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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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domingo, 16 de diciembre de 2012

BAJARSE AL MORO

 
 Un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intenta detener una lancha que transporta hachís en una operación antidroga / AGENCIA TRIBUTARIA

Desde el cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar de Barrameda se ve el mar. El que baña el Coto de Doñana, la desembocadura del Guadalquivir, la frontera entre Cádiz y Huelva, todo Bajo de Guía, el lugar por donde cruzan las carretas del Rocío. Apenas a 300 metros está la orilla, y allí, junto a una pasarela de madera, el baluarte de San Salvador, del siglo XVII, como testigo mudo. Atardecía el 28 de noviembre cuando el sonido ensordecedor del helicóptero sobresaltó a los vecinos de las barriadas de Andalucía y de los Marineros, a pie de playa. Vigilancia Aduanera perseguía desde el aire una lancha cargada de hachís. Los narcotraficantes huyeron y los fardos quedaron en la arena. Un agente llegó a bajar para agarrar la embarcación. Pero se topó con decenas de personas, más de 100, familias enteras. Una multitud frente a unos pocos. Los que eran mayoría se armaron de piedras, las arrojaron contra el helicóptero y se apropiaron de dos toneladas de droga. No había patrullas en tierra para detenerlos, y lo sabían. Solo una persona fue detenida. La policía lo encontró agazapado, mojado y abrazado a un fardo. “Un pringado”, sentencian en un bar junto al cuartel. A los demás, y a la droga, se les da prácticamente por perdidos.
El llamativo episodio del helicóptero en Sanlúcar (66.944 habitantes y 12.724 parados) ha sacado a la luz un submundo que no es nuevo en esta localidad. Lo cuenta un guardia civil con larga experiencia en estas calles. “Lo que siempre ha habido aquí es cierta inconsciencia. A veces nos han dicho que por qué no íbamos a hacer operaciones a otro sitio. Que les dejáramos tranquilos un tiempo”. Porque esa ausencia de vigilancia aumentaba las oportunidades de ganar dinero sin riesgo. Lo narra en uno de esos bares donde conviven buenos y malos, donde todos saben, o al menos sospechan, a qué se dedica el otro. Como en muchos otros sitios. Pero aquí, cuenta el agente, con la peculiaridad de que el que se sienta en una mesa con apariencia de pescador, o incluso el que sirve las copas y el café, puede pasar la noche tratando de introducir un alijo a cambio de 3.000 euros.
“Esta es una zona caliente”, sostiene el guardia civil desde los exteriores del cuartel donde se ve el mar. Así que Vigilancia Aduanera fue a aparecer con un helicóptero precisamente allí. Justo donde está medio derruido el baluarte de San Salvador, donde tantas veces se han agazapado policías nacionales y guardias civiles esperando a los que guardaban bultos sospechosos en sus lanchas, donde hay familias acostumbradas a correr, avisar, cargar y guardar silencio. Esas personas salieron a ver qué hacía el helicóptero y se encontraron con 60 fardos en la arena y ninguna patrulla en tierra. Sabían que podían amedrentar a los agentes y llevarse la mercancía. Y eso hicieron. Hay muchas dudas. No se avisó a ningún otro cuerpo de seguridad, no llegaron los refuerzos a la playa a tiempo, el helicóptero trabajó sin apoyos. Dudas que forman parte de la investigación interna del suceso.
"Imagínate lo que está entrando para que ni siquiera haya que camuflarse para verlo", dice un guardia civil
“Esto en Cuenca o en Guadalajara no hubiese pasado”, resume Francisco Mena, presidente de Nexos, una de las coordinadoras antidroga más activas de la provincia de Cádiz. “Para nosotros, lo que ha sucedido no es ninguna novedad. Ocurrió en La Línea en los ochenta con el contrabando de tabaco. Ocurrió en Barbate en los noventa con el hachís. Y ahora está pasando en Sanlúcar”, sostiene. “Lo que no podemos es negar la realidad. Aquí hay una exclusión social que no puede justificar ninguna actuación ilegal, pero tampoco podemos abstraernos del problema. Hay mucho paro y muchas oportunidades de ganar dinero fácil”, añade con contundencia. Nexos lleva años intentando tener su propia asociación antidroga en Sanlúcar, pero sin éxito. El último intento, Mandrágora, se frustró cuando su presidente, un guardia civil, fue suspendido de empleo y destino por sumarse a este colectivo e incumplir el régimen de incompatibilidades.
Mena suma décadas analizando las repercusiones del narcotráfico en la provincia gaditana. “El negocio de la droga funciona como una empresa mercantil. Ahora hay más gente dispuesta a arriesgarse. Y, por tanto, bajan los precios que se les da a los cargadores o a los vigilantes”. La crisis ha rebajado los salarios y también ha devuelto fenómenos que parecían haberse superado, como el de bajarse al moro, los viajes a Marruecos desde Algeciras para traer a España pequeñas cantidades de hachís. En verano, la Guardia Civil había superado el número de culeros (personas que introducen la droga en su cuerpo) de todo 2011. “Se había quedado como algo marginal y ha vuelto a repuntar. Y ahora, cada trayecto a menos precio, 600 u 800 euros”.
También Vigilancia Aduanera ha detectado en los tres últimos años un intenso repunte del contrabando de tabaco, un símbolo de etapas de economía en decadencia. Este año se han superado los 14 millones de cajetillas incautadas, un 25% más que en 2011.
La violencia y descaro con los que han actuado los que apedrearon el helicóptero de Sanlúcar y el resurgimiento de prácticas casi extinguidas hace temer en Barbate la reaparición de los busquimanos, esos jóvenes que servían de cargadores de droga en la playa. “No van a volver”, sostiene tajante el alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós. “Aquí la juventud aprendió a base de palos que esa no es la salida”. Los peores momentos de la droga en Barbate, a finales de los noventa, se frenaron con una enorme presencia policial y contundentes sentencias contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, incluidos los más débiles. “Lo que hay que darles es oportunidades a esos jóvenes porque, si no, serán una generación perdida”, añade con amargura.
Y la droga no ha dejado de entrar. Lo afirma otro guardia civil destinado en esta localidad. “Patrullas uniformadas han abortado alijos en Barbate. Imagínate lo que está entrando para que ni siquiera haya que camuflarse para verlo”. Se pusieron frenos, pero la crisis también ha relajado los dispositivos de seguridad, como la barrera que impedía el paso de embarcaciones por el río. Se puso en los peores momentos del narcotráfico y ahora no funciona porque el Ayuntamiento no tiene dinero para repararla. Este agente descarta que en Barbate pueda suceder lo que en Sanlúcar con el helicóptero. “Aquí la gente se guarda mucho de que la pillen”. Pero las operaciones continúan. De noche, los jóvenes son reclutados dentro y fuera del pueblo, se reparten móviles de tarjeta a nombre de cualquiera para facilitar las comunicaciones...
Y en la cabeza de esas mafias, grupos, casi empresas, con diferentes sedes en Cádiz, Málaga o Madrid, con nuevos líderes de Europa del Este, con participación de marroquíes. Esos que encuentran en las necesidades de las familias gaditanas alicientes para convencer. Y son peligrosas. Casi de película. Ajustes de cuentas, amputaciones de dedos o lenguas, intentos de secuestros de hijos a las puertas de los institutos. “La mayoría de esas cosas no nos llegan porque los que sufren esa presión son los que han participado en un alijo y se han quedado con algo o lo han perdido. No se atreven a denunciarlo”, cuenta el guardia civil de Barbate. Lo corrobora la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, cuya última memoria ya alertaba del grado de violencia alcanzado. “Aquí ha habido incluso muertes y en el imaginario colectivo de Cádiz sabemos que un ajuste de cuentas tiene por origen la droga”.
En Sanlúcar, la reciente aparición de un joven ahorcado en su coche en el aparcamiento del hospital ha hecho despertar los rumores de las represalias que algunos sicarios han podido emplear para recuperar la droga que se llevaron los que apedrearon el helicóptero. Allí, no muy lejos del baluarte de San Salvador, están las terrazas de Bajo de Guía. Ahí surge la protesta de que una minoría, la que apedreó un helicóptero para robar droga, enturbie la imagen de todo un pueblo. Son los que se quejan de que se dé cobertura a un hecho puntual. Otros creen que esas piedras y ese helicóptero son símbolos de lo que puede pasar si no se hace nada.
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