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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



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lunes, 5 de noviembre de 2012

DESTAPAN PRESUNTO FRAUDE MASIVO CON LOS TITULOS DE BUCEO

La Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación para desenmascarar una trama de presunto fraude masivo en la expedición de títulos de buceo profesional, que afecta a Murcia, a Alicante y otras provincias españolas. Las pesquisas, conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía, han permitido estrechar el cerco sobre una empresa sospechosa de haber validado cientos de certificaciones sin que, supuestamente, los destinatarios hayan completado las horas necesarias para ello.
La causa, todavía bajo secreto sumarial, está abierta por presuntos delitos de falsificación, estafa, delito fiscal y blanqueo de capitales. Según revelan las pesquisas, los alumnos solían pagar entre 1.500 y 2.000 euros, si bien se han detectado casos de hasta 4.000 euros. A cambio de esa suma, en menos de una semana supuestamente salían de la academia con el título profesional de buceo en el bolsillo. Esta circunstancia hizo que otros centros formativos pusiesen el grito en el cielo, ya que, tal y como recalcan, es imposible completar en tan poco tiempo un curso que puede llevar, como mínimo, cinco semanas, siempre y cuando se realicen el máximo de horas permitidas cada día: entre siete y ocho.
Los funcionarios involucrados en estas diligencias ya han tomado declaración a centenares de personas en toda España. Según la información recopilada por este diario, la lista de ciudadanos identificados ya como poseedores de un título de actividades subacuáticas de dudosa legalidad puede rondar el medio millar, aunque los investigadores intuyen que a medida que avancen en su trabajo la cifra puede crecer de manera espectacular.
Según la profundidad que se puede alcanzar y las capacidades, existen varias categorías de buceo profesional: segunda restringida, con una duración mínima del curso de 245 horas; segunda, con 350 horas; primera, que implica 675 horas, e instructor, que debe ser un primera con elevada experiencia y requiere de la aprobación de un examen adicional.
Los hechos investigados se remontan a principios de 2009, cuando una academia de buceo profesional de Málaga denunció a una empresa del sector con sede en Melilla, Al-Borany, por medio de un escrito a la Consejería de Deportes melillense, que era la que expedía los títulos a partir de los certificados de horas y los cursos validados por la mencionada mercantil. La Guardia Civil de Melilla llegó a abrir una investigación, aunque, al parecer, se cerró sin resultados.
Sin embargo, las pesquisas fueron retomadas más tarde por la propia Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, y por el Cuerpo Nacional de Policía. En paralelo, se abrieron diligencias judiciales a finales de 2010, en respuesta a una denuncia procedente de un particular en Málaga, según ha podido saber este diario. La distribución de alumnos por toda España llevó el caso a la Audiencia Nacional. Después de un año, este tribunal se inhibió en favor de los juzgados de Melilla. Por reparto, la causa recayó en el de Instrucción 4 de la ciudad autónoma.
Sin la titulación adecuada
Las investigaciones condujeron a la imputación de Antonio Corral, supuesto máximo responsable de Al-Borany y de varios empleados suyos que aparecen como instructores de la academia, que también cuenta con sedes en Almería y Canarias. Según fuentes cercanas, se sospecha que ninguno de ellos reunía la titulación adecuada o que la forma de conseguirla pudo ser fraudulenta.
Esta situación hizo que el centro formativo cesase en su actividad, al menos temporalmente, a comienzos del pasado mes de junio, según denota la investigación. Los funcionarios de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han practicado diligencias por todo el país, desde Murcia, Alicante o Valencia, pasando por Almería, Málaga, Melilla, Baleares y el País Vasco, entre otras zonas de la geografía nacional.