintas fases, antes de que se cargue la mercancía, controles físicos de la carga en los puntos de entrada, en el momento de la descarga o en el punto de entrada en el país de destino final. Los comerciantes deben por ello facilitar datos de calidad en el momento y lugar adecuados para gestionar de forma correcta los potenciales riesgos".
"La información sobre quién mueve qué a quién y desde dónde es absolutamente necesaria para una buena gestión del riesgo por parte de las aduanas", ha precisado Kastrissianakos, que ha reconocido que los distribuidores "no siempre tienen" esta información de los comerciantes, obligados a remitir determinados datos relativos al distribuidor, el movimiento de bienes e información sobre los bienes en sí. "Tenemos que abordar esta debilidad sistémica", ha insistido.
Bruselas también aboga en su estrategia por atajar el problema de la fragmentación de los flujos de datos logrando una mayor implicación de las empresa que trasladan los bienes. Aunque el sistema común de gestión de riesgo permite el intercambio de información sobre riesgos entre las autoridades aduaneras nacionales -existen 1.000 oficinas aduaneras interconectadas al sistema_el problema radica en que "la información de destino no necesariamente está disponible en el punto de entrada" porque no es el país final de destino de la mercancía. Ello requiere una mayor implicación de las empresas que transportan los bienes.
Asimismo, la estrategia pide la aplicación homogénea en los Estados miembros de las normas de gestión de riesgo en las fronteras externas de la Unión, en parte por la diversidad de carga y utilización de los distintos puertos y aeropuertos.
El Ejecutivo comunitario también recomienda a los Estados miembros "reforzar" sus capacidades técnicas y equipos electrónicos de gestión del riesgo, especialmente los países más expuestos en las fronteras externas de la Unión y "garantizar una elevada experiencia para atajar y mitigar el riesgo" y por otro lado defiende desarrollar "una capacidad de la UE" propia, que podría crearse compartiendo capacidades de los Estados miembros.
"Es mucho más eficaz desde el punto de vista del coste si podemos compartir algunas de estas capacidades en beneficio de todos", ha explicado Kastrissianakos. "Para abordar los problemas de fragmentación de los flujos de la información necesitamos poder integrarlos de los Estados miembros. Esto sólo se puede alcanzar a nivel europeo", ha justificado, insistiendo en que dicha capacidad propia supondría "un cambio cualitativo del sistema".
Bruselas, que espera presentar "propuesta concretas" para desarrollar la estrategia "para finales de año", también recomienda en la misma promover una cooperación más sistemática y estructurada entre las autoridades aduaneras y otras agencias y cuerpos de seguridad del Estado nacionales como la Policía y las agencias de Inteligencia a nivel nacional y entre Estados miembros que permita "una acción integrada". "Las aduanas no pueden ser eficaces si no tienen información de inteligencia, de la policía" y a su vez pueden pasar datos a estos organismos, ha justificado el funcionario comunitario, que ha reconocido que aunque "nunca puede haber un 100% de seguridad" resulta "extremadamente importante" que los distintos cuerpos "estén mejor coordinados en el futuro". "La principal responsabilidad la tienen los Estados miembros", ha recordado el funcionario comunitario.
Además de la cooperación entre cuerpos a nivel nacional y entre Estados miembros, Bruselas también defiende reforzar la cooperación y colaboración internacional con los principales socios comerciales de la Unión, que ya coopera de forma estrecha con países como Estados Unidos, Suiza y Noruega, que garantizan el reconocimiento mutuo de sus respectivos operadores económicos autorizados, a los que se faciltia el traslado de bienes comerciales tras acometer inversiones en seguridad propias y que permiten a las autoridades aduaneras nacionales centrarse en los cargamentos de mayor riesgo.


EL GOBIERNO CREA UN COMITE DE EMERGENCIAS ANTE LAS AMENAZAS A GIBRALTAR,CEUTA Y MELILLA

 La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria sera uno de los organismos que integren este organo de emergencias
Será un 'comité de emergencia' para el Estrecho en el que estarán los más altos representantes de La Moncloa, Asuntos Exteriores y ministerio del Interior. El objetivo: responder de manera inmediata y contundente a los conflictos y amenazas para España que surjan desde la colonia británica de Gibraltar, o que tengan que ver con Ceuta, Melilla y los enclaves españoles en el norte de África.

En el equipo de Mariano Rajoy preocupan especialmente los últimos acontecimientos que se han venido produciendo en la zona del Estrecho de Gibraltar y que ponen en riesgo la seguridad nacional. Algunos vienen de tiempo atrás, pero en las últimas semanas han surgido varias amenazas que han provocado la alerta en el seno del Gobierno.
Reacción inmediata y contundente
Ante esta situación, desde Moncloa se ha decidido poner en marcha un ‘comité de acción rápida’ para dar respuesta a las amenazas para la seguridad del Estado que puedan producirse en esa zona, que en Moncloa es considerada como “caliente”.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, esta oficina dispondrá de una estructura operativa capaz de reaccionar de manera inmediata y contundente ante cualquier conflicto que surja en la zona. Será una comisión tricéfala: presidencia del Gobierno, ministerio de Asuntos Exteriores y ministerio del Interior.
Desde Moncloa se marcará la estrategia política, el departamento de José Manuel García-Margallo, por su parte, llevará la línea diplomática, y el ministerio de Jorge Fernández Díaz se ocupará de dirigir las actuaciones in situ y sobre el terreno.
La finalidad de la creación de esta oficina es disponer de un mayor control geoestratégico sobre la zona del Estrecho.
Organismos implicados
La puesta en marcha de esta comisión para los asuntos del Estrecho implicará, además de Moncloa, Exteriores e Interior, a buen número de departamentos del Estado, capaces de aportar sus medios para hacer frente a las amenazas potenciales para España.
Estos organismos, implicados en la vigilancia del Estrecho, formarían parte de esta oficina:
-- Dirección General de la Policía.
-- Dirección General de la Guardia Civil.
-- Dirección General de Tráfico.
-- Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
-- Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis de Presidencia del Gobierno.
-- Unidad Militar de Emergencias.
-- Dirección General de Política de Defensa del ministerio de Defensa.
-- Dirección General de Política Exterior para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.
-- Secretaría de Estado para la Unión Europea.
-- Dirección General de la Marina Mercante.
-- Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
-- Puertos del Estado.
Además, el Gobierno también cuenta con la colaboración activa del Coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, además de los representantes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Almería, Málaga, Alicante, Ceuta, Melilla y Motril.
Los conflictos que preocupan a España
Esta es la sucesión de graves acontecimientos en la zona del Estrecho que han provocado la actual alerta en el Gobierno. Todos ellos son cuestiones “sensibles”:
-- Gibraltar. El problema con las aguas que rodean al Peñón, lejos de solucionarse, se ha estancado. La Armada y la Royal Navy ya han protagonizado algún enfrentamiento. El reciente fallo del Tribunal de Luxemburgo a favor de España sobre el LIC (zona de protección ecológica) endurecerá la postura de la Roca, prevé el Gobierno.
-- Ceuta y Melilla. Al Ejecutivo le preocupan especialmente las avalanchas de inmigrantes y la situación en la valla fronteriza, cuya seguridad se ha tenido que reforzar.
-- Territorios españoles en África. Las ocupaciones por parte de activistas marroquíes de estas propiedades nacionales en el norte del país vecino también son un tema de especial sensibilidad para Moncloa.
-- Marruecos dispone de una base naval operativa en pleno Estrecho de Gibraltar.
Hay que recordar, además, que todos los asuntos relacionados con Marruecos son comunicados de manera inmediata a Zarzuela por parte del Gobierno. El rey, buen amigo de Mohamed VI, conoce a la perfección todas las actuaciones y decisiones del Ejecutivo que afecten al país vecino.
elconfidencialdigital

lunes, 7 de enero de 2013

NARCOTRAFICO: POR TIERRA, MAR Y AIRE

Por el estrecho de Gibraltar se pasean veleros, motos acuáticas, lanchas neumáticas y yates cargados de hachís. Incluso avionetas. Pero la mayor parte de la droga viaja en contenedores de transporte marítimo, oculta entre las mercancías, y también en ferri, a bordo de camiones. Su punto de partida suele ser el puerto de Tánger-Med o el de Nador, en el norte de Marruecos. Y sus principales destinos, los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz) --que a menudo son paradas intermedias--, Almería, Valencia, Barcelona y Vigo. De ahí se distribuye a toda Europa.
La gran mafia marroquí del narco funciona como lo haría una empresa, con base de operaciones en la región norteña del Rif y una red de satélites que están distribuidos por todo el continente europeo. "Está perfectamente organizada y jerarquizada. Cada grupo tiene una misión específica, de producción, almacenamiento o distribución. Para que el negocio funcione se necesita una sólida estructura", explican fuentes oficiales españolas destinadas en Marruecos. Con ella conviven una miríada de pequeños grupos e incluso intentonas individuales.
Estrategia cambiante
"No podemos abrir todos los contenedores que llegan a nuestros puertos, como tampoco podemos desmantelar los bajos de todas las embarcaciones de recreo. Solo podemos actuar cuando existen claras sospechas, tras varias semanas de investigación a través de los sistemas de escucha", dice un agente de Vigilancia Aduanera de Algeciras. "El tráfico de mercancías en el mar ha aumentado y, además, la estrategia de las redes es cambiante. Ahora se recibe mucha droga mediante camiones y contenedores", añade.
En efecto, esta es hoy la vía principal del tráfico de drogas, por delante de las lanchas neumáticas, de hasta 15 metros de eslora y con motores con la fuerza de un ciclón, que han sido la esencia del entramado mafioso del narcotráfico en los últimos 10 años. Los contenedores admiten ingentes cantidades de droga, mientras que la capacidad de las lanchas es muy inferior.
Para los agentes, sin embargo, resulta mucho más fácil neutralizar un contenedor que una lancha: "Mientras que un contenedor es aprehendido en el puerto, la lancha a menudo debe ser capturada en alta mar, y eso exige maniobras muy rápidas de nuestras patrulleras. Lo más fácil sería pillarlos cuando llegan a la playa para alijar". Pero para eso es necesario un potente dispositivo de vigilancia e información con el que no siempre se cuenta.
Dinero fácil
A más pequeña escala, el negocio también va viento en popa. "Hemos visto en las costas de Cádiz un aumento de pequeñas embarcaciones con alijos de hachís, que suelen proceder del puerto de Tánger-Med", corroboran agentes de la Guardia Civil en Andalucía.
Y son muchas las familias gaditanas atrapadas por las deudas que ven en el negocio de la droga dinero fácil. "La zona de Barbate, por ejemplo, es famosa por ser lugar de desembarco de importantes cargas de hachís. El principal problema es que ni siquiera hay un puerto recreativo que pueda ajustarse a unos controles de seguridad. Es un puerto libre en donde es fácil que un barco de recreo descargue la mercancía sin que sea avistado por las fuerzas de seguridad", explica uno de los agentes.
De la zona de Larache, en el noroeste de Marruecos, a la costa de Huelva se dibuja otra ruta tradicional. Pero últimamente la actividad se extiende por toda la costa mediterránea española. Las provincias de Cádiz y Almería, la Comunidad Valenciana y también Cataluña son los principales destinos de lanchas, veleros y otros barcos de recreo cargados de hachís que vienen de Tánger-Med, Nador o Alhucemas, en ocasiones incluso acompañados de otra embarcación nodriza para poder repostar en alta mar durante la larga travesía. "La costa de Tarragona y los pequeños puertos recreativos de la de Barcelona en los que hay menos vigilancia se han convertido en puntos calientes", afirman fuentes de la Guardia Civil.
elperiodico