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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 29 de julio de 2010

ABSUELTO EL DUEÑO DE UN YATE QUE TRANSPORTABA 2,1 TONELADAS DE HACHÍS.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al propietario de un yate que fue interceptado por Vigilancia Aduanera el año pasado frente a la costa gaditana con 2,1toneladas de hachís. La sentencia condena a seis años de prisión a los tres tripulantes de la embarcación. El tribunal explica en la resolución que no ha quedado acreditado que el dueño, también procesado y para quien el fiscal pidió seis años y seis meses de cárcel, participase en esa operación de tráfico de drogas, que hay dudas. En aplicación del principio in dubio pro reo (en la duda, a favor del acusado), optan por la absolución.

El yate, de nombre Edna IV, fue abordado la tarde del 25 de marzo de 2009 a unas once millas del faro de San Sebastián. Repartidos entre el camarote y la sala de máquinas, los agentes de Vigilancia Aduanera encontraron 70 fardos que contenían 2.102 kilos de hachís. A bordo iban tres personas: el vecino de Trebujena S.G., nacido en 1968; el italiano M.L.S. (1963) y el marroquí M.F. (1978).

Ninguno de los tres quiso responder en el juicio a las preguntas del fiscal (se acogieron a ese derecho), señala la sentencia que los condena y que considera probada su participación en el delito.

La resolución explica que M. alegó que iba en la embarcación en calidad de inmigrante que intentaba entrar clandestinamente en España. El tribunal considera que esa versión carece de toda lógica, que no es razonable que personas ajenas a la operación viajasen en una embarcación que transportaba más de dos mil kilos de hachís.

La sentencia recuerda que S.G. dijo en su día el Juzgado de Instrucción, tras ser detenido, que estaba muy arrepentido de lo que había hecho. También que iba a cobrar 30.000 euros.

Que los tres tripulantes estaban implicados en el transporte del hachís lo avalan "los criterios de la razón y la lógica, así como el recto criterio humano", anota el tribunal.

La sentencia no aporta muchos datos sobre el cuarto procesado, un británico a quien una documentación hallada en el yate señala como propietario del Edna IV. Los tres tripulantes aseguraron que desconocían a esa persona, de quien consta que compró el yate en enero de 2009. No obstante, no ha quedado acreditado "en modo alguno" la relación del dueño de la embarcación con los tres coacusados que la gobernaban y no fue practicada prueba alguna que acredite que actuó en connivencia con ellos, indica el tribunal al argumentar que, ante la duda, se ve obligado a absolverlo.

La sentencia, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo condena a los tres acusados a 6 años de prisión porque aplica dos agravantes: notoria importancia y extrema gravedad.

http://www.europasur.es/article/provincia/757480/absuelto/dueno/yate/transportaba/toneladas/hachis.html

miércoles, 28 de julio de 2010

AEAT MIRA A OTRO LADO.

A finales de junio la Agencia Tributaria recibía del Gobierno francés una serie de listados en los que figuraban los nombres de unas 1.500 personalidades españolas de alto rango –políticos, empresarios, banqueros, etc.– poseedoras de cuentas opacas en la filial suiza del banco británico The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

La ‘pillada’, que proviene del robo de las listas por parte de un empleado del banco, podría definir el paradero de entre 6.000 y 10.000 millones de euros ocultados a las arcas públicas desde 2005, el primer ejercicio sobre el que hay información.

La reacción hasta ahora de la Agencia Tributaria ha sido más bien tímida. En primer lugar se conminó a los implicados en el escándalo a que regularizaran su situación antes del 30 de junio para evitar una sanción administrativa. Una suerte de amnistía fiscal que, a juicio de Carlos Cruzado, consejero del Cuerpo Especial de Hacienda para la Gestión Pública (GESTHA), supone un “trato de favor especial respecto al resto de contribuyentes”.

Cruzado resalta la anormalidad en la actuación de la Hacienda española, asegurando que existe “una doble vara de medir”, pues lo lógico sería que la Agencia Tributaria “comenzara a abrir procedimientos de inspección y remitiera a la Fiscalía los expedientes de las personas que pudieran haber cometido un delito fiscal”.

No saben, no contestan

Una vez pasado el plazo fijado, no han sido muchos los que han optado por regularizar su situación con las cuentas públicas. La mayoría de los implicados ha preferido no darse por enterada del requerimiento tributario hasta que Hacienda ha amenazado con hacer públicos los nombres en el Boletín Oficial del Estado.

De esta forma es muy posible que los implicados terminen por aceptarlo ya que, una vez pasada la fecha tope, no tiene mucho sentido optar por ignorar la llamada. El centro del debate está en que los técnicos e inspectores opinan que Hacienda se centra en imponer sanciones en función de los rendimientos del dinero localizado en Suiza, sin focalizar la investigación en el origen de los fondos hallados en el HSBC.

Es difícil demostrar la procedencia del dinero sin investigar. En el caso de que se tratase de fondos no tributados, debería aplicarse un 43% de gravamen sobre ellos; sin embargo, las grandes fortunas podrían aducir que se trata de dinero ahorrado, con lo cual el tipo a aplicar estaría entre el 19% y el 21% para cantidades superiores a los 6.000 euros.

¿Se trata de un delito fiscal?

Aun cuando es muy probable que la mayoría de estos casos incurran en un delito fiscal –estipulado cuando la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros–, es difícil esperar la colaboración del HSBC, pues supondría un descrédito ante sus clientes, o de las autoridades suizas, habituadas a funcionar como un paraíso fiscal pese a los llamamientos del G-20 y la Unión Europea a que cambie esa situación.

Los convenios de doble imposición que el país helvético ha firmado con Francia o Dinamarca podrían favorecer la colaboración en cuanto a la labor informativa pero no respecto a las averiguaciones fiscales. “Si no se investiga no se puede llegar a conclusiones”, resalta Carlos Cruzado quien también lamenta que “en un país donde el fraude y la economía sumergida están 10 o 12 puntos por encima de la media europea, la Agencia Tributaria mire para otro lado” a la hora de investigar.

El Gobierno asegura que, hayan cumplido o no con el requerimiento inicial, se aplicarán las multas que prevé la Ley General Tributaria en casos en los que se detecten indicios de delito fiscal y que oscilen entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada.

Esto suscita controversia por la contradicción que supone ofrecer primero una amnistía para quienes regularizaran su situación antes del 30 de junio y asegurar después que, en el caso de que se aprecie un delito fiscal, se procederá a sancionar en función de la Ley Tributaria. Otra posible consecuencia de la actuación de la Hacienda española es que prescriban algunos de los delitos en los que se hubiera incurrido, limitados a cuatro años en el caso de infracciones tributarias.

http://www.laregion.es/noticia/128866/Rentas/altas/trato/favor/Agencia/Tributaria/

AEAT ABOGA POR ADJUDICAR A PARTICULARES LOS BIENES INCAUTADOS A LOS NARCOS.

La Agencia Tributaria hace ya tiempo que se fijó entre sus principales objetivos luchar contra el narcotráfico allí donde más le duele a los clanes, en su patrimonio. Por eso su delegado en Galicia, Luis Pazos, reconoce que están «muy orgullosos de esta colaboración con la Audiencia Nacional y lo enmarcamos en el proceso para acabar definitivamente con los clanes de la droga».

La intención de Luis Pazos y del equipo que lleva trabajando con él en los últimos años es que «todas estas propiedades se las quede la gente honrada». Por eso los bienes salen a subasta en lotes pequeños, «piso por piso y garaje por garaje, tratando de favorecer la concurrencia de la ciudadanía», especifica el delegado especial de este organismo en la comunidad gallega. «Para que se anime la gente y para que revierta en la sociedad». Y así, hay pisos que parten con un valor inicial de 85.000 o 90.000 euros y garajes por los que podrá pujar cualquier vecino, así como bateas de interés para las gentes del mar.

Lógicamente hay propiedades a las que difícilmente podrán acceder las economías domésticas, como el pazo de Vista Real, en Vilanova de Arousa. A Luis Pazos le gustaría que este inmueble, bien conservado, se lo quedase una institución de carácter público. «Algunas ya manifestaron su interés, y el alcalde de Vilanova estaría interesado también en ofrecérselo al pueblo», explica.

Las trabajadoras de Charpo

Pazos no se olvida tampoco de las trabajadoras de la antigua conservera Charpo, que llevan años esperando para cobrar las deudas pendientes con los Charlines. Aunque la nave aún no sale ahora a subasta -el Concello de Vilanova también está interesado en levantar en sus terrenos un centro multiusos-, sí lo harán algunas fincas rústicas asociadas a la empresa. «Las antiguas trabajadoras pueden estar tranquilas; tienen un embargo sobre esos bienes y se respetará, se les entregará lo que corresponda».
Y por último, un aviso a navegantes. O sea, a los Charlines: «Si ellos o sus testaferros participan en la subasta, que sepan que se hará como en la operación Repesca. Sería un fracaso para nosotros que recuperaran esos bienes. No les va a salir gratis».

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/07/28/0003_8635483.htm

martes, 27 de julio de 2010

SOBRE EL OPERATIVO DEL "ARIEL 4".

La investigación comenzó a finales de junio, cuando el Grupo Policial Especial contra el Crimen Organizado (Greco) tuvo conocimiento de que una organización de lancheros de la ría de Arousa recibió el encargo de recoger un importante alijo cerca de las islas Azores. La pesquisa duró un mes.

El asunto pasó al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en Madrid, que contactó con otros gabinetes y agencias internacionales de lucha antinarcóticos en el Atlántico, en especial el Maoc-M de Lisboa. Los analistas se reunieron con la Agencia Tributaria y trazaron un plan para localizar en algún punto perdido del océano al barco que transportaba la droga desde las costas orientales de Sudamérica.

El buque especial de operaciones Fulmar zarpó hacia las islas Azores, mientras el servicio de inteligencia continuaba con la búsqueda del barco que transportaba la droga. El Fulmar, fletado por la Agencia Tributaria, llevaba a bordo miembros de una unidad del GEO, de la Agencia Tributaria y un investigador del Greco de Galicia, unidad adscrita a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial.

Detección.

El velero, de bandera brasileña y de 18 metros de eslora, fue detectado en las coordenadas 30° 32' al norte y 39° 11' al oeste, al sur de las Azores y a la misma altura que las islas Madeira. La embarcación había recorrido 5.000 millas de océano hasta el momento en que fue abordada por los geos a las 11.30 horas del día 15. Hallaron 1.200 kilos de cocaína esparcidos por todo el velero, en 36 fardos y 14 paquetes sueltos. «Es un importante golpe al narcotráfico porque son pocos los barcos que llegan con cantidad de cocaína a nuestras costas y este año no hemos logrado interceptar muchos», indicó el jefe del Greco central, Ricardo Toro.

El Ariel IV tardó once días en ser remolcado a la ría de Vigo, donde fondeó. A las 11horas de ayer, la comisión judicial supervisó la descarga y el precintado de la droga, que fue llevada en un furgón para incinerar.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/07/27/0003_8633659.htm

EL SVA EL CUERPO QUE MAS DROGA APREHENDIÓ EN GALICIA EN 2009.

La cocaína y el hachís concentraron la mayoría de las aprehensiones de droga realizadas en Galicia en 2009, según la memoria de la Fiscalía, que cifra en 540 las personas detenidas por la Policía Nacional en operativos contra el narcotráfico.

Casi todos los detenidos corresponden a las provincias de A Coruña y Pontevedra, 220, respectivamente en cada una de ellas. Otros 61 fueron en la provincia de Ourense y 39 en la de Lugo. Además, se incautaron 65 vehículos y dinero por importe de casi 700.000 euros.

La mayoría de la droga que se incautó correspondió a los operativos del Servicio de Vigilancia Aduanera. Así, a través de sus unidades de A Coruña y Pontevedra, se interceptaron unos 10.592 kilos de cocaína y otros 2.980 de hachís, en distintos operativos.

Por su parte, la Policía Nacional se incautó de 1.046 kilos de cocaína y 100 kilos de hachís, además de otros 116 kilos de marihuana y unos 18 de heroína. LSD, speed o éxtasis fueron otros de los estufepacientes que se incautaron en las actuaciones policiales contra el tráfico de drogas.

http://www.xornal.com/mobile/artigo/2010/07/26/galicia/cacaina-hachis-drogas-mas-incautadas-galicia/2010072617302200563.html

LOS 1.200 KILOS DE COCAÍNA DEL 'ARIEL IV' ALCANZARÍAN UN VALOR DE 222 MILLONES.

De los proveedores de Colombia a los principales mercados de la droga de Europa, con los clanes gallegos de la droga como transportistas, y "lancheros" que trabajan para la organización internacional que importa la droga. Los 1.200 kilos de cocaína decomisados en el interior del velero Ariel IV, pagados en origen a 30.000 euros el kilo, se iban a transformar en más de 8.000.00 de dosis, generando un negocio superior a los 220 millones de euros. Los cálculos fueron refrendados ayer en Vigo tanto por el comisario jefe del Greco de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, Udyco, Ricardo Toro, como por el subdirector de logística del departamento de aduanas de la Agencia Tributaria, Santiago, después de que los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera descargaran en el muelle de trasatlánticos de la ciudad olívica los 50 fardos del alijo de cocaína.

El velero Ariel IV, interceptado el 15 de julio a 600 millas al suroeste de las Islas Azores, tras recorrer 5.000 millas desde su puerto de origen en un país caribeño, llegó al puerto vigués a primeras horas de la mañana de ayer "escoltado" por el buque del Servicio de Vigilancia Aduanera Fullmar. Además de la droga, en el buque de la Agencia Tributaria permanecían detenidos los tres tripulantes del velero. Los dos británicos D.J.B y P.B.C y el holandés R.H.M.D.S, considerados como meros transportistas a comisión, tras acompañar a la comisión judicial a inspeccionar el velero, fueron inmediatamente trasladados a la prisión de A Lama por orden del titular del juzgado de instrucción número siete de Vigo, aunque el trámite inicial le corresponde al juzgado uno de Cambados.

Investigación.

Hace más de un mes que el Greco de Galicia comenzó la investigación "sobre una organización de lancheros de la ría de Arousa que tenía por misión acudir a un punto del Atlántico para recoger la mercancía y trasladarla no a un punto de Galicia sino a un destino de Europa donde iba a ser distribuida en distintos países europeos". De este modo resume Ricardo Todo los primeros pasos de una investigación que permanece abierta, sin que se descarte la posibilidad de que se procedan a realizar detenciones en tierra.

Ricardo Toro insistió en que los transportistas gallegos de la droga "no pretendían introducirla por ningún punto de la costa gallega, ni por ninguna otro punto de la española", ya que estaban a la espera de que se les indicara el puerto final de destino de descarga "para ser alijada y luego distribuida".

El comisario jefe del Greco explica que las lanchas de los narcotraficantes gallegos, fabricadas "ad hoc" y con gran potencia, tienen autonomía suficiente para recorrer hasta 1.000 millas de distancia desde Galicia y por tanto para realizar la misión encomendada de recoger la cocaína en altamar y llevarla al puerto de destino.

Transporte.

El 75% de la cocaína transportada por mar se traslada en contenedores de mercancía ordinaria. Este dato fue revelado ayer por Santiago Astudillo, al indicar que tan sólo en lo que va de año se han decomisado un total de 17 toneladas de la droga en el interior de contenedores en distintos puertos españoles.

DATOS:

Alijo- El valor inicial de los 1.200 kilos de cocaína, asciende a 36 millones de euros.

Pureza- Los expertos determinan que la pureza de la cocaína incautada es del 90% .

Adulteración- Los expertos indican que las tramas de la droga realizan entre 5 y 10 cortes de la droga. Lo habitual es que cada kilo de cocaína se multiplique por siete como resultado de los sucesivos "cortes".

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/1-200-kilos-cocaina-ariel-iv-alcanzarian-un-valor-222-millones/idEdicion-2010-07-27/idNoticia-573437/

lunes, 26 de julio de 2010

MODIFICACIÓN LEY DE CONTRABANDO.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO.

Exposición de motivos

I Los cambios políticos, económicos y sociales que se han producido en el mundo en los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente han conducido a un replanteamiento del peso específico de cada una de las misiones que corresponden a las Aduanas en el control del comercio exterior. Así, el Reglamento (CE) n.º 450/2008, de 23 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), recoge de forma expresa misiones como la protección frente al comercio desleal o ilegal, o la seguridad y protección de la Unión Europea o sus ciudadanos, o la protección del medio ambiente. Misiones cuya finalidad es la protección de bienes jurídicos distintos del que es propio de la Hacienda Pública: la recaudación tributaria. Además, este último en relación con los derechos de importación, en el marco de nuestro derecho penal, se ha reconducido con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a la figura del Delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, otorgando a la Hacienda Pública de la Unión Europea la misma protección que a la nacional, en aplicación del Convenio relativo a la Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995.

Ambos factores exigen una revisión de la actual Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Uno de los objetos en los que se manifiesta el bien jurídico relativo a la seguridad y protección de la Unión Europea y sus ciudadanos es el control por parte de las Administraciones del comercio internacional de material de defensa, de productos o tecnología de doble uso o que puedan ser utilizados en la fabricación o utilización de la energía nuclear con fines no pacíficos; de elementos que puedan servir para la obtención de agentes químicos, biológicos o toxinas; y de agentes, materiales y objetos que puedan ser utilizados para la tortura. En estas materias el Reino de España ha ido asumiendo obligaciones derivadas de una serie de compromisos internacionales adquiridos y plasmados en legislación internacional y comunitaria. Además esta legislación se caracteriza por una continua evolución de las directrices comunitarias sobre la materia y de las listas de productos, materiales y tecnologías objeto de control que se aprueban en los distintos foros internacionales de los que es parte el Reino de España. Las nuevas obligaciones y la dinámica en la modificación de su objeto hacen necesaria la actualización de la regulación de este tipo de ilícitos contenida en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

La actualización de la Ley de Represión del Contrabando por los motivos indicados ya se contemplaba en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Dicha Ley hace mención, en el apartado III de su preámbulo, del carácter punitivo y sancionador que en la materia tiene la Ley Orgánica 12/1995 de Represión de Contrabando, y asimismo señala en su Disposición Final Segunda la obligación por parte del Gobierno de proceder a su actualización para dar cumplimiento a los compromisos internacionales a los que se refiere el preámbulo de la propia Ley 53/2007, dando, además, cumplimiento en el ámbito sancionador al mandato contenido en el artículo 12 de la Posición Común 2008/944/PESC, del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, que define las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

En consecuencia, la modificación que se lleva a cabo tiene como objetivo adaptar la tipificación del delito que se cometa en el comercio fraudulento de determinadas armas, productos, agentes, materiales o tecnologías a su actual regulación en nuestro Derecho y a los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España.

La incorporación a nuestro Derecho penal de los fraudes en materia de ingresos y gastos del presupuesto comunitario como un supuesto de delito contra la Hacienda Pública, efectuada por la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, hace necesario ajustar el cuanto delimitador entre el ilícito penal y administrativo en los supuestos de importación, exportación, comercio y tenencia de mercancías de lícito comercio a la finalidad de esta tipificación, que no es otra que la de evitar la competencia desleal frente al resto de los operadores o usuarios por parte de quien realiza una introducción ilegal de mercancías o productos con estatuto no comunitario en el territorio aduanero comunitario del Reino de España. Competencia desleal que se produce por el efecto inmediato sobre el precio o el beneficio, o sobre ambos, con su comercio o uso, así como por el incumplimiento de las demás obligaciones administrativas en el momento de la importación o en fases posteriores de su comercio o consumo. La misma justificación es aplicable a la exportación llevada a cabo sin presentar la mercancía ante la Aduana. Ahora bien, para que tales efectos se produzcan, el valor de las mercancías con las que se realizan las operaciones tipificadas como contrabando debe ser significativo.

Asimismo, se considera necesario actualizar el cuanto para la delimitación de los ilícitos penal y administrativo en relación con los productos estancados, en especial, respecto a las labores de tabaco. Los nuevos importes mínimos para la delimitación del ilícito penal se fijan en 50.000 euros con carácter general y 30.000 euros respecto al tabaco.

Además, se debe incrementar el importe mínimo para el ilícito penal en relación con aquellos productos que pueden afectar a la seguridad en general, como el material de defensa, los productos y tecnologías de doble uso o que puedan ser utilizados para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, o los precursores de drogas, o cuando afecte al Patrimonio Histórico Español. El importe del valor de los bienes o productos para que el ilícito sea perseguible penalmente se fija en 50.000 euros.

Se mantiene la calificación como ilícito penal de los supuestos de contrabando con determinados bienes, géneros o efectos, con independencia de su valor o cuando tales ilícitos se realizan a través de una organización.

Teniendo en cuenta dichos cambios, cuyo fundamento se encuentra en el tipo de bien jurídico protegido, es necesaria una reestructuración de los supuestos de ilicitud, agrupándolos en función de tales tipos.

El modelo de gestión y control aduanero ha sido objeto de un fuerte cambio con el fin de dar respuesta al proceso de globalización de la economía, asegurando la necesaria agilidad de la tramitación administrativa aduanera en el comercio exterior de mercancías. Los principios que ordenan este nuevo modelo de gestión y control aduanero se incorporan en el derecho aduanero comunitario a través del Reglamento (CE) n.º 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario. Así, al fundamentar el control aduanero en el concepto de “riesgo” los elementos declarados por los operadores económicos constituyen un elemento esencial para su correcta ejecución, lo que exige anticipar la realización del ilícito de contrabando a determinados hechos que pudieran entrar hasta la fecha dentro del concepto penal de tentativa, como son los relativos a la pretensión de obtener mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito el levante de las mercancías presentadas a despacho aduanero, aprovechando las facilidades introducidas en el mencionado modelo de gestión y control aduanero y violentando el sistema de gestión del riesgo en el que se fundamenta el modelo actual de control aduanero.

Estos cambios normativos exigen una revisión de la definición de los tipos de infracción administrativa de contrabando para adaptarlos al nuevo cuanto delimitador del ilícito penal y administrativo.

La delimitación entre delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando que se pretende con la modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, exige una equiparación en la tipificación entre la infracción tributaria y la infracción de contrabando.

La importancia de los cambios descritos exige, con respecto al delito, que la Ley prevea que la acción tipificada como contrabando pueda ser realizada con dolo o bien con imprudencia.

Por último, se hace necesario introducir en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, mejoras técnicas para la delimitación de su objeto, consistentes en la incorporación de nuevos conceptos, la adaptación de las penas a su regulación en el Código Penal, la homogeneización en la ejecución de sentencias con los delitos contra la Hacienda Pública en relación con la responsabilidad civil, la equiparación de la pena accesoria con las previsiones para delitos dolosos en el artículo 127 del Código Penal, la definición explícita del principio de concurrencia de sanciones con idéntica regulación a la de los supuestos tributarios, y la delimitación de los criterios de graduación de las infracciones administrativas de contrabando, teniendo en cuenta el actual modelo de gestión informático del control aduanero.

Para hacer efectivos los cambios anteriormente descritos, se precisa el establecimiento de una obligación para las compañías de transporte con relación a sus viajeros, y resulta igualmente necesario clarificar las obligaciones de los titulares de las instalaciones en las que se ubican los recintos aduaneros, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines de la Aduana y, en especial, los relacionados con la aplicación de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

Finalmente, debe hacerse mención expresa del hecho de que el Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), pese a hallarse en vigor, no es actualmente aplicable en su totalidad, por lo que las referencias que al mismo se contienen en la presente Ley Orgánica deberán entenderse efectuadas al Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, del Consejo, de 12 de octubre, hasta tanto el Reglamento (CE) n.º 450/2008, sea totalmente aplicable.

II El artículo primero de esta Ley contiene en sus distintos apartados las modificaciones de los preceptos de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, que son objeto de modificación.

En el artículo 1 de la Ley de Represión del Contrabando se modifican o introducen los conceptos necesarios para la delimitación de los ilícitos relacionados con todo tipo de armas y productos que pueden utilizarse para la tortura. Así, se modifica el concepto de “material de defensa” en su número 13, se introducen nuevos conceptos en los números 14 y 16 a 18 y, a estos efectos, se definen “introducción” y “expedición” en los números 7 y 9. En el número 1 del artículo se define el concepto de mercancía, incluyendo los medios de pagos en función de su forma de transporte. Por último, se introduce el concepto de recinto aduanero y de autoridad aduanera a los efectos de aplicación del derecho aduanero en los números 4 y 5, respectivamente.

En el artículo 2 se han reordenado los tipos penales mediante su agrupación en función del bien jurídico protegido y de la gravedad de la conducta en relación con el mismo, introduciendo en su número 5 la imprudencia grave como modo de realización del delito de contrabando y previendo en sus números 6 y 7 la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de las empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, en línea con las últimas modificaciones del Código Penal.

En el número 1 de este artículo se definen las conductas típicas relacionadas con las mercancías de lícito comercio, excluidas las estancadas o prohibidas cuya regulación se realiza en sus números 2 y 3, y se eleva a 150.000 euros el límite cuantitativo mínimo del ilícito penal, con el fin de ajustar su cuanto al perjuicio social ocasionado en consonancia con el fijado para el delito contra la Hacienda Pública.

Para adecuar los cambios normativos al marco de la misión de seguridad y control a cumplir por la Administración aduanera en el comercio exterior, se agrupan en el número 2 del artículo 2 todas las conductas antijurídicas ligadas a tal misión, salvo las que se derivan de la aplicación de la política comercial, y las que afectan al Patrimonio Histórico Español, a la conservación de la flora y la fauna, al material de defensa y otro material, a los productos y tecnologías de doble uso o que puedan ser utilizados para la aplicación de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y a los precursores de drogas. Considerando que sólo deben ser objeto de pena aquellos casos en los que el daño sea relevante en función del bien jurídico protegido, el límite cuantitativo mínimo del ilícito penal se establece en 50.000 euros. En este mismo número se agrupan las acciones con géneros o efectos estancados y prohibidos, salvo que estos últimos estén incluidos en el número 3 del mismo artículo, ya que el fundamento para su regulación con tal naturaleza no puede estar sólo ligado a la protección de la Hacienda Pública.

En el artículo 2.3 de la Ley de Represión del Contrabando se eleva a 30.000 euros el importe del valor de los géneros de tabaco a efecto de la comisión del delito de contrabando.

Los artículos 3 y 5 se adaptan a la terminología y regulación que el Código Penal vigente realiza de la pena y el comiso.

El artículo 4 se reforma y se incorpora un nuevo artículo 4 bis para definir la responsabilidad civil subsidiaria y regular un sistema para la ejecución de la multa y tal responsabilidad semejante a la prevista para el delito contra la Hacienda Pública.

El artículo 10 se reforma con el fin dar un mismo tratamiento a la valoración de las mercancías de lícito comercio, estableciendo un sistema basado en el valor de venta limitado al precio de compra o al coste de elaboración modulado con el índice de precios.

En el artículo 11 se adecua la tipificación de las infracciones administrativas al cuanto delimitador del delito.

En el artículo 12 se actualizan las cuantías mínimas de la sanción.

En el artículo 12 bis se incorpora un nuevo supuesto de medio fraudulento, la incorrecta o falsa declaración de elementos o datos determinantes para la gestión informatizada del control, adaptando la regulación al actual modelo de gestión informatizada de declaración aduanera.

La redacción del artículo 14 pone en concordancia la normativa sobre infracciones de contrabando con la legislación de prevención del blanqueo de capitales.

Se crea un nuevo artículo 14 bis para regular la relación entre delito de contrabando e infracción administrativa, con los mismos criterios aplicados en la relación entre el delito contra la Hacienda Pública y la infracción tributaria.

El artículo 16, sobre competencia en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas, se acomoda al concepto de control aduanero definido en el artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).

Con el fin de hacer efectiva la misión de la Aduana sobre el comercio ilegal y la seguridad y protección, así como la propia aplicación de la presente Ley, se incluye en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando una disposición adicional tercera que regula la obligación de declaración aduanera por parte de los transportistas en relación con los viajeros objeto del transporte.

El artículo segundo de la presente Ley modifica el artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con el fin de asegurar los medios materiales necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, estableciendo las condiciones para la autorización de los recintos aduaneros.

En las disposiciones finales se establece el título competencial con base en el cual se dicta esta Ley, el carácter de Ley orgánica u ordinaria de sus preceptos y su entrada en vigor.

Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 1. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

1. “Mercancía”: todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio.

A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda, y cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago se considerarán como mercancías cuando se oculten bien entre otras mercancías presentadas ante la Aduana o bien en los medios de transporte en los que se encuentren.

2. “Mercancías comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 18 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).

3. “Mercancías no comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 19 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).

4. “Recinto aduanero”: todo lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para:

a) La presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio español.

b) La presentación en aduana de las mercancías comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

c) El sometimiento a vigilancia aduanera de las mercancías comunitarias declaradas para el régimen de exportación, de perfeccionamiento pasivo, de tránsito o de depósito aduanero, desde el momento de la admisión de la correspondiente declaración en aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), o de cualquier otra operación prevista en la normativa aduanera comunitaria.

5. “Autoridad aduanera”: el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y los servicios de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria encargados del control aduanero de conformidad con las normas de organización de la Agencia.

6. “Importación”: la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como la entrada de mercancías, cualquiera que sea su procedencia, en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas.

7. “Introducción”: la entrada en el territorio español de mercancías comunitarias procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea.

8. “Exportación”: la salida de mercancías del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero.

Con respecto a productos y tecnologías de doble uso, el concepto de “exportación” será el definido al efecto en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

9. “Expedición”: la salida de mercancías del territorio español con destino final a otros Estados miembros de la Unión Europea.

10. “Áreas exentas”: las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en los artículos 148 y 153 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), así como, en general, cualquier almacén, zona o ubicación en la que se depositen o almacenen mercancías no comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un régimen aduanero.

11. “Géneros o efectos estancados”: los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.

12. “Géneros prohibidos”: todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale.

13. “Material de defensa”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

14. “Productos y tecnologías de doble uso”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, y en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

15. “Precursores de drogas”: las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio, o en cualesquiera tratados o convenios internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España.

16. “Sustancias químicas tóxicas y sus precursores”:

las sustancias enumeradas en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, definidas al efecto en su artículo II.

17. “Agentes biológicos o toxinas”: los incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972.

18. “Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”: Los incluidos en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1236/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los sucesivos reglamentos que lo actualicen.

19. “Mercancías sujetas a medidas de política comercial”: cualquier mercancía distinta de las mencionadas anteriormente para la que, con ocasión de la importación o exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria, como, por ejemplo, autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de etiquetado o circulación, establecidos por normativa nacional o comunitaria.

20. “Deuda aduanera”: la obligación definida como tal en el apartado 13 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).”

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 2. Tipificación del delito.

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.

c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.

d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.

e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.

f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias o géneros estancados o prohibidos en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.

g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:

- géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.

- especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:

1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el Capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el Anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el Capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin la autorización a la que se refiere la Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), y sus disposiciones de aplicación.

3. Cometen asimismo delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias catalogadas como precursores de drogas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.

b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 30.000 euros.

4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 30.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.

5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.

6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.

7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal.”

Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 3. Penalidad.

1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.

En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:

a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando;

en los supuestos previstos en el articulo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.”

Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 4. Responsabilidad civil.

En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria y aduanera no ingresada, que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción, caducidad o cualquier otra causa legal prevista en la Ley General Tributaria o en la normativa aduanera de la Unión Europea, incluidos sus intereses de demora.”

Cinco. Se introduce un nuevo artículo 4 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 4 bis. Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil.

Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria, que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.”

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 5. Comiso.

1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:

a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.

b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.

c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.

d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.

2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.

3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.

4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.

5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.

6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo”.

Siete. Se modifica el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 10. Valoración de los bienes.

La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:

1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial.

2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.

3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel de ocho dígitos y, en su defecto, a nivel de seis o cuatro dígitos de la nomenclatura prevista el Reglamento (CEE) n.º 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo de operación.

4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción incrementados, en su caso, con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales.

Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta.

5. El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito o, de no conocerse ésta, en relación con la descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior.”

Ocho. Se modifica el artículo 11, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 11. Tipificación de las infracciones.

1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 150.000 ó 50.000 euros, respectivamente, o a 30.000 euros si se trata de labores de tabaco, y no concurran las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 de dicho artículo.

En el supuesto previsto en el artículo 2.1.c) de esta Ley, se presumirá que las mercancías en tránsito se han destinado al consumo cuando no se presenten las mercancías intactas en la oficina de aduanas de destino o no se hayan respetado las medidas de identificación y control tomadas por las autoridades aduaneras, salvo prueba en contrario 2. Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes:

Leves: inferior a 37.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, inferior a 1.000 euros.

Graves: desde 37.500 euros a 112.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, desde 1.000 euros a 12.000 euros.

Muy graves: superior a 112.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, superior a 12.000 euros.”

Nueve. Se modifica el artículo 12, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 12. Sanciones.

1. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando serán sancionados con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2.

Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:

a) Leves: el 100 y el 150 %, ambos incluidos.

b) Graves: el 150 y el 250 %.

c) Muy graves: el 250 y el 350 %, ambos incluidos.

El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 500 euros.

2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:

a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.

Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:

1.º) Leves: el 200 y el 225 %, ambos incluidos.

2.º) Graves: el 225 y el 275 %.

3.º) Muy graves: el 275 y el 350 %, ambos incluidos.

El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 1.000 euros.

b) Con el cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, definitivo.

Para cada clase de infracción el cierre temporal tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente:

1.º) Leves: cuatro días y tres meses.

2.º) Graves: tres meses y un día, y nueve meses.

3.º) Muy graves: nueve meses y un día, y doce meses.”

Diez. Se modifica el artículo 12 bis, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 12 bis. Graduación de las sanciones.

1. Las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los siguientes criterios:

a) La reiteración. Se apreciará reiteración cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por cualquier infracción administrativa de contrabando en resolución administrativa firme o condenado por delito de contrabando por sentencia judicial firme, en ambos casos, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta.

Se considerarán principalmente medios fraudulentos a estos efectos los siguientes:

1.º La existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad.

2.º El empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados.

3.º La utilización de medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando.

4.º La declaración incorrecta de la clasificación arancelaria o, en el caso de operaciones de importación, de cualquier elemento determinante de la deuda aduanera en la declaración en aduanas que eluda el control informático de la misma.

d) La comisión de la infracción por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión de la infracción.

e) La utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera para la simplificación de formalidades y procedimientos de despacho aduanero.

f) La naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando.

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.

El criterio establecido en la letra f) del apartado anterior operará como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción, aplicable cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio y no se trate de géneros prohibidos, material de defensa, otro material o de productos y tecnologías de doble uso a los que se refiere el Capítulo II de la Ley 53/2007;

ni se trate de productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

ni de agentes o toxinas biológicos o de sustancias químicas tóxicas; ni de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español; ni de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento Comunitario correspondiente; ni de labores de tabaco o de mercancías sujetas a medidas de política comercial.

3. Reglamentariamente se determinará la aplicación de cada uno de los criterios de graduación.”

Once. Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 14. Medidas complementarias.

1. Se aplicará a las infracciones administrativas de contrabando lo dispuesto en el artículo 5, artículo 6, números 1 y 2, y en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la presente Ley.

2. Antes de iniciado el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, las autoridades, los funcionarios y las fuerzas que, en el ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir infracción administrativa de contrabando, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con el artículo 5 de esta Ley, puedan resultar decomisados.

3. El control, inspección e intervención de medios de pago portados por personas físicas, o en sus equipajes o medios de transporte, se regirá por la legislación de prevención del blanqueo de capitales.

El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la investigación de los hechos consignados, y a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos.”

Doce. Se introduce un nuevo artículo 14 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 14 bis. Principio de no concurrencia de sanciones.

1. Si los órganos de la administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el curso de una procedimiento administrativo, estimasen que una conducta pudiera ser constitutiva de delito de contrabando, pasarán el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirán el expediente al Ministerio Fiscal, y se abstendrán de seguir el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones, o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

La sentencia condenatoria impedirá la imposición de sanción por infracción administrativa de contrabando.

De no haberse apreciado en la sentencia la existencia de delito, la administración aduanera continuará sus actuaciones sancionadoras de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se suspendió. Las actuaciones administrativas realizadas durante el periodo de suspensión se tendrán por inexistentes.

2. Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones administrativas de contrabando son compatibles con la exigencia de la deuda tributaria y aduanera y del interés de demora.”

Trece. Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 16. Competencias en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas.

1. En el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.

2. Los funcionarios adscritos a la Aduana de la que depende un recinto aduanero, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso libre, directo e inmediato a todas las instalaciones del recinto donde pueda tener lugar la vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso.”

Catorce. Se modifica la Disposición adicional segunda, que queda redactada del siguiente modo:

“Disposición adicional segunda. Presupuestos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá consignar en sus presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales relacionadas con la persecución de los delitos que tenga encomendada.

2. La fiscalización y control de estas partidas se llevará a cabo mediante el procedimiento que establezca la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se regulará en todo caso la confidencialidad antes indicada.

Del resultado de la fiscalización y control referidos se dará traslado al Tribunal de Cuentas.”

Quince. Se introduce una Disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional tercera. Información que deben suministrar las compañías de transporte.

1. Con el fin de combatir el trafico ilegal de mercancías y capitales así como para garantizar la seguridad de la cadena logística, las personas físicas o entidades que realicen operaciones de transporte estarán obligadas, en el momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autoridades aduaneras españolas la información relativa a los pasajeros que vayan a ser embarcados en países o territorios que no formen parte del Territorio Aduanero Comunitario para ser trasladados, sea por vía aérea, marítima o terrestre, al territorio español, con independencia de que el transporte sea en transito o como destino final.

Lo establecido en esta disposición es también de aplicación a los casos en que el transporte aéreo o marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español.

Cuando se trate de embarcaciones de recreo, incluidas las de la Lista 6.ª del Registro de Matrícula previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, la información sobre los pasajeros y todas las personas que se encuentren a bordo de las mismas en el momento de arribar, incluidos los tripulantes, a que se refiere esta disposición deberá ser proporcionada, en todo caso, por los capitanes o comodoros de las citadas embarcaciones.

En caso de incumplimiento de esta obligación y sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que de ello pudiera derivarse, esta información será exigible a los directores o responsables de los puertos, marinas o clubes náuticos a los que dichas embarcaciones arriben.

2. La información será comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, forma de pago, importe del billete, fecha de compra, puntos o escalas intermedias y medio de contratación.

3. La información obtenida deberá ser eliminada de los archivos y registros por las autoridades aduaneras en un plazo no superior a noventa días, salvo que con anterioridad se hubiese iniciado algún procedimiento de investigación judicial o administrativa sobre determinados viajeros.

4. El incumplimiento de esta obligación de suministro de información será sancionado de conformidad con lo previsto en el Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en particular, en su artículo 198.”

Artículo segundo. Modificación de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se modifica el artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 58. Recintos aduaneros fiscales y de inspección y expedición de certificados de comercio exterior en los aeropuertos, puertos, zonas y depósitos francos.

1. Los titulares o concesionarios de los aeropuertos, puertos, estaciones de transporte de mercancías por carretera que cuenten con instalaciones dotadas de medios para recibir, almacenar o expedir las mercancías, estaciones de transporte multimodal, puertos secos, estaciones ferroviarias, zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros públicos facilitarán, a su cargo, locales apropiados y suficientes para prestar en los mismos, en su caso, los servicios aduaneros y fiscales que correspondan, así como los Servicios de Inspección SOIVRE de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio. Igualmente facilitarán a dichos servicios el acceso a los sistemas de vigilancia y control que tengan establecidos.

2. Cuando el recinto aduanero no esté situado dentro del espacio portuario o aeroportuario, los titulares o concesionarios deberán facilitar, además, las instalaciones necesarias para garantizar que el trabajo de control aduanero o fiscal se realiza de manera satisfactoria.

3. Los tributos y demás gastos inherentes a la propiedad de los inmuebles serán por cuenta de las personas y demás entes obligados a facilitar los locales. Los gastos en bienes, servicios y suministros necesarios para la prestación de los servicios habrán de ser atendidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. Las personas y entidades obligadas a facilitar los locales podrán reclamar el importe de los consumos realizados en los referidos recintos en aquellos casos en que no existan equipos que permitan la medición separada de tales consumos, o cuando no permitan el pago directo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por los citados Servicios de Inspección SOIVRE a las compañías suministradoras.”

Disposición transitoria única. Normativa de aplicación.

Las referencias que en esta Ley Orgánica se realizan al Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) se entenderán efectuadas al Reglamento (CEE) n.º 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, hasta tanto el Reglamento (CE) n.º 450/2008 no sea totalmente aplicable.

Disposición final primera. Carácter de la Ley.

1. Los artículos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, modifica- dos por el artículo primero de la presente Ley tienen el carácter de Ley orgánica o Ley ordinaria según lo establecido en la Disposición final segunda de dicha Ley Orgánica.

2. La Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que se añade por el apartado quince del artículo primero de la presente Ley, tiene el carácter de Ley orgánica.

3. El artículo segundo de la presente Ley tiene el carácter de Ley ordinaria.

Disposición final segunda. Título competencial.

La presente Ley Orgánica se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen aduanero y arancelario y de comercio exterior del artículo 149.1.10.ª de la Constitución Española. Se exceptúan de lo anterior la modificación de los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que se ampara en la competencia para dictar la legislación penal atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución;

la modificación del artículo 4, que se ampara en la competencia para dictar la legislación civil atribuida al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución;

y la modificación relativa a los artículos 4 bis y 10, que se ampara en la competencia para dictar la legislación procesal, atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

1. Mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se podrán determinar las rutas o trayectos respecto a los cuales no será necesario remitir a las autoridades aduaneras españolas con la antelación suficiente la información prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, introducida por el apartado quince del artículo primero de la presente Ley.

La mencionada Orden establecerá la forma de presentación, que en todo caso deberá realizarse por vía electrónica, y el momento en que deberá ser suministrada la información.

2. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se determinarán los requisitos que deben reunir los recintos aduaneros para adquirir tal condición y el plazo en el cual los titulares de los recintos aduaneros existentes en la actualidad deben cumplir dichos requisitos.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en el apartado quince del artículo primero y en el artículo segundo, que entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1043777

viernes, 23 de julio de 2010

ADUANA ESPAÑOLA ENTRE LAS MÁS EFECTIVAS.

España se encuentra entre los países de la Unión Europea que detecta más casos de artículos falsificados en las aduanas, junto con Alemania, Italia, Hungría y Bélgica. China sigue siendo el principal país de origen de las falsificaciones, especialmente cigarrillos, productos de belleza, ropa, móviles y CDs y DVDs, según el informe anual de la Comisión Europea publicado hoy, en el que se alerta de que aumenta la compra de productos piratas a través de internet.

En 2009, las aduanas españolas intervinieron en 3.084 casos, un 9,1% menos que el año anterior. El Ejecutivo comunitario atribuye este descenso, el primero en los últimos años que se repitió también en el conjunto de la UE, a la crisis económica.

En estas operaciones se incautaron de 4,3 millones de artículos, frente a 26,5 millones en 2008. La gran diferencia en el número de productos no permite extraer muchas conclusiones, según Bruselas, ya que en una misma operación pueden interceptarse varios contenedores de cigarrillos, que disparan la cifra, o cantidades muy inferiores de otros productos.

En el conjunto de la UE, el año pasado las aduanas intervinieron en 43.500 casos y detuvieron 118 millones de artículos que infringían los derechos de propiedad intelectual, frente a 49.000 casos y 178 millones de artículos en 2008. Seis Estados miembros aparecen entre los 10 primeros de la clasificación tanto en casos como en artículos.

Además de España, se trata de Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Según el informe, si, hasta ahora, las infracciones se centraban primordialmente en los artículos de lujo, actualmente afectan cada vez más a productos de uso corriente de los ciudadanos.

De los principales productos interceptados, los cigarrillos constituyen un 19 %, otras labores del tabaco el 16 %, los productos de marca el 13 % y los medicamentos el 10%. China ha seguido siendo la principal fuente de productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, sumando el 64 % del total. "China representa el principal desafío en todo el mundo para las autoridades que luchan contra las falsificaciones", explicó un alto funcionario del Ejecutivo comunitario.

Bruselas cree que la mejor manera de afrontar este problema es mediante la cooperación, y para ello se firmó en 2009 un plan de acción con las autoridades del gigante asiático.

Otros países se especializan en ciertas categorías de productos falsificados, como los Emiratos Árabes Unidos (medicamentos), Egipto (juguetes) o Turquía (comida y bebidas). Más del 77 % de todos los productos interceptados fueron destruidos o dieron lugar a una acción judicial para determinar la infracción. Entre las nuevas tendencias que detecta el informe destaca el aumento de la compra de productos falsificados, como artículos de maquillaje o zapatillas de marca, a través de Internet.

De ahí que el correo sea el único modo de transporte de artículos pirata que crece pese a la crisis. "Los indicios de que la venta de productos falsificados a través de Internet aumenta plantea serias cuestiones sobre la conciencia de los consumidores sobre este problema", destacó la Comisión. "Los productos falsos pueden conllevar graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y suponen una estafa para las empresas legítimas.

La Comisión y los Estados miembros seguirán colaborando con la industria y los socios comerciales internacionales para velar por que los derechos de propiedad intelectual gocen de la máxima protección en la UE*, aseguró el comisario responsable de Lucha contra el Fraude, Algirdas *emeta.

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53968773485&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9

jueves, 22 de julio de 2010

LA PATRULLERA DE SVA VUELVE A PATRULLAR TODOS LOS DÍAS TRAS VARIOS AÑOS SIN PODER HACERLO.

La embarcación de la base del Servicio de Vigilancia Aduanera en Ribadeo, el Alcaraván II , está al fin operando a pleno rendimiento, algo que no ocurría desde hace varios años -cuatro según algunas fuentes-. Desde principios de mes, el Alcaraván II hace salidas diarias, al incorporarse a la base un tercer piloto. Hasta ahora, la lancha operaba en semanas alternas, para respetar el tiempo de descanso de los patrones. El caso es que ahora hay tres, de modo que una semana la embarcación sale a patrullar con dos, que es lo recomendable por si se produce algún problema, y la siguiente con uno solo. A estas alturas está por cubrir la plaza de un cuarto piloto.

En total, a la base del SVA de Ribadeo están adscritas más de treinta personas, pero sigue habiendo varios puestos por cubrir. Según las fuentes consultadas, dos marineros también han tomado posesión recientemente de sus puestos, pero no se incorporarán al servicio hasta septiembre, por los permisos y vacaciones.

La embarcación Alcaraván II ha estado de actualidad en los últimos meses por las continuas averías sufridas, lo que provocó que en los dos últimos años estuviese más tiempo amarrada al muelle que operativa. También lo estuvo porque por la falta de pilotos solo trabajaba en semanas alternas.

Debido a su antigüedad, más de 25 años, desde varios partidos políticos (Partido Popular y BNG) se presentaron iniciativas en diferentes instancias, tanto en la Xunta como en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno central a sustituirla. Desde el PP también se llegó a denunciar el desmantelamiento de la base del SVA de Ribadeo y la vulnerabilidad de la costa de A Mariña ante las redes de narcotráfico.

En su última avería el Alcaraván II estuvo amarrado al muelle de Mirasol durante siete meses. Se debió a un problema en el motor, que quedó reparado en mayo. Durante ese tiempo, el personal de la base del SVA de Ribadeo se dedicó a patrullar por tierra, en coche hasta la costa coruñesa, y a pie, vigilando las playas. También alguna vez se les vio salir del puerto de Ribadeo en zódiac. Otros fueron enviados en comisión de servicios a completar tripulaciones de otras embarcaciones.
Ahora, al menos de momento, esta situación al fin parece superada.

http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2010/07/22/0003_8624138.htm

miércoles, 21 de julio de 2010

SVA, CNP OPERACIÓN CANDIL.

La Policía Nacional detuvo a 19 personas de un clan familiar asentado en la comarca del Nalón al que se considera responsable de cerca del 90 por ciento del tráfico de heroína y del 70 por ciento del de cocaína en la región. La denominada «operación Candil» concluyó la pasada semana con catorce de los detenidos en prisión, según aseguró ayer el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, que informó de la desarticulación de la banda junto al fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, y el jefe superior de Policía de la región, Baldomero Araujo.

La investigación se inició a principios del pasado año cuando los grupos de investigación de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias detectaron un aumento de la actividad en la distribución de drogas que no se resentía con las detenciones y las incautaciones de estas sustancias. La mayoría de los detenidos, con edades comprendidas entre los 24 y los 56 años, eran familiares y residían en Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Oviedo y Gijón. Algunos de ellos habían estado implicados y condenados a finales de los 90, cuando fueron detenidas más de 30 personas.

Según la Policía Nacional, los arrestados dividían el negocio en dos parcelas: el tráfico de drogas y el blanqueo de las ganancias conseguidas en bienes inmobiliarios, negocios de hostelería y clubes de alterne, actividad en la que controlan buena parte de los asentados en el Principado. Utilizaron testaferros y personas de una absoluta confianza para dirigirlos. Según las mismas fuentes, se desconoce qué cantidad de dinero han podido blanquear aunque se cree que es «muy importante».

El tráfico de drogas estaba dividido en dos campos: la heroína y la cocaína. Tanto en una como en otra, aseguraron las mismas fuentes, se organizaban en tareas separadas de dirección, transporte, almacenaje y distribución, funcionando cada una de ellas como un compartimento estanco, con sus responsables y métodos autónomos, garantizado de esta forma que cualquier intervención policial no pudiese implicar más que a la parte intervenida.

La cocaína que distribuían en Asturias procedía de Colombia, mientras que la heroína la ocultaban en cantidades distintas, enterrados en agujeros en el campo. El sistema de funcionamiento ni siquiera varió cuando la Unidad de Drogas detuvo a 12 personas y se incautó de 263 kilos de cocaína y 700.000 euros en Alovera (Guadalajara). En esa operación se constató que buena parte de la droga, había sido camuflada en tres contenedores que se iban a descargar en la localidad, tenía como destino Asturias.

Trevín resaltó que este clan «estaba muy organizado», se regía por «la ley del silencio» y tenía un código interno propio. Lo más importante, añadió Trevín, es que «esta operación ha ido contra el corazón de la banda, en la que han caído todos».

La Policía Nacional destaca que los detenidos utilizaron una nueva fórmula de tráfico, muy organizada, que incorpora muchas cautelas. En la operación, en la que han intervenido la Fiscalía Especial Antidroga, el Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, fueron detenidos: J. R. G. I., de 35 años, J. A. R. F, de 48 ; H. I. A., de 56; J. N. V, de 42; H. N. J, de 45; A. L. M, de 39; S. R. P, de 34; L. M. M. R, de 55; T. M. R., de 23; L. L. A., de 53; J. M. L, de 24; M. M. R. L, de 42; F. J. L. S. de 35; A. B. G., de 37; J. A. P. Y., de 34; J. R. S, de 34; D. R. B., de 50; C. C. C, de 38; e I. B. R., de 34 años. El jefe superior de Policía aseguró que el clan está siendo investigado por su posible implicación en dos tiroteos acaecidos en el último año en Riaño y Llanera. A los detenidos se les incautaron, entre otros efectos, 2,1 kilogramos de heroína, 400 gramos de cocaína, dos revólveres, tres pistolas, quince proyectiles, cuatro vehículos, cinco balanzas, dos molinillos de marihuana y 33.631 euros en efectivo.

http://www.lne.es/nalon/2010/07/21/detenido-clan-acusado-vender-90-heroina-asturias/945004.html

martes, 20 de julio de 2010

PRISIÓN PARA CINCO DE LOS DIEZ DETENIDOS EN LA OPERACIÓN ANTIDROGA DE GRANADA.

La titular del juzgado de instrucción número dos de Motril ha ordenado el ingreso en prisión de cinco de los diez detenidos en el marco de una operación antidroga efectuada este fin de semana por la Policía Nacional y por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Motril.

Según fuentes judiciales, además a última hora de esta tarde tres de los ocho puestos ha disposición judicial fueron puestos en libertad con cargos y los otros dos al ser detenidos hoy, aún no han sido puestos a disposición judicial, algo que ocurrirá mañana.

La juez ha ordenado el ingreso de los cinco en prisión sin fianza y acusados de un delito contra la salud pública e integrantes de un grupo organizado presuntamente dedicado a la introducción y posterior distribución y venta de sustancias estupefacientes en la costa granadina, según han informado a Efe fuentes policiales.

Este grupo organizado estaba liderado por A.E.C., que adquiría las sustancias en las provincias de Granada y Almería, utilizando para ello a otros jóvenes que transportaban la mercancía hasta Motril, para posteriormente distribuirlas a otros miembros de la organización encargados de manipular las sustancias y repartirlas en esta localidad.

La operación se inició hace varios meses cuando la Policía Nacional y el SVA iniciaron investigaciones para localizar el punto de transformación de cocaína que había en Motril, por lo que comenzaron un seguimiento a varios de los detenidos.

Estas investigaciones determinaron los distintos inmuebles y locales usados por el grupo, así como los principales canales de distribución de la organización, que tenía un punto fijo de venta en un domicilio del centro de Motril, así como en establecimientos de ocio nocturno y clubes de alterne de esta localidad.

De igual forma se localizó en uno de los inmuebles registrados un "laboratorio" donde se manipulaba y preparaba la cocaína para su posterior distribución.

En el transcurso de este dispositivo se ha procedido a la detención de A.E.C. -considerado líder del grupo-, su compañera T.R.B., el padre del líder J.E.F., los hermanos E.D.F. y J.A.D.F., J.B.A., M.V.R., F.J.G.C., F.J.A.C. y una décima persona de la que no se han facilitado datos.

Además se ha intervenido un total de 148,2 gramos de cocaína, 1.844 gramos de marihuana, 81,7 gramos de hachís, tres gramos de éxtasis, 43 pastillas de MDMA, 5,4 gramos de cristal, 2.276 gramos de sustancias de corte para el tratamiento y corte de la cocaína, prensas y moldes para la compactación, balanzas de precisión, y demás útiles relacionados con la actividad ilícita.

La investigación que instruye el juzgado de Instrucción número 2 de Motril continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

http://www.ideal.es/granada/20100719/local/costa/operacion-antidroga-prision-cinco-diez-detenidos-201007192310.html

CHARLIN DECLARA POR BLANQUEO Y PAGA DE INMEDIATO UNA FIANZA DE 30.000 EUROS PARA ELUDIR LA CÁRCEL.

Dos días después de recuperar la libertad tras 20 años en prisión, Manuel Charlín Gama acudió a los juzgados de Vilagarcía para declarar como imputado en la operación Repesca, que investiga un posible delito de blanqueo de dinero por parte del patriarca y su familia. Pero a diferencia de lo que le ocurrió en el año 1997, cuando a los seis días de abandonar la cárcel tuvo que ingresar de nuevo en prisión por orden de Baltasar Garzón, en esta ocasión el narco arousano evitó que su viaje desde el penal de A Lama fuese de ida y vuelta al depositar de inmediato la fianza de 30.000 euros impuesta por la jueza, la misma que a otros miembros de su familia. Cada quince días deberá presentarse en los juzgados.

Manuel Charlín compareció en la mañana de ayer en los juzgados tras ser imputado por la titular del Juzgado número 3 de Vilagarcía en un delito de blanqueo de dinero, el mismo por el que fueron detenidos hace dos semanas cuatro de sus hijos y dos de sus nietas. La jueza Almudena Janeiro le impuso una fianza de 30.000 euros, que Charlín depositó esa misma mañana, evitando así su reingreso en la prisión de A Lama, donde todavía están encarcelados por la misma causa su hijo Melchor Charlín y el abogado Santiago Docampo.

Madre e hija no declararon

La jueza no quiso dilatar más el proceso de declaraciones y, al tiempo que llamó a Manuel Charlín, ordenó también la comparecencia de su esposa, Josefa Pomares, y de su hija mayor, Josefa Charlín Pomares, las tres personas imputadas en la operación Repesca y que aún no habían prestado declaración. La madre del clan, lo mismo que su marido, se acercó a los juzgados desde su casa de Vilanova, pero la hija mayor fue trasladada desde la cárcel de Zaragoza en la que cumple condena por otra causa. Las dos se acogieron a su derecho a no declarar y, a diferencia de lo ocurrido con Charlín, la jueza las dejó en libertad por esta operación, aunque siguen imputadas.

Con las declaraciones de ayer se cierra la ronda de comparecencias en el juzgado por esta nueva investigación judicial sobre el patrimonio de los Charlines y su posible procedencia ilícita. En la operación Repesca, que corrió a cargo de la Udyco, de otros grupos especializados de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera, fueron detenidas trece personas, entre ellas, cuatro hijos y dos nietas del patriarca, que estando aún en prisión, también resultó imputado junto con su mujer y su hija mayor.

El dispositivo policial incluyó el embargo de 58 inmuebles en la provincia de Pontevedra y en otros lugares de España, y el bloqueo de tres millones de euros en varias cuentas en Suiza.

La operación se puso en marcha cuando Teresa Charlín, una de las hijas del patriarca, recuperó parte del patrimonio que se le había embargado al pagar 800.000 euros en una subasta.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/07/20/0003_8620099.htm

lunes, 19 de julio de 2010

SVA Y MOSSOS DESARTICULAN UNA RED QUE HABRÍA INTRODUCIDO 350 KILOS DE COCAÍNA.

Agentes de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cataluña han detenido 18 personas por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. Los agentes las relacionan con la introducción de 350 kilos de cocaína en Cataluña, ocultada en 692 motores eléctricos enviados entre el abril del 2008 y el septiembre del 2009. La mercancía procedía de Panamá y llegaba en Barcelona haciendo escalera en Hamburgo (Alemania).

En el marco de una instrucción tutelada por el juzgado número 27 de Barcelona, efectivos de los Mossos d'Esquadra y del Servicio de Vigilancia Aduanera han resuelto una compleja investigación que se inició el 1 de septiembre del 2009 a partir de una actuación policial, coordinada entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, que se saldó con la interceptación de un camión a Barcelona cargado con 80 kilos de cocaína ocultada en 162 motores eléctricos, y la detención de 3 personas. El vehículo había sido robado minutos antes a punta de pistola en la localidad de Rubí (Vallès Occidental).

Las primeras indagaciones de los agentes permitieron concluir que en estos hechos habrían participado dos grupos delictivos organizados: uno que habría asaltado el camión con los 80 kilos de cocaína y un segundo que habría realizado el envío de los motores con la droga desde Panamá hasta el puerto de Barcelona por trasladarlos al municipio de Rubí. La investigación policial se ha desarrollado en dos fases. La primera culminó el 24 de mayo con la desarticulación del grupo de atracadores, compuesto, presumiblemente, por 8 personas (2 de los presuntos integrantes detenidos el 1 de septiembre, el mismo día de la sustracción y recuperación del camión con 80 kilos de cocaína; 4 arrestados el 24 de mayo después de 5 entradas y cacheos en diversos inmuebles de Sabadell (Vallès Occidental) y 2 que habrían huido el mismo día de la frustración del robo del camión).

La segunda fase de la investigación finalizó el 8 de julio con la entrada y cacheo en 6 viviendas a las localidades de Mataró (Maresme) y el Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat). La Actuación policial se saldó con 9 detenidos, supuestamente integrantes del grupo de narcotraficantes investigado. Ésta organización habría participado en 8 envíos de cocaína ocultada en motores eléctricos. Fruto de estas entradas y registros, se ha desmantelado un laboratorio de cocaína, desde donde se preparaba la sustancia para su venta al por mayor. El total de detenidos en esta investigación es de 18, 7 de los que han ingresado a cárcel provisional.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones una vez se haya analizado el material informático intervenido.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Mossos/desarticulan/red/habria/introducido/350/kilos/cocaina/elpepuesp/20100719elpepunac_4/Tes

LOS GEO ASALTAN UN VELERO CON 1.200 KILOS DE COCAÍNA.

EFE Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO) han asaltado en pleno Atlántico, a la altura de las islas Azores, un velero cargado con 1.200 kilos de cocaína que tenía como destino las costas gallegas, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La operación, desarrollada de forma conjunta por el Grupo Especial de Respuesta al Crimen Organizado (GRECO) de Galicia y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se ha llevado a cabo tras detectarse que uno de los clanes del narcotráfico de la ría de Arousa planeaba introducir un importante alijo de droga en España.

En el curso de la investigación se averiguó la presencia de un velero en las inmediaciones de las islas Azores, encargado de trasladar la cocaína hasta Galicia.

En el asalto al barco de bandera brasileña, los agentes del GEO han detenido a tres ciudadanos británicos que se encontraban a bordo de la embarcación de pequeño tamaño y que eran los encargados de llevar la droga hasta España.

Se sospecha que el alijo había llegado hasta las Azores en otro barco nodriza de mayores dimensiones, y que después se había trasvasado hasta el velero para intentar eludir la fuerte vigilancia en las costas españolas.

La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones entre los grupos de narcotraficantes gallegos que estaban esperando la llegada del alijo de cocaína para su posterior distribución y venta.

El velero asaltado está siendo ahora remolcado hasta un puerto de las islas Canarias adonde llegará a lo largo de la próxima semana.

http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/07/17/asaltan-velero-1200-kilos-cocaina/456826.html

DETENIDAS 14 PERSONAS QUE CAMUFLABAN COCAÍNA EN TABLEROS DE AJEDREZ Y CUENTOS INFANTILES.

Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera han intervenido más de 4 kilos de cocaína camuflados en tableros de ajedrez y cuentos infantiles, y han detenido a 14 personas, integrantes de una banda, acusados de tráfico de drogas, contrabando y asociación ilícita, según han informado fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

De este modo, las investigaciones previas pusieron al descubierto la existencia de una organización criminal que pretendía introducir importantes cantidades de cocaína en España por vía aérea. Para ello, utilizarían como cobertura el envío de mercancías legales entre las que ocultarían la carga ilícita.

Los especialistas de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil detectaron que el grupo había realizado recientemente un primer envío a la localidad de Las Torres de Cotillas. En esta ocasión, el cargamento se encontraba oculto en el interior de tableros de ajedrez se detectado por los agentes.

Sin embargo el operativo conjunto detectó dos nuevas introducciones una con destino la localidad Cartagena y otra en la localidad de Elda (Alicante), directamente relacionadas entre si, que contenía más droga que también ha sido intervenida. Además, los agentes localizaron en los registros domiciliarios realizados más cantidad de sustancias estupefacientes.

Así, una vez que se dispuso de todos los datos operativos, se estableció un dispositivo conjunto que permitió paralizar e intervenir la droga en Murcia y Alicante. Los 4 kilos de cocaína se encontraban ocultos en tableros de ajedrez y cuentos infantiles.

En la fase de explotación se procedió a la detención de seis personas en la localidad de Cartagena y uno en Alguazas, dos en Las Torres de Cotillas y dos en la localidad de Elda, que eran los responsables de controlar el tránsito de la mercancía y la infraestructura en la Región de Murcia.

De forma paralela se procedió al registro de un locutorio en la localidad de Las Torres de Cotillas y de dos domicilios en la localidad de Cartagena, donde los detenidos iban a trasladar los envíos. Allí fueron detenidas tres personas más, pertenecientes a la organización, y otras dos personas relacionadas con los anteriores, que eran receptores de parte de la mercancía en la localidad de Elda (Alicante).

Y es que, según se supo, el origen de la mercancía estaba en Uruguay y Argentina y el destino final de la pasta de cocaína era un laboratorio casero donde seria tratada, mezclada y cortada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo.

Hasta el momento, en la fase de explotación de la operación han sido detenidas 14 personas integrantes de la red delictiva, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, contrabando y asociación ilícita, de ellos dos son españoles, seis colombianos, dos bolivianos, un marroquí, un nigeriano y dos ecuatorianos.

Las personas detenidas y la droga aprehendida han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Cartagena y Juzgado de Instrucción número Dos de Molina de Segura, que han ejercido la dirección judicial. Con esta actuación se ha logrado abortar y neutralizar un nuevo punto de distribución de cocaína en la Región de Murcia y por ello evitar su nocivo consumo entre la población.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/17/valencia/1279382325.html