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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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lunes, 20 de septiembre de 2010

LA VENGANZA DEL FUNCIONARIO.

El Gobierno acude a las sanciones de la Agencia Tributaria a las empresas para compensar las pérdidas de recaudación por la huelga de «bolis caídos» en la Guardia Civil y la Policía

La reducción de los sueldos de los funcionarios en un 5 por ciento y el virtual aparcamiento de las mejoras previstas y hasta comprometidas respecto de algunos cuerpos policiales están causando un auténtico agujero en las arcas del Estado, hasta el punto de que el Gobierno ha tenido que echar mano de la Agencia Tributaria, a través de las sanciones a empresas y trabajadores, para compensar la pérdida de ingresos procedentes de las multas de tráfico o las actas de intervención de drogas y armas.

Se trata de la venganza del funcionario, contra la que el Gobierno poco puede hacer, salvo amenazar, como ya hizo el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a aquellos agentes a quienes se demuestre que no han sido todo lo diligentes a la hora de perseguir las infracciones.

Los números cantan. Según las asociaciones de guardias, a lo largo de este verano, las multas de tráfico han descendido entre un cincuenta (si se hace caso a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC) y un setenta por ciento (porcentaje aportado por la Unión de Guardias Civiles, UGC), y en septiembre, un mes en el que el enfrentamiento sigue vigente y se ha enconado aún más con la manifestación celebrada en Madrid el sábado, la caída de las sanciones está incrementándose. Las cifras que maneja el Gobierno son más modestas, puesto que calcula en un tres por ciento el descenso de ingresos por sanciones de tráfico.

Los guardias civiles no temen represalias por parte del Gobierno por esta huelga de «bolis caídos», como ha sido bautizada, porque las cifras les avalan. «Ha bajado el número de sanciones, pero también el número de fallecidos en las carreteras», indicó el secretario de AUGC en Asturias, Alberto García Llana. Para este agente, «es sangrante que se valore el trabajo de la Guardia Civil en función del monto de las multas, de alguna forma se está minusvalorando su trabajo y reduciéndolo a un instrumento para incrementar la recaudación».

La Guardia Civil se siente absolutamente maltratada por el Gobierno de Zapatero, que ha intentado rebajar la tensión con algunas concesiones en cuanto a jornada laboral y horario, totalmente insuficientes, según las asociaciones profesionales. Y es que los agentes quieren «la equiparación con el Cuerpo Nacional de Policía, que trabaja del orden de 100 horas menos al año que los guardias civiles», indica Ramón Rodríguez, de UGC. Además, las mejoras sólo afectarán a la mitad de la plantilla, puesto que serán imposibles de aplicar en los cuarteles de menos de veinte agentes, que en Asturias son los más numerosos. Esta polémica ha vuelto a traer a primer plano la petición de las asociaciones de reducir el número de cuarteles y concentrar el personal.

Los «bolis caídos» en la Guardia Civil fueron una respuesta directa al plan de ajuste de gastos establecido por la Dirección General, que apretaba las clavijas en aspectos como el gasto en gasolina y teléfono móvil, lo que causó una gran indignación y la advertencia de que estas medidas dejaban a los agentes con las espaldas abiertas a la hora de luchar contra la delincuencia. Las medidas rozaban el ridículo, puesto que se ordenaba a los agentes detener los vehículos cuando se encontrasen apostados en algún punto concreto -con la consiguiente ventaja para los delincuentes a la fuga- o se les advertía de que se les pedirían cuentas en caso de que las cuentas de los móviles subiesen excesivamente.

Pero no son sólo los guardias civiles quienes están causando un roto en las previsiones de ingresos del Gobierno. La Policía, a su modo, también está reduciendo las intervenciones en aspectos como las actas de intervención de drogas y armas, que conllevan multas administrativas, otra de la vías, nada despreciable, de financiación de las arcas del Estado. En Asturias, dependiendo de las comisarías, la caída de estas intervenciones ha alcanzado el 90 por ciento. Como indica Miguel Ángel Campos, secretario de la Confederación Española de Policía (CEP) en Asturias, esto no quiere decir que se haya dejado de lado la persecución del delito. Simplemente, se presta menos atención al trabajo, por así llamarlo, «burocrático».

http://www.lne.es/asturias/2010/09/20/venganza-funcionario/970152.html