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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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viernes, 23 de noviembre de 2012

UN ERROR JUDICIAL PODRIA DEJAR EN LIBERTAD A PARTE DE LOS IMPLICADOS EN LA OPERACION "EMPERADOR"

Gao Ping creador de la Fundación Arte y Cultura (IAC) y presidente-director en Pekín del Centro de Arte Iberia-Beijing, es el cabecilla, según la Policía, de la organización para el blanqueo de capitales cuyo desmantelamiento llevó a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias chinas.

 El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no tenía «cobertura legal» para prorrogar la detención de los principales imputados en el «caso Emperador», después de que llevasen en esa situación 72 horas en sede policial y, en ese plazo, no hubiesen pasado a disposición judicial para que hubiese acordado lo procedente respecto a cada uno de ellos. Por ello, los detenidos se vieron privados «ilegalmente» del derecho a la libertad.

Estas consideraciones las realiza la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en un auto donde ordena la libertad «inmediata» de Kay Yang, quien permaneció detenido durante las 72 horas estipuladas en la ley, un arresto que luego el magistrado prolongó de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

A la vista de esa resolución, la Fiscalía pedirá hoy mismo la puesta en libertad de los considerados principales responsables de la trama china  de blanqueo de capitales desarticulada dentro de la conocida como «operación   Emperador», entre ellos,  Gao Ping,  y los que fueron encarcelados por orden del juez Andreu los días 19 y 20 de octubre,

La Sala esgrime que todos ellos fueron detenidos por orden judicial, y que, en ningún caso, se trató de detenciones policiales. Por ello, desde ese mismo momento comenzó a contar el plazo  máximo de 72 horas que establece la ley para legalizar la situación de los arrestados, «mediante la puesta en libertad o la prisión provisional, con o sin fianza. Incluso, añade la resolución, en el supuesto de imposibilidad de tomarles declaración en esos tres días posteriores a las detenciones, el magistrado podría haber acordado la prisión por otras 72 horas.

Al no realizarlo así, y, en cambio, prorrogar la detención en sede policial, «determinó la falta de cobertura legal de la detención del apelante, que se vio privado ilegalmente» de su derecho a la libertad.

Esta vulneración del citado derecho fundamental conlleva la «nulidad insubsanable» del auto de prisión, y, por tanto, la libertad inmediata del detenido.

Los magistrados argumentan, en contra del fiscal, que está «fuera de toda duda» que los detenidos estaban a disposición judicial desde el mimo momento de su detención, lo que se evidencia «al no practicarse por la Policía actuación alguna, una vez concluidos los registros» en domicilios y empresas.

Por su parte, el juez Andreu asumió la responsabilidad en lo sucedido: «El único responsable soy yo y asumo todas las consecuencias», afirmó, para, a la vez insistir en que piensa que actuó correctamente.

Además, aseguró, en declaraciones a los periodistas, que acata y «obedece» la decisión de la Sala y lamentó se haya podido «empañar» el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operacion.