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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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jueves, 13 de mayo de 2010

DISEÑO DE UN FRAUDE FISCAL.

El fiscal del 'Caso Hacienda', Emilio Sánchez Ulled, ha calificado el proceso como de "pelotazo financiero" de empresarios del ladrillo que defraudaron en complicidad con "altos cargos administrativos que se venden".

Durante la primera jornada de sus informes finales, Ulled ha destacado que el caso es "una secuencia de diapositivas" y que "jamás" se llegará a ver la película entera, en referencia a que éste no es un caso de fraude fiscal sino que el fraude fiscal vino dado, en muchos casos, porque los empresarios "tenían muchos cadáveres en el armario".

El fiscal explicó que durante el proceso se ha podido ver "una colección de caras de 'yo no fui'" de gente "que ha pervertido las normas de convivencia". "Juzgamos si los ciudadanos pueden confiar en las instituciones. Debemos limpiarlas", apostilló.

"Los que están aquí son partícipes del diseño del fraude fiscal", apuntó Ulled, aunque reconoció que probablemente hayan sido "poco ambiciosos", ya que la Fiscalía pidió desde un principio solo aquello que sabían que podían probar y, por lo tanto, es más que probable que falte gente.

En su intervención, Ulled diferenció entre dos vías de actuación de la trama. Por un lado, los inspectores de Hacienda acusados que, o bien obraban guiados por un cúmulo de intereses -"se necesitaban los unos a los otros para delinquir"- o bien delinquían por su cuenta, aunque había una necesidad de silencio de los demás "para no molestarse".

El ex jefe de Inspección de Hacienda en Catalunya, Josep Maria Huguet, el ex inspector jefe regional, Manuel Abella, su ex adjunto Roger Bergua y el ex inspector Álvaro Pernas, "se vendieron a quienes quisieron comprar y se les compró para aparentar la eficacia de su trabajo, para decir que todo estaba bien y, mediante actas definitivas, evitar que otros funcionarios inspeccionaran en un futuro".

"La cúpula de la inspección pública de Hacienda se puso en el mercado", sentenció el fiscal.

Por otro lado, Ulled distinguió entre las formas de actuar de las empresas imputadas. En primer lugar, el Grupo Torras -dirigido por Javier de la Rosa entre 1986 y 1992, cuyo asesor jurídico era Juan José Folchi, que "mantenía una implicación íntima con los funcionarios"- actuó por miedo a que con motivo de una inspección, se descubrieran "los chanchullos de altos vuelos que tenían por ahí".

En segundo lugar, mencionó que los responsables de Ibusa --cuyo ex presidente y ex candidato de Alianza Popular a la Generalitat, Eduardo Bueno, también se sienta en el banquillo--, estaban interesados en ocultar parte de su actividad económica para "después hacer un lavado de cara de la empresa" que generaba consecuencias tributarias por lo que se vieron "abocados a conjurar esas consecuencias".

Por último, se refirió a la empresa Nuñez i Navarro -del constructor y ex presidente del Barça Josep Lluis Nuñez y su hijo Josep Lluis Nuñez i Navarro, ambos sentados en el banquillo- cuyo proceder "igualmente ilícito" respondía a no querer pagar a Hacienda, por lo que puso en nómina a funcionarios de la Administración que le garantizaban que el impago no se iba a descubrir y que nadie les iba a inspeccionar en un futuro, dice el fiscal.

En este sentido, Ulled se refirió al ex inspector Álvaro Pernas, "un profesional cualificado y eficaz hasta tal punto que descubre sus fraudes fiscales y les pide dinero para no revelarlos".

Ulled explicó que el tribunal se enfrenta a "una realidad económica y financiera encharcada y una institución pública secuestrada por la prepotencia".

La Fiscalía decidió la semana pasada mantener las penas de cárcel -un total de 126 años- que había solicitado para los ex inspectores y empresarios acusados en la supuesta trama de corrupción descubierta a finales de los 90, consistente en sobornos de estos empresarios a ex altos cargos de hacienda por no levantar actas fiscales o archivarlas.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Josep Lluis Nuñez y su hijo y para De la Rosa. Destacan también los 16 años de cárcel solicitados para Huguet y los 12 años para Folchi. La mayor pena de prisión solicitada, de 22 años, es para Pernas, mientras que para Abella pide 19 años.

El juicio, uno de los más largos de la historia de España está llegando a su fin, tras siete meses de sesiones de mañana y tarde. Tras los informes finales del fiscal, que se alargarán cinco días, llegará el turno del abogado del Estado y las defensas. En pocas semanas el caso quedará visto para sentencia.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/12/barcelona/1273666832.html