***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

jueves, 2 de agosto de 2012

CONDENAS DE 23 AÑOS Y MULTA DE 12,2 MILLONES DE EUROS IMPUESTA A UNA RED DE NARCOS.

LAS ACTUACIONES HAN SIDO LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA

 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una pena que suma un total de 23 años de prisión y 12,2 millones de euros de multa para cinco miembros de una red que fueron condenados en junio de 2011 por la Audiencia Provincial de Oviedo por un delito de blanqueo de capitales supuestamente procedentes de la venta de hachís. Los acusados, afincados en Asturias, son dos hermanos de origen marroquí, Hafid Achaboun y su hermano Saleh; la mujer de éste último, Lorena García; Carlos Jesús Dorado y José Luis González Lubeiro.


Se da la circunstancia de que tres de ellos -los hermanos marroquíes y Carlos Jesús Dorado- ya fueron absueltos por un delito de tráfico de drogas al anular el Supremo las escuchas telefónicas que desembocaron en su detención. En aquella ocasión, durante los registros efectuados, la Policía llegó a incautarse de 170 kilos de hachís. Las pruebas no sirvieron para condenarles, aunque la causa por blanqueo de capitales siguió su curso.


Según la sentencia emitida ahora por el Supremo, «a raíz de las actividades ilícitas de tráfico de drogas», los acusados acumularon un importante «patrimonio». Para tratar de blanquearlo, según sostiene la sentencia, «se vieron en la necesidad de introducir el dinero en el sistema financiero» con el fin de «darle una apariencia de legalidad». Los acusados estuvieron durante un tiempo -según el escrito la banda operaba «como mínimo desde principios de 2000»- efectuando una serie de gastos «de tipo personal», hasta que, «a consecuencia de los cuantiosos beneficios económicos que tenían del tráfico de drogas», decidieron dar el paso y «constituir o participar» en una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria denominada Proastur 2005 S. L, explicaron fuentes ligadas al caso.


Siempre, según la sentencia, los acusados utilizaron Proastur para adquirir solares, «obteniendo préstamos hipotecarios cuyas cuotas iban amortizando con el dinero obtenido del tráfico de drogas». El escrito da por probado que llegaron a comprar, entre otras cosas, dos vehículos Porsche, abonando en metálico más de 55.000 euros y financiando el resto con fondos de la misma procedencia.


La condena fijada por el Tribunal Supremo se reparte de la siguiente manera: Hafid Achaboun, cinco años y seis meses de prisión y multa de cuatro millones de euros; Carlos Jesús Dorado se enfrenta a cinco años de cárcel y a una multa de cuatro millones; José Luis González a cuatro años y seis meses con una multa de cuatro millones; Saleh Achaboun a cuatro años y 100.000 euros y Lorena García a otros cuatro años de prisión y a una multa de 100.000 euros.


Los cinco acusados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, alegando en conjunto más de cuarenta motivos frente a la sentencia de la Audiencia Provincial. Entre ellos figura el planteado por la representación procesal de uno de los acusados, que protestó porque se le denegó una prueba testifical por la que había solicitado la declaración en la vista oral del por entonces fiscal antidroga de Asturias, José Perals. La causa se inició precisamente por una denuncia interpuesta por él, pero la Audiencia rechazó la prueba por impertinente y llegó a emplear el término «estupor» para describir la sensación del tribunal al tener que estudiar la petición.


El Tribunal Supremo califica la solicitud de «extravagante» y lo explica con argumentos: «no porque en abstracto los integrantes del ministerio fiscal estén exentos de la obligación de declarar, sino porque esa declaración se habrá de referir a los hechos de que tenga conocimiento directo; y no a dar explicaciones de su actuación procesal precisamente en esa causa (?) El fiscal denuncia los hechos de los que ha tenido conocimiento a través de un informe elaborado y remitido a la fiscalía por la Unidad de Vigilancia Aduanera. No puede dar cuenta de hechos de conocimiento propio», recoge el escrito.