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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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miércoles, 12 de diciembre de 2012

LA PRESUNTA TRAMA CORRUPTA DE LAS ITV DE CATALUÑA COBRÓ 5 MILLONES DE EUROS

El caso de las ITV es una derivada del caso Campeón.
La investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA sitúa a Oriol Pujol como uno de los cabecillas de la supuesta trama de corrupción que, además de querer intervenir en el sector de la energía, quería asegurarse la exclusiva de las ITV.
 A finales de julio pasado, se filtró un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria, en el que se considera a Oriol Pujol, ‘colaborador necesario’ en el entramado de las adjudicaciones irregulares. Según la jueza, Pujol era ‘el hombre encargado de aportar la influencia política’ y de realizar ‘los movimientos oportunos’ para ‘beneficiar’ el proyecto de los empresarios involucrados. La trama también habría intentando conseguir cambios legislativos en el sector de la energía para beneficiarse económicamente.
 
La supuesta trama de corrupción en la que estaría implicado Oriol Pujol, número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y portavoz de CiU en el Parlamento autonómico, habría recibido cinco millones de euros de comisión por facilitar la salida de Cataluña de tres multinacionales japonesas: Sony, Sharp y Yamaha. Es decir, cobrar dinero por desinvertir en la Comunidad.
Las operaciones se habrían llevado a cabo a través de la empresa Alta Partners Investments, que preside Sergi Alsina -amigo íntimo del vástago de Jordi Pujol, ex presidente autonómico- y en la que Anna Vidal Maragall, la mujer de Oriol Pujol, es consejera, que se habría embolsado 2,8 millones de euros por despejar de obstáculos la desinversión de Sony y buscar un comprador de las plantas industriales que la multinacional japonesa tenía en Cataluña, según ha publicado este miércoles El Mundo.
Esta cantidad habría sido abonada por Ficosa para garantizarse el respaldo financiero y administrativo de la Generalidad, así como el visto bueno para llevar a cabo los ERE que se estaban a punto de aplicarse. Ficosa quería quedarse con la exclusiva de las ITV de edificios, naves industriales y empresas en toda Cataluña. El caso de las ITV es una derivada del caso Campeón.
A esos tres millones de euros hay que sumar otros dos que Alta Partners Investments se embolsó con la enajenación de los activos y los pasivos de Sharp a Nortia Business, del holding Cirsa, por hacer de consultores. La venta de los restos de Yamaha al Grupo Sesé les reportó una cantidad similar.
Fuentes de la investigación del caso de las ITV, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, han asegurado que la mordida percibida por esta última operación no se conoce con exactitud, aunque se cree que fue similar al satisfecho por Sharp. Esto significaría -de caso de confirmarse- que la empresa principal en la trama de posible corrupción se podría haber llevado, bajo el falso concepto de unos servicios de consultoría, en torno a seis o siete millones de euros.
“Garantizar la aprobación del proyecto por parte de la Generalidad”
La operativa era tan sencilla como rentabilísima para Alsina, que fue detenido en el marco de las diligencias que lleva a cabo el juzgado, y para la mujer de Oriol Pujol. Estos, siempre según lo publicado por el diario de Unidad Editorial, se encargaban de buscar empresas catalanas que se hicieran cargo del activo y el pasivo de las sucursales japonesas en España y, sobre todo, de despejar el camino de obstáculos administrativos.
Sony llegó incluso a abonar el coste del ERE que llevó a cabo Ficosa, la compañía que se hizo cargo de las instalaciones y los 641 trabajadores con que contaban los japoneses en el momento de su deslocalización. Alta Partners percibió la comisión por limitarse a asegurar la protección del poder político autonómico. ”Alta Partners era la encargada de negociar el proceso para garantizar la aprobación del proyecto por parte de la Generalidad, ya sea la venta de la empresa a un tercero o el ERE en su caso”, han asegurado los investigadores a El Mundo.
Tras el pelotazo de comisiones obtenido con Sony, los miembros de la supuesta trama de corrupción se propusieron repetir el éxito con Yamaha y Sharp. Así fue, aunque la mordida fue menor. Nortia Business, del holding Cirsa, se hizo cargo de los activos y los pasivos de la primera compañía, y el Grupo Sesé con los de la segunda.
Hombres de confianza de Mas
El objetivo de Ficosa era aprovechar las instalaciones y el personal dejado por los japoneses para montar ITV de coches y quedarse con la exclusiva de las inspecciones de edificios, naves industriales y empresas en toda Cataluña.
Para garantizarse la cobertura de la Administración autonómica -encargada de entregar las concesiones de las ITV- contaban con el respaldo de Francesc Xavier Mena, consejero de Empresa y Ocupación, y el de Germà Gordó, secretario del Gobierno autonómico y, junto a David Madí y Francesc Homs, una de las tres personas de máxima confianza de Artur Mas, presidente de CiU y presidente autonómico en funciones.
Según la información conocida este miércoles, el hombre que se fajaba en el día a día para acelerar y limpiar de obstáculos la tramitación de los planes de Alta Partners Investments es Joan Sureda, director general autonómico de Industria. El mismo rol jugaban el director general autonómico de Energía, Josep Canós, y el director general de Relaciones Laborales de la Generalidad.
Una trama triangular

La investigación llevada a cabo por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha determinado también que Oriol Pujol y Anna Vidal se han llevado su parte de las comisiones facturando cantidades millonarias a Alta Partners Investments por la prestación de servicios ficticios.
El escándalo de la presunta trama de corrupción saltó a los medios en marzo pasado, como una derivación del caso Campeón, y supuso la detención del ex director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalidad y responsable de la sectorial de Empresa, Industria e Innovación de CDC, Josep Tous. Junto a él también fueron detenidos Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalidad, y tres empresarios del sector, el ya citado Sergi Alsina, Sergi Pastor y Ricard Puignou.
Tous estuvo en el cargo público entre 1999 y 2004, además de asumir otros cargos, como el de director del Instituto Catalán de Consumo y director del Centro Europeo del Consumidor de Barcelona. En la Generalidad tuvo como superior inmediato a Oriol Pujol, durante dos años (2002 y 2003), con quien compartía vocación (ambos estudiaron Veterinaria en la UAB en la misma promoción, 1984-1989) y aspiración (ambos cursaron un máster en dirección de empresas en IESE). Allí también coincidió con Masalles, entonces responsable del Gabinete Técnico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Tres meses antes de las autonómicas de 2003, Tous prorrogó en ocho años las concesiones a las dos únicas empresas adjudicatarias de la ITV en Cataluña, a pesar de que sus contratos no vencían hasta 2006. Tras esa decisión, las compañías beneficiarias hicieron una donación de 138.000 euros a la Fundació Ramon Trias Fargas, vinculada a Convergència.
Oriol Pujol, ‘colaborador necesario’
En 2004, poco después de la llegada del tripartito, Tous abandonó sus múltiples cargos públicos y puso en marcha su propia empresa, ieConsumo Observatorio del Consumo, una consultoría sobre consumo. Tous aprovechó esa época para impulsar su carrera política, llegando a presidir la sectorial de Empresa, Industria e Innovación de CDC desde el año 2008, y a formar parte del Consejo Nacional de CDC. A principios de este mes de marzo, fue nombrado coordinador general de la Diputación de Barcelona a propuesta de Pujol en sustitución de Josep Maria Matas (CDC), quien había sido destituido semanas antes por el escándalo de la Asociación Catalana de Municipios, actualmente investigado por la fiscalía.
A finales de julio pasado, se filtró un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria, en el que se considera a Oriol Pujol, ‘colaborador necesario’ en el entramado de las adjudicaciones irregulares. Según la jueza, Pujol era ‘el hombre encargado de aportar la influencia política’ y de realizar ‘los movimientos oportunos’ para ‘beneficiar’ el proyecto de los empresarios involucrados. La trama también habría intentando conseguir cambios legislativos en el sector de la energía para beneficiarse económicamente.
http://www.vozbcn.com/2012/12/12/136392/itv-cobro-desinvertir-empresas/