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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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domingo, 18 de abril de 2010

EL SUPREMO DA UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA EN LA LUCHA CONTRA LA DROGA.

l tribunal revocó la absolución de cuatro acusados de narcotráfico al validar las escuchas que la Audiencia anuló.


Las escuchas telefónicas, y más concretamente su legalidad o ilegalidad, es normalmente la diana sobre la que inicialmente suelen disparar los abogados defensores en la gran mayoría de juicios por tráfico de drogas. Son conscientes de que estos pinchazos son los puntales sobre los que normalmente se levantan las investigaciones policiales y, por lo tanto, en gran medida determinarán la suerte y el futuro que corran sus respectivos clientes.

En las últimas semanas, dos sentencias del Supremo han vuelto a poner sobre el tapete los criterios de interpretación que pueden llevar a los tribunales a considerarlas lícitas o no. A la postre, ambas resoluciones han significado una de cal y otra de arena contra los intereses de la Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra en la lucha contra el narcotráfico.

En mayo del pasado año, la sección cuarta de la Audiencia dirimía judicialmente la operación Tráiler, una investigación desarrollada en el 2002 y que sentó en el banquillo de los acusados a cinco personas en relación con un alijo de media tonelada de cocaína. Solo una fue condenada.

El tribunal pontevedrés entendió que los pinchazos atentaban contra el secreto de las comunicaciones y, por lo tanto, anuló las escuchas. Cual fichas de domino, el resto de pruebas que dependían de estas grabaciones fueron invalidadas.

Tres años de cárcel

Solo Agapito Juez Porras, que conducía el camión interceptado en la A-52 por el Servicio de Vigilancia Aduanera, fue castigado con tres años de cárcel y una multa de cinco millones de euros. Reconoció los hechos, exculpó a su jefe y señaló como responsable último de los quinientos kilos de droga a un narco ya fallecido.

Tanto para este acusado como para los otros cuatro, el ministerio público solicitaba 13 años, mientras que elevaba la sanción económica hasta los 79 millones.

El fiscal antidroga de Pontevedra decidió recurrir la resolución. Y el Supremo le dio la razón al validar las escuchas y, de este modo, ordenar al tribunal provincial a dictar una nueva sentencia en la que se tengan en cuenta estas pruebas y las que se hubieran obtenido a partir de las mismas. Es el caso de una grabación en vídeo que, al parecer, muestra un encuentro mantenido por los encausados y que, en principio, su carga incriminatoria fue descartada al entender que solo pudo ser obtenido como consecuencia del contenido de los pinchazos.

Previsiblemente, en los próximos días, se conocerá si finalmente son condenados o no los dos vascos arrestados en el marco de esta operación -Julián Guerrero Iglesias e Ignacio González Lombardía-, el catalán Óscar Jesús Torres Torres, así como el empresario Antonio García Pérez.

La otra cara de la moneda

Casi coincidiendo en el tiempo, un segundo procedimiento judicial ha sido la cruz de la moneda. En este caso, la Audiencia Provincial, en concreto la sección segunda, había condenado a una decena de años de cárcel a tres acusados por un delito contra la salud pública. Se les relacionaba con una supuesta transacción que se habría desarrollado en el verano del 2005 y que estaría relacionada con aproximadamente diez kilos de cocaína.

El Supremo ha anulado la principal prueba incriminatoria: las escuchas. Este dictamen arrastró a buena parte de las pesquisas que llevó a cabo la policía al considerar que estaban viciadas.

De hecho, todo parece apuntar a que estos pinchazos permitieron a los investigadores realizar las detenciones. Alberto Roscón y Ander Beltrán fueron sorprendidos en la cafetería de la estación de servicio de San Simón, en la AP-9, y en su coche, supuestamente, fueron hallados los paquetes de droga. Por su parte, en el peaje de Vilaboa fue arrestado un tercer vasco, Gabriel Peñafiel, que, si bien en un principio se consideró que iba en un Audi A-4 a modo de lanzadera, posteriormente fue absuelto por la Audiencia.

Interrogantes

En su día, la policía señaló a Víctor Manuel García Paz, un joven de Vilanova, como el presunto vendedor de la droga.

Además de anular las escuchas, el Tribunal Supremo pone entre interrogantes la autoinculpación de los dos vascos, dado que otro podría ser el cantar si esta «se hubiera producido en condiciones de plena y absoluta autonomía de la voluntad, conociendo sus derechos a no declarar»

http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/04/18/0003_8425764.htm